El juez coincide con el fiscal. El auto del titular del Nº 1 de Huércal Overa sostiene que “existen motivos suficientes” para juzgar al letrado veratense. Segura y la SAT Climasol que preside están acusados de extraer masivamente agua de un pozo “sin título de aprovechamiento” perforado en terreno público
ALMERÍA HOY / 13·03·2022
El titular del juzgado número 1 de Huércal Overa también ha visto “indicios bastantes de delito” en la extracción masiva y venta de agua del pozo de la Terrera por parte de Antonio Segura y su socio, el empresario arboleano Francisco Montoya, acusados, junto a otros, de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, penado con entre dos y cinco años de cárcel.
Tras examinar la documentación aportada por el Ministerio Público, así como “informes ulteriores”, el juez entiende que “existen motivos suficientes” para pasar del periodo de instrucción y diligencias previas a la “incoación de procedimiento abreviado”. Es decir, que el conocido abogado veratense se acerca –parece que de forma imparable- al banquillo de los acusados.
De esa manera, el fiscal de Medio Ambiente y los denunciantes Rafael Salinas y AMAyT, han dejado de ser los únicos en albergar sospechas sobre la conducta del presidente de la SAT Climasol, Antonio Segura, en relación con la explotación del citado pozo. Las informaciones que desde dos años viene publicando ALMERÍA HOY, nos han reportado amenazas por parte de Segura. Grabadas están.
EL AUTO
El auto firmado el pasado 10 de enero es demoledor para los intereses del abogado veratense. El juez se sustenta en la documentación aportada por el fiscal. Explica que esos informes recogen que el pozo de la Terrera, situado en Overa, “no dispone de título de aprovechamiento de aguas”, y que el volumen extraído durante el periodo investigado –entre el 30 de noviembre de 2017 y el 2 de mayo de 2019- “habría sido de 1.761.037 m3”. El dato ha sido obtenido a partir del consumo eléctrico del pozo. El togado señala además que, según la Fiscalía, esa extracción significa “entre el 20% y el 27%” de la masa total del acuífero, “lo que supone la existencia de suficientes indicios” de haber causado un importante “daño al medio ambiente”.
Recuerda el auto que, en su declaración en la fase de diligencias previas, el investigado Segura se “escudó” en la imposibilidad de calcular la cantidad de agua extraída a partir de la potencia eléctrica consumida. Por otra parte, Antonio Segura alegó en su defensa contar con la inscripción del pozo de la Terrera en el Catálogo de aguas privadas, es decir, que el aforo era legal. Sin embargo, el juez opone en su escrito que la Junta “manifiesta lo contrario”, ya que en los registros de Medio Ambiente no hay autorizada ninguna explotación en ese lugar.
De todo ello, el titular del número 1 de Huércal Overa constata la existencia de “indicios bastantes de la comisión del delito” señalado en la querella, es decir, el tipificado en el código penal contra los recursos naturales y el medio ambiente, disponiendo que “continúe” la diligencia por el trámite de “procedimiento abreviado” contra Antonio Segura Asensio, su socio Francisco Montoya Martínez, UEPA SAT, empresa de este último, y la SAT Climasol, presidida por el propio Segura.
LOS HECHOS
Todo empezó con la denuncia de otro letrado, Rafael Salinas, tal vez algo exagerada, pero la Policía Judicial primero, y la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía provincial, después, apuntaron en la misma dirección.
Salinas puso en conocimiento del Ministerio Público que Antonio Segura y Francisco Montoya, su socio en la mercantil Chumbos del Almanzora AIE, extraían 285 l/sg, o lo que es lo mismo, 8.988.000 m3 de agua al año (casi 9 Hm3) del pozo de la Terrera, en la pedanía de Overa, cuando un antiguo permiso permitía aforar la muy inferior cantidad de 4 l/sg. La desproporcionada explotación habría proporcionado a los socios en Chumbos del Almanzora unos ingresos anuales de 5.393.000 euros.
Las diligencias emprendidas por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha, a instancias de la Fiscalía, rebajaron los cálculos del denunciante a 1.761.037 m3, una cantidad ciertamente inferior, pero en cualquier caso exorbitante. Los agentes concluyeron que el sondeo carece de permisos, pues la autorización referida por Salinas para el pozo de la Terrera corresponde a una noria cercana, actualmente en desuso. De ello se desprende que Chumbos del Almanzora perforó en un lugar distinto no autorizado.
Además de estas presuntas irregularidades, la Policía Judicial añadía el testimonio de la Consejería de Agricultura, que aportaba como prueba un certificado de la Dirección General del Catastro demostrando que la finca en que se ubica el pozo explotado por Segura y su socio es propiedad de la Junta de Andalucía. En otras palabras, la extracción se habría estado realizando en terreno público y sacando agua de todos los andaluces.
Por si lo contado hasta ahora no fuera suficientemente esclarecedor, los agentes recogen el testimonio de varios testigos, los cuales coinciden en señalar a un trabajador de la SAT Climasol –cuyo presidente, recordamos, es Antonio Segura-, como la persona que custodiaba el agua del ilegal pozo de la Terrera. Ese encargado –“un tal Alfonso”- lo admitió, y dijo hacerlo “siguiendo las instrucciones de los directivos” de la SAT.
Las pesquisas revelaron un nuevo hallazgo no menos sorprendente: Las facturas de electricidad del susodicho pozo se emitieron a nombre de la SAT Climasol, a pesar de que quien luego se beneficiaba vendiendo el agua era UEPA SAT, una compañía de Francisco Montoya, el socio del abogado Segura en Chumbos del Almanzora.
Fue el examen de toda esta información, lo que llevó a la Fiscalía a concluir la existencia de indicios de delito, interponiendo seguidamente una querella contra los actuales acusados.
SEGURA ANTE LA JUEZ
Por todo lo expuesto, Segura compareció ante el juez en calidad de acusado el pasado 16 de noviembre para ser interrogado.
El investigado inició su relato utilizando a un difunto para exculparse. Lo hizo hasta en cuatro ocasiones. “Soy presidente de Climasol desde el 10 de mayo de 2018. Anteriormente lo era don Antonio Alonso Cervantes” dijo para, acto seguido, señalar a su antecesor como el responsable de un convenio cuyo fin era la explotación del pozo de la Terrera. De esta manera, el abogado veratense se remontaba al año 2012, momento en que él era el número 2 de la SAT Climasol, olvidando que el periodo que estaba siendo analizado por la Justicia es el comprendido entre el 30 de noviembre de 2017 y el 2 de mayo de 2019, fechas en las que Antonio Alonso ya había sido sustituido en la presidencia por Antonio Segura Asensio.
Quizás en un intento desesperado por hilvanar un relato consecuente, Antonio Segura desveló que en 1995 la SAT Climasol solicitó autorización para extraer agua en la Terrera, reconociendo que tal petición nunca fue contestada: “No se autorizó, pero tampoco se notificó que no se autorizara”, admitiendo de esta manera ante el juez que Chumbos del Almanzora carecía de licencia y quedando en entredicho la legalidad de todos los caudales extraídos del acuífero.
La investigación ha sacado a la luz un detalle cuanto menos insólito. Climasol pagaba la energía para extraer el agua, pero era Francisco Montoya el que la vendía y obtenía los beneficios. “La SAT aprovechaba los sobrantes”, explicó Segura sin aclarar en ningún momento en qué consistían esos “sobrantes”, a pesar de ser repreguntado por el juez.
El pastel no quedó sin guinda. El abogado afirmó que, de acuerdo con su socio Montoya, decidieron por iniciativa propia cerrar el pozo, cuando la realidad es que lo hicieron tras conocer que el SEPRONA lo estaba investigando.
Para conocer el grado de implicación de Segura en los hechos investigados, el juez formuló una pregunta sencilla: “¿Quién daba las órdenes de cuánta agua se debía extraer?”. Segura respondió con una evasiva: “En función de las necesidades”.
No satisfecho con lo escuchado, el titular del número 1 insistió en su interpelación: “Pero, ¿quién daba la orden?”. Y el presidente de Climasol se enrocó en su anterior contestación. “En función de la demanda”, dijo sin revelar el nombre que le pedía el juez, actitud que aumenta las sospechas sobre la posibilidad de que las indicaciones partieran del propio Antonio Segura.
ADVERTENCIA
Antonio Segura ya intentó intimidar a esta casa anunciando que trataría de influir en los clientes de ACTUALIDAD ALMANZORA para que dejaran de anunciarse. Era, a su entender, el castigo justo por haber publicado la denuncia que puso Rafael Salinas contra él, por la que ahora está siendo investigado.
En el pasado ya transitó caminos parecidos con otro medio de comunicación. Envió un burofax al director de noticiasdealmería.com, Rafael Martos, que Martos interpretó como un intento de amedrentarle. Por otro lado, Manuel Muñoz, el portavoz de la familia Salinas, ha presentado una querella por amenazas de muerte que dice haber recibido del abogado veratense.
Pero lo insólito es que esta manera de ‘advertir’ la usara en sede judicial y contra un grupo de agentes de la Guardia Civil de Garrucha, concretamente los del SEPRONA, a los que recriminó por no hacer bien su trabajo.
Fueron las palabras finales de su declaración, tras negarse a responder al letrado de la acusación particular: “Haremos saber a instancias superiores que, si el SEPRONA hubiera investigado con todas las partes, quizás hubiéramos evitado esta historia, que no tiene sentido común. (…) Si el SEPRONA hubiera hecho un mínimo de investigación, seguramente no estaríamos aquí. Lo haré saber a instancias superiores”.
¿Amenazará también al juez que, como Rafael Salinas y el fiscal de Medio Ambiente, ha observado “indicios bastantes de delito” en su actuación?
Tras examinar la documentación aportada por el Ministerio Público, así como “informes ulteriores”, el juez entiende que “existen motivos suficientes” para pasar del periodo de instrucción y diligencias previas a la “incoación de procedimiento abreviado”. Es decir, que el conocido abogado veratense se acerca –parece que de forma imparable- al banquillo de los acusados.
De esa manera, el fiscal de Medio Ambiente y los denunciantes Rafael Salinas y AMAyT, han dejado de ser los únicos en albergar sospechas sobre la conducta del presidente de la SAT Climasol, Antonio Segura, en relación con la explotación del citado pozo. Las informaciones que desde dos años viene publicando ALMERÍA HOY, nos han reportado amenazas por parte de Segura. Grabadas están.
EL AUTO
El auto firmado el pasado 10 de enero es demoledor para los intereses del abogado veratense. El juez se sustenta en la documentación aportada por el fiscal. Explica que esos informes recogen que el pozo de la Terrera, situado en Overa, “no dispone de título de aprovechamiento de aguas”, y que el volumen extraído durante el periodo investigado –entre el 30 de noviembre de 2017 y el 2 de mayo de 2019- “habría sido de 1.761.037 m3”. El dato ha sido obtenido a partir del consumo eléctrico del pozo. El togado señala además que, según la Fiscalía, esa extracción significa “entre el 20% y el 27%” de la masa total del acuífero, “lo que supone la existencia de suficientes indicios” de haber causado un importante “daño al medio ambiente”.
Recuerda el auto que, en su declaración en la fase de diligencias previas, el investigado Segura se “escudó” en la imposibilidad de calcular la cantidad de agua extraída a partir de la potencia eléctrica consumida. Por otra parte, Antonio Segura alegó en su defensa contar con la inscripción del pozo de la Terrera en el Catálogo de aguas privadas, es decir, que el aforo era legal. Sin embargo, el juez opone en su escrito que la Junta “manifiesta lo contrario”, ya que en los registros de Medio Ambiente no hay autorizada ninguna explotación en ese lugar.
De todo ello, el titular del número 1 de Huércal Overa constata la existencia de “indicios bastantes de la comisión del delito” señalado en la querella, es decir, el tipificado en el código penal contra los recursos naturales y el medio ambiente, disponiendo que “continúe” la diligencia por el trámite de “procedimiento abreviado” contra Antonio Segura Asensio, su socio Francisco Montoya Martínez, UEPA SAT, empresa de este último, y la SAT Climasol, presidida por el propio Segura.
LOS HECHOS
Todo empezó con la denuncia de otro letrado, Rafael Salinas, tal vez algo exagerada, pero la Policía Judicial primero, y la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía provincial, después, apuntaron en la misma dirección.
Salinas puso en conocimiento del Ministerio Público que Antonio Segura y Francisco Montoya, su socio en la mercantil Chumbos del Almanzora AIE, extraían 285 l/sg, o lo que es lo mismo, 8.988.000 m3 de agua al año (casi 9 Hm3) del pozo de la Terrera, en la pedanía de Overa, cuando un antiguo permiso permitía aforar la muy inferior cantidad de 4 l/sg. La desproporcionada explotación habría proporcionado a los socios en Chumbos del Almanzora unos ingresos anuales de 5.393.000 euros.
Las diligencias emprendidas por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha, a instancias de la Fiscalía, rebajaron los cálculos del denunciante a 1.761.037 m3, una cantidad ciertamente inferior, pero en cualquier caso exorbitante. Los agentes concluyeron que el sondeo carece de permisos, pues la autorización referida por Salinas para el pozo de la Terrera corresponde a una noria cercana, actualmente en desuso. De ello se desprende que Chumbos del Almanzora perforó en un lugar distinto no autorizado.
Además de estas presuntas irregularidades, la Policía Judicial añadía el testimonio de la Consejería de Agricultura, que aportaba como prueba un certificado de la Dirección General del Catastro demostrando que la finca en que se ubica el pozo explotado por Segura y su socio es propiedad de la Junta de Andalucía. En otras palabras, la extracción se habría estado realizando en terreno público y sacando agua de todos los andaluces.
Por si lo contado hasta ahora no fuera suficientemente esclarecedor, los agentes recogen el testimonio de varios testigos, los cuales coinciden en señalar a un trabajador de la SAT Climasol –cuyo presidente, recordamos, es Antonio Segura-, como la persona que custodiaba el agua del ilegal pozo de la Terrera. Ese encargado –“un tal Alfonso”- lo admitió, y dijo hacerlo “siguiendo las instrucciones de los directivos” de la SAT.
Las pesquisas revelaron un nuevo hallazgo no menos sorprendente: Las facturas de electricidad del susodicho pozo se emitieron a nombre de la SAT Climasol, a pesar de que quien luego se beneficiaba vendiendo el agua era UEPA SAT, una compañía de Francisco Montoya, el socio del abogado Segura en Chumbos del Almanzora.
Fue el examen de toda esta información, lo que llevó a la Fiscalía a concluir la existencia de indicios de delito, interponiendo seguidamente una querella contra los actuales acusados.
SEGURA ANTE LA JUEZ
Por todo lo expuesto, Segura compareció ante el juez en calidad de acusado el pasado 16 de noviembre para ser interrogado.
El investigado inició su relato utilizando a un difunto para exculparse. Lo hizo hasta en cuatro ocasiones. “Soy presidente de Climasol desde el 10 de mayo de 2018. Anteriormente lo era don Antonio Alonso Cervantes” dijo para, acto seguido, señalar a su antecesor como el responsable de un convenio cuyo fin era la explotación del pozo de la Terrera. De esta manera, el abogado veratense se remontaba al año 2012, momento en que él era el número 2 de la SAT Climasol, olvidando que el periodo que estaba siendo analizado por la Justicia es el comprendido entre el 30 de noviembre de 2017 y el 2 de mayo de 2019, fechas en las que Antonio Alonso ya había sido sustituido en la presidencia por Antonio Segura Asensio.
Quizás en un intento desesperado por hilvanar un relato consecuente, Antonio Segura desveló que en 1995 la SAT Climasol solicitó autorización para extraer agua en la Terrera, reconociendo que tal petición nunca fue contestada: “No se autorizó, pero tampoco se notificó que no se autorizara”, admitiendo de esta manera ante el juez que Chumbos del Almanzora carecía de licencia y quedando en entredicho la legalidad de todos los caudales extraídos del acuífero.
La investigación ha sacado a la luz un detalle cuanto menos insólito. Climasol pagaba la energía para extraer el agua, pero era Francisco Montoya el que la vendía y obtenía los beneficios. “La SAT aprovechaba los sobrantes”, explicó Segura sin aclarar en ningún momento en qué consistían esos “sobrantes”, a pesar de ser repreguntado por el juez.
El pastel no quedó sin guinda. El abogado afirmó que, de acuerdo con su socio Montoya, decidieron por iniciativa propia cerrar el pozo, cuando la realidad es que lo hicieron tras conocer que el SEPRONA lo estaba investigando.
Para conocer el grado de implicación de Segura en los hechos investigados, el juez formuló una pregunta sencilla: “¿Quién daba las órdenes de cuánta agua se debía extraer?”. Segura respondió con una evasiva: “En función de las necesidades”.
No satisfecho con lo escuchado, el titular del número 1 insistió en su interpelación: “Pero, ¿quién daba la orden?”. Y el presidente de Climasol se enrocó en su anterior contestación. “En función de la demanda”, dijo sin revelar el nombre que le pedía el juez, actitud que aumenta las sospechas sobre la posibilidad de que las indicaciones partieran del propio Antonio Segura.
ADVERTENCIA
Antonio Segura ya intentó intimidar a esta casa anunciando que trataría de influir en los clientes de ACTUALIDAD ALMANZORA para que dejaran de anunciarse. Era, a su entender, el castigo justo por haber publicado la denuncia que puso Rafael Salinas contra él, por la que ahora está siendo investigado.
En el pasado ya transitó caminos parecidos con otro medio de comunicación. Envió un burofax al director de noticiasdealmería.com, Rafael Martos, que Martos interpretó como un intento de amedrentarle. Por otro lado, Manuel Muñoz, el portavoz de la familia Salinas, ha presentado una querella por amenazas de muerte que dice haber recibido del abogado veratense.
Pero lo insólito es que esta manera de ‘advertir’ la usara en sede judicial y contra un grupo de agentes de la Guardia Civil de Garrucha, concretamente los del SEPRONA, a los que recriminó por no hacer bien su trabajo.
Fueron las palabras finales de su declaración, tras negarse a responder al letrado de la acusación particular: “Haremos saber a instancias superiores que, si el SEPRONA hubiera investigado con todas las partes, quizás hubiéramos evitado esta historia, que no tiene sentido común. (…) Si el SEPRONA hubiera hecho un mínimo de investigación, seguramente no estaríamos aquí. Lo haré saber a instancias superiores”.
¿Amenazará también al juez que, como Rafael Salinas y el fiscal de Medio Ambiente, ha observado “indicios bastantes de delito” en su actuación?
