Ha resuelto que se está construyendo al amparo de una autorización ambiental caducada hace tres años. La plataforma Di No a las Torres pide la inmediata paralización de las obras
ALMERÍA HOY / 08·02·2022
La Plataforma 'Di No a las Torres' ha pedido al Gobierno que paralice la línea eléctrica de alta tensión Caparacena-Baza, actualmente en construcción y primera parte de la que continuará hasta las inmediaciones del Cabezo María, en Antas, después de que el Defensor del Pueblo Andaluz haya dictado una resolución en la que solicita que se revise la autorización ambiental unificada (AAU) otorgada por la Junta al proyecto.
"Solicitamos la revisión de oficio de la Resolución por la que se otorgó la autorización ambiental unificada al proyecto de la línea de alta tensión Baza-Caparacena por estimar que ha perdido vigencia la declaración de impacto ambiental del mismo", dice el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en una resolución publicada el pasado 28 de enero.
De esta forma, el Defensor da la razón a la Plataforma, que ya había advertido de la "ilegalidad" de las obras, que se iniciaron sin que su declaración de impacto ambiental, otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente en 2011, estuviera vigente. La Ley de Evaluación Ambiental, que entró en vigor el 12 de diciembre de 2013, daba seis años de plazo para que un proyecto anterior, "una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles", iniciara las obras antes de que caducara su declaración de impacto ambiental. Es decir, las obras de la línea Caparacena-Baza debían haber comenzado antes de diciembre de 2019.
Pero, tal y como explica el Defensor del Pueblo Andaluz, "resultaba materialmente imposible haber iniciado las obras o el montaje de las instalaciones antes del 12 de diciembre de 2019, precisamente porque no se habían obtenido «todas las autorizaciones que sean exigibles», puesto que la Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Granada, por la que se otorgó a Red Eléctrica Española la AAU (Autorización Ambiental Integrada) para el proyecto Baza-Caparacena, es de fecha 10 de septiembre de 2020, y se publicó en el BOJA núm. 198, de 13 de octubre de 2020. Es decir, la Resolución de AAU se dicta diez meses después de la fecha límite para que las obras se hubieran podido iniciar siempre que hubiera tenido todas las autorizaciones posibles".
"Nulidad" del proyecto
Por tanto, estima el Defensor, la declaración de impacto ambiental del eje Caparacena-Baza "ha perdido su vigencia y ha cesado en la producción de los efectos que le son propios, debiendo el promotor (Red Eléctrica Española) iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto conforme a lo establecido en la Ley 21/2013".
Y, de esta forma, "habiendo perdido su vigencia la DIA (declaración de impacto ambiental) y cesado en sus efectos, se produce la omisión de un trámite esencial dentro del procedimiento, lo que lleva a la nulidad del mismo".
La Plataforma 'Di No a las Torres' afirma que "el Defensor de Pueblo Andaluz se atreve a decir algo que ninguna autoridad había dicho hasta ahora, ni había tenido el valor de decirlo: la línea 400 Baza-Caparacena es total y completamente ilegal. Nulidad plena".
El colectivo estima, además que "todos los proyectos que necesitan esta línea para evacuar electricidad son nulos mientras la línea principal, la línea 400, no tenga aprobada y en vigor, declaración de impacto ambiental. O dicho de otro modo, ni la línea 400 ni los megaproyectos de energías renovables cuentan con razones para declararlos de utilidad pública", dice la Plataforma.
"Y por tanto, cuanto más tiempo tarde Pedro Fernández (delegado del Gobierno en Andalucía) en detener las obras ilegales y reiniciar todo, mucho más complicado tendrá aprobar megaproyectos", añade el colectivo 'Di No a las Torres'.
"Solicitamos la revisión de oficio de la Resolución por la que se otorgó la autorización ambiental unificada al proyecto de la línea de alta tensión Baza-Caparacena por estimar que ha perdido vigencia la declaración de impacto ambiental del mismo", dice el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en una resolución publicada el pasado 28 de enero.
De esta forma, el Defensor da la razón a la Plataforma, que ya había advertido de la "ilegalidad" de las obras, que se iniciaron sin que su declaración de impacto ambiental, otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente en 2011, estuviera vigente. La Ley de Evaluación Ambiental, que entró en vigor el 12 de diciembre de 2013, daba seis años de plazo para que un proyecto anterior, "una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles", iniciara las obras antes de que caducara su declaración de impacto ambiental. Es decir, las obras de la línea Caparacena-Baza debían haber comenzado antes de diciembre de 2019.
Pero, tal y como explica el Defensor del Pueblo Andaluz, "resultaba materialmente imposible haber iniciado las obras o el montaje de las instalaciones antes del 12 de diciembre de 2019, precisamente porque no se habían obtenido «todas las autorizaciones que sean exigibles», puesto que la Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Granada, por la que se otorgó a Red Eléctrica Española la AAU (Autorización Ambiental Integrada) para el proyecto Baza-Caparacena, es de fecha 10 de septiembre de 2020, y se publicó en el BOJA núm. 198, de 13 de octubre de 2020. Es decir, la Resolución de AAU se dicta diez meses después de la fecha límite para que las obras se hubieran podido iniciar siempre que hubiera tenido todas las autorizaciones posibles".
"Nulidad" del proyecto
Por tanto, estima el Defensor, la declaración de impacto ambiental del eje Caparacena-Baza "ha perdido su vigencia y ha cesado en la producción de los efectos que le son propios, debiendo el promotor (Red Eléctrica Española) iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto conforme a lo establecido en la Ley 21/2013".
Y, de esta forma, "habiendo perdido su vigencia la DIA (declaración de impacto ambiental) y cesado en sus efectos, se produce la omisión de un trámite esencial dentro del procedimiento, lo que lleva a la nulidad del mismo".
La Plataforma 'Di No a las Torres' afirma que "el Defensor de Pueblo Andaluz se atreve a decir algo que ninguna autoridad había dicho hasta ahora, ni había tenido el valor de decirlo: la línea 400 Baza-Caparacena es total y completamente ilegal. Nulidad plena".
El colectivo estima, además que "todos los proyectos que necesitan esta línea para evacuar electricidad son nulos mientras la línea principal, la línea 400, no tenga aprobada y en vigor, declaración de impacto ambiental. O dicho de otro modo, ni la línea 400 ni los megaproyectos de energías renovables cuentan con razones para declararlos de utilidad pública", dice la Plataforma.
"Y por tanto, cuanto más tiempo tarde Pedro Fernández (delegado del Gobierno en Andalucía) en detener las obras ilegales y reiniciar todo, mucho más complicado tendrá aprobar megaproyectos", añade el colectivo 'Di No a las Torres'.
