Les exigía dinero a cuenta del alquiler de viviendas que nunca les facilitaba
ALMERÍA HOY / 13·02·2022
La Guardia Civil ha detenido en Garrucha a un presunto estafador, varón de
28 años, acusado de ofrecer falsos contratos de trabajo a inmigrantes, con
posibilidad de acceso a una vivienda y que nunca llegaban a materializarse a
pesar de recibir dinero de las víctimas.
Según ha informado la Benemérita en un comunicado, al detenido se le imputa un delito por estafa, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular, una operación que se enmarca en la denominada 'Peniko II'.
La investigación comienza cuando los agentes de la Guardia Civil detectan que una persona está ofreciendo contratos de trabajo a inmigrantes, aparentemente de forma altruista, prometiéndoles el acceso al alquiler de una vivienda para posteriormente solicitarles cantidades de dinero entre 300 y 3.000 euros para materializar los contratos.
Durante el desarrollo de la investigación, se determina que el autor ofrecía contratos de trabajo en empresas dadas de baja en el sector de la hostelería o que directamente no existían, aparentando una solvencia y poder adquisitivo que en realidad no tenía.
De igual forma, les ofrecía el acceso a viviendas de alquiler y la gestión del correspondiente empadronamiento, viviendas que nunca llegaban a ocupar.
Una vez conseguía recibir dinero de las víctimas, se distanciaba ofreciendo excusas sin llegar a materializar lo ofertado, con lo que los damnificados nunca trabajaron o vivieron en los lugares que les prometían.
Según ha informado la Benemérita en un comunicado, al detenido se le imputa un delito por estafa, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular, una operación que se enmarca en la denominada 'Peniko II'.
La investigación comienza cuando los agentes de la Guardia Civil detectan que una persona está ofreciendo contratos de trabajo a inmigrantes, aparentemente de forma altruista, prometiéndoles el acceso al alquiler de una vivienda para posteriormente solicitarles cantidades de dinero entre 300 y 3.000 euros para materializar los contratos.
Durante el desarrollo de la investigación, se determina que el autor ofrecía contratos de trabajo en empresas dadas de baja en el sector de la hostelería o que directamente no existían, aparentando una solvencia y poder adquisitivo que en realidad no tenía.
De igual forma, les ofrecía el acceso a viviendas de alquiler y la gestión del correspondiente empadronamiento, viviendas que nunca llegaban a ocupar.
Una vez conseguía recibir dinero de las víctimas, se distanciaba ofreciendo excusas sin llegar a materializar lo ofertado, con lo que los damnificados nunca trabajaron o vivieron en los lugares que les prometían.
