Denunciantes de corrupción alertan del peligro que supone dejarla en manos de políticos exclusivamente
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| Jaime González, portavoz de Alianza contra la Corrupción. |
ALMERÍA HOY / 26·10·2021
El anuncio de la próxima puesta en marcha de una oficina contra el fraude en Andalucía ha sido acogido con cierto recelo por parte de personas represaliadas precisamente por denunciar casos de corrupción en la Administración andaluza.
En ese sentido, Jaime González, uno de los portavoces de Alianza contra la Corrupción, calificaba la noticia en RADIO ACTUALIDAD como “mediobuena”, porque, si bien establece una “mayoría amplia” para elegir a su director, “evitando”, de esa manera, que se convierta en el “instrumento de un partido” al requerir un consenso, “prescindir de la sociedad civil desvirtúa su naturaleza al dejarla únicamente en manos de los políticos que, junto a los funcionarios, constituirán el objeto del control de la nueva entidad”.
González sugiere la necesidad de establecer algún mecanismo que permita la participación de la sociedad civil en un organismo “esencial” para “fiscalizar” posibles actos fraudulentos por parte de políticos y funcionarios, “dos estamentos supercorporativos”.
Dicha participación podría ejercerse por medio de "expertos independientes" nombrados por las asociaciones anticorrupción, o a través de una bolsa en que los ciudadanos se inscriban voluntariamente para elegir por sorteo algunos miembros de la oficina contra el fraude, porque “evitar la participación de la sociedad civil supondrá un grave de riesgo de que acabe convertida en un chiringuito que maquillará el problema sin resolverlo”.
El portavoz de Alianza contra la Corrupción no se muestra optimista con el desenlace. “El vicepresidente Juan Marín ya adelantó que no tiene por qué contar con los denunciantes, y tiene razón. No está obligado si su intención es que todo continúe igual que hasta ahora, y que el ente que está creando acabe persiguiendo a quienes revelan casos de fraude, del mismo modo que lo están haciendo oficinas como la catalana”.
En ese sentido, Jaime González, uno de los portavoces de Alianza contra la Corrupción, calificaba la noticia en RADIO ACTUALIDAD como “mediobuena”, porque, si bien establece una “mayoría amplia” para elegir a su director, “evitando”, de esa manera, que se convierta en el “instrumento de un partido” al requerir un consenso, “prescindir de la sociedad civil desvirtúa su naturaleza al dejarla únicamente en manos de los políticos que, junto a los funcionarios, constituirán el objeto del control de la nueva entidad”.
González sugiere la necesidad de establecer algún mecanismo que permita la participación de la sociedad civil en un organismo “esencial” para “fiscalizar” posibles actos fraudulentos por parte de políticos y funcionarios, “dos estamentos supercorporativos”.
Dicha participación podría ejercerse por medio de "expertos independientes" nombrados por las asociaciones anticorrupción, o a través de una bolsa en que los ciudadanos se inscriban voluntariamente para elegir por sorteo algunos miembros de la oficina contra el fraude, porque “evitar la participación de la sociedad civil supondrá un grave de riesgo de que acabe convertida en un chiringuito que maquillará el problema sin resolverlo”.
El portavoz de Alianza contra la Corrupción no se muestra optimista con el desenlace. “El vicepresidente Juan Marín ya adelantó que no tiene por qué contar con los denunciantes, y tiene razón. No está obligado si su intención es que todo continúe igual que hasta ahora, y que el ente que está creando acabe persiguiendo a quienes revelan casos de fraude, del mismo modo que lo están haciendo oficinas como la catalana”.
