La situación “no es mala, sino muy mala”

La deuda del Ayuntamiento de Garrucha a sus proveedores se ha descontrolado. Según los datos enviados por el Consistorio a Hacienda la cifra es de 5,2 millones, pero el PP añade 1,5 en facturas no reconocidas


La alcaldesa siempre ha reconocido que Garrucha no genera suficientes ingresos para cubrir los gastos presupuestados.

ALMERÍA HOY / 26·09·2021

El último estado de cuentas que María Antonia López (PSOE), alcaldesa de Garrucha, presentó al resto de concejales de la Corporación se remonta al cierre de 2020. Después, nada. La oposición coincide en asegurar que lo hizo “obligada” por el Ministerio de Hacienda para poder optar a la refinanciación de la deuda viva –la contraída con bancos-, porque uno de los requisitos consistía en tener aprobados los números del ejercicio anterior.

A partir de ahí, silencio absoluto. Igual que antes. Según el Partido Popular, para “tapar las vergüenzas” de una situación económica que, como la propia regidora admitió en el último Pleno, celebrado en la noche del 16 de septiembre, “no es mala, sino muy mala”.

El diagnóstico es posible gracias a que, pese al largo silencio del Gobierno municipal, la información de las cuentas de Garrucha es accesible para todos los ciudadanos del universo. Semejante ejercicio de transparencia no es de agradecer al Ejecutivo local, sino al Ministerio de Hacienda, que actualiza los datos de las entidades públicas en su ventana a internet cada tres meses.

Por eso sabemos que, al cierre del segundo trimestre del presente ejercicio -el 30 de junio-, el Ayuntamiento de Garrucha reconocía obligaciones de pago pendientes con sus proveedores por 5.218.728,15 euros, es decir, casi 200.000 más que el 31 de marzo.

Para hacernos una idea de la magnitud de la cifra, recordaremos que, ese mismo día, la capital de la provincia –más de veinte veces mayor en número de habitantes- adeudaba una cuarta parte -1,3 millones- a las empresas y autónomos que le suministran bienes o servicios.

Tampoco tiene nada que ver el estado de las cuentas del resto de la comarca con las garrucheras. Así, el Consistorio que sigue a Garrucha en la clasificación de acreedores es Cuevas del Almanzora, que con un presupuesto que casi dobla al de Garrucha, debía a sus proveedores al cierre del segundo trimestre la cuarta parte, 1,6 millones, mientras que el tercero, Pulpí, apenas 249.900. En el otro extremo, Bédar, Los Gallardos y Turre mantenían a cero el saldo con sus suministradores, y Antas adeudaba tan solo 110 euros.

Y si el tumor de la deuda garruchera crece a ritmo constante, lo mismo ocurre con el tiempo que tarda en liquidar las facturas que le llegan. En ello emplea 559,51 días de media, casi un mes más que al cierre del primer trimestre del año, cuando tardaba 531,89. Como datos de referencia, el segundo ayuntamiento del Levante almeriense que más tarda en pagar, Lubrín, necesita 98,62 días, mientras que el tercero, Cuevas del Almanzora, 69,92. Los más diligentes son Bédar, cuyo periodo medio de pago a proveedores (PMP) es de cero días; Pulpí, con 3,52 días; Antas, 4,82; y Turre, 5,37.

TRES AÑOS SIN PRESUPUESTO

Pero si la situación es calificada por la alcaldesa de “muy mala”, la oposición la evalúa “aún peor”, hasta el punto de que el portavoz del Partido Popular, y exalcalde, Juan Francisco Fernández, exigió en el Pleno del 16 de septiembre la “dimisión” del Gobierno municipal y la presencia del interventor en próximas sesiones para que exponga un diagnóstico técnico del estado de las cuentas y el futuro del Consistorio.

El edil popular recordó que él abandonó la alcaldía dejando un PMP de “105 días”, que el equipo de María Antonia López ha multiplicado por cinco “hasta demorar el pago cerca de dos años, algo insostenible para cualquier autónomo o pequeña empresa de Garrucha”.

Sin embargo, para los populares, lo peor de todo es la “incapacidad” del Gobierno para afrontar la realidad. Fernández reprochó a la alcaldesa que, a pesar de contar con “siete concejales del PSOE cobrando de la teta municipal”, no haya elaborado ningún presupuesto desde 2018, que continúa prorrogado.

El portavoz del PP reveló el “verdadero” motivo del equipo socialista para no aprobar nuevos presupuestos: “Supondría el colapso del Ayuntamiento, porque no podría ni pagar los gastos generales ni las nóminas”.

El exregidor explicó que Garrucha cerró 2020 con un remanente negativo de 2,8 millones. Esa cantidad sería el punto de partida de una previsión de cuentas. Las todavía vigentes, pronosticaban en el capítulo de ingresos una recaudación de 7.668.080 euros y unos gastos de 6.871.506,99. Las cifras presumían un superávit de 800.000 euros que, a la postre, se convirtieron en un déficit de la misma cantidad. Eso significa, según Fernández, que los presupuestos estaban “inflados en 1,6 millones”. A partir de ahí, Fernández deduce que “los ingresos reales son 6 millones”. Una vez restado el remanente de 2,8 –“al que habría que añadir el generado en 2021”-, la disponibilidad quedaría, como mucho, en 3,2, una cifra muy inferior a los 5,3 que suponen los gastos generales”.

La consecuencia para el líder de la oposición es que “resultaría inviable el día a día del Ayuntamiento. La alcaldesa tendría que renunciar a seguir haciendo clientelismo contratando gente a través de la bolsa de empleo y elegir entre dejar de pagar a trabajadores municipales o a los concejales que han llevado a Garrucha hasta este estado de ruina, empezando por ella misma”.

“ONCE MILLONES DE DEUDA”

El PP ve el panorama peor aún. Estima la deuda “real” del Ayuntamiento entorno a los 11 millones de euros.

El edil popular Cristóbal Valera explica que, a los 5.218.728,15 euros que oficialmente se adeudan a proveedores y a los 3,9 millones de deuda viva con los bancos, es preciso añadir “al menos otros 1,5 millones de facturas en el cajón, lo que eleva la cantidad a cerca de 11 millones, inasumible para un pueblo que recauda poco más de la mitad”.

Al igual que su compañero Fernández, Valera reprocha que la alcaldesa continúe “impávida como una estatua mientras el Ayuntamiento se desmorona, y lo fíe todo a la privatización de la gestión del agua, que es incapaz de consumar, y a malbaratar el patrimonio municipal”.