Amérigo y Soto ante el juez por pagar hasta 2.381 euros extras al mes a ciertos funcionarios

Carboneras Avanza informa que el Juzgado de Vera “ha admitido a trámite” la denuncia que les acusa de pagar complementos extraordinarios a trabajadores municipales “de manera irregular”. Figuran como supuestos beneficiados “los tres habilitados nacionales y empleados vinculados al PSOE”


El titular del Juzgado número 1 de Vera ha visto “indicios suficientes” como para investigar la actuación del alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo (dcha), y su concejal de Hacienda, Ramón Soto (izda), ambos del PSOE

ALMERÍA HOY / 30·09·2021

El titular del Juzgado número 1 de Vera ha visto “indicios suficientes” como para investigar la actuación del alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo, y su concejal de Hacienda, Ramón Soto, ambos del PSOE, en el pago de supuestas “gratificaciones” bajo el concepto de complementos de productividad a determinados trabajadores municipales, así como un “número ingente de horas extraordinarias” en el caso de otros.

La querella fue presentada en el Juzgado por Felipe Cayuela, portavoz de Carboneras Avanza (CA), y “admitida a trámite el pasado 1 de septiembre”. Los hechos que sustancian la denuncia consisten en “el pago mensual de un complemento de productividad de 2.381 euros” a cada uno de los tres funcionarios con habilitación nacional, es decir, interventor, secretaria y tesorera.

También señala Cayuela como beneficiarios de sobresueldos a otros empleados cuya característica común es la de ser “afines” al Partido Socialista, como “Juana Caparrós Lozano, exconcejal que sustituyó a Rosario Fernández -madre del actual regidor- cuando fue inhabilitada por la comisión de un delito electoral, gratificada con 1.200 euros al mes; Salvador Hernández Lozano, que fuera secretario general de los socialistas carboneros, Diego Hernández Belmonte y Encarna Márquez, beneficiados mensualmente con 600 euros cada uno”.

Además, Cayuela desvela en su denuncia que otros trabajadores y empleados municipales recibían el importe de un número ingente de horas extraordinarias, “hay varios casos que superan las 1.000 horas en un solo año, cuando la ley impide que se empleen y paguen más de 80 en el caso del personal laboral y niega que los funcionarios las cobren, debiendo limitarse, en este caso, a cambiarlas por jornadas de descanso”.

El juez ya ha comenzado a citar a declarar en diligencias previas a los distintos actores del proceso. El demandante tendrá que hacerlo el 14 de diciembre y los trabajadores del Ayuntamiento han sido citados el 16 del mismo mes, aunque no ha trascendido aún cuándo deberán acudir, “en calidad de investigados”, tanto el alcalde José Luis Amérigo como el edil de Hacienda, Ramón Soto.

PRODUCTIVIDAD SIN OBJETIVOS

Las retribuciones denunciadas se añaden en todos los casos al complemento que, con carácter general, fue aprobado por el Pleno de la Corporación el 24 de septiembre de 2019. Se trataba del Reglamento de Productividad del Personal Funcionario y Laboral que establecía “cuatro pagas de 750 euros brutos”, 3.000 en total, a devengar junto con las nóminas de marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Motivo de la gratificación? “Incentivar el cumplimiento de la jornada laboral de los empleados del Ayuntamiento”.

Es decir, en lugar de castigar el incumplimiento del horario de trabajo, como ocurre en el mundo ‘real’, la ‘empresa’, en este caso el Ayuntamiento de Carboneras, decidió premiar con dinero público a los empleados por acudir cada día a su puesto y cumplir con sus tareas. Así de simple, así de inaudito.

“SUPERESCANDALOSO”

A Felipe Cayuela le resultan “superescandalosos” los hechos que sustancian su denuncia, así como lo sucedido en el Pleno que aprobó el Reglamento de Productividad.

“José Luis Amérigo no me ha dejado otra opción que acudir a la Justicia para poder cumplir mis funciones como concejal en la oposición”, explica el líder de Carboneras Avanza.

“En el Pleno del 24 de septiembre de 2019 pregunté dos veces al alcalde si se estaban pagando otros complementos extraordinarios a trabajadores municipales, porque nos había llegado esa información por parte de algunos empleados, y quería confirmarla. No sólo no me respondió, sino que impidió a la secretaria que lo hiciera retirándole la palabra cuando se dispuso a hacerlo ella. Ahora tendrá que contestar al juez, y cumpliré mi obligación de fiscalizar al Ejecutivo local en el juzgado, ya que se me negó la posibilidad de hacerlo en el Ayuntamiento”, concluye el edil.