La empresa tenía un expediente de "suspensión de actividad" pero se benefició de "contratos menores" del Ayuntamiento por "20.326 euros"
ALMERÍA HOY / 05·07·2021
Ciudadanos (Cs) El Ejido pide explicaciones al alcalde por la compra de mascarillas a una empresa cuyo administrador único tiene vínculos familiares directos con el equipo de Gobierno. Así lo ha manifestado el portavoz de la formación liberal en el Ayuntamiento de El Ejido, Cecilio Vargas, quien ha detallado el escrito que ya han presentado en las dependencias municipales. “Nos consta que se llevó a cabo esta compra de mascarillas con una empresa que en el momento de la contratación tenía un expediente de suspensión de la actividad en nuestro municipio, y a la que todos los pedidos han sido mediante contratos menores”. En este sentido Vargas ha especificado que los pedidos han sido de compra de mascarillas, y que de las consultas realizadas la mercantil no tenía esa actividad entre sus fines. “Hemos pedido que nos aclaren este dato, y también que nos informen si se tenía conocimiento del grado de parentesco entre el administrador de la mercantil y un miembro del equipo de Gobierno que lidera el señor Góngora”, ha subrayado Vargas, quien ha aclarado que los contratos ascienden a 20.326 euros, sin IVA.
“Éste es un punto importante sobre el que queremos máxima transparencia, pero hay otros detalles que no han pasado inadvertidos para este grupo y que consideramos realmente graves”. El edil naranja ha descrito que esta mercantil contratada contaba en el momento justo en el que se cierran estos acuerdos contractuales para comprar mascarillas, de 19 de marzo de 2020 al 19 de mayo de ese mismo año, con un expediente disciplinario por ejercer su actividad empresarial en nuestro municipio sin su pertinente autorización ni calificación correspondiente dentro de la normativa. “Fue el concejal delegado de Urbanismo quien en octubre de 2019 decretó la suspensión inmediata de la actividad de la empresa en el municipio”.
Una situación que ambas partes intentaron encauzar, así esta suspensión de la actividad trajo consigo un procedimiento disciplinario con sanción incluida de 6.001 euros. Éste se produjo el 11 de marzo de 2020. “No obstante, fue el 26 de octubre de 2020 cuando se ocasionó la resolución final, imponiéndose una sanción de 3.596 euros. Es decir, hablamos de una horquilla de fechas, desde que se abre el ese procedimiento disciplinario hasta que resuelve, en la que el Ayuntamiento siguió cerrando contratos”, ha aclarado Vargas, recalcando que “este expediente sancionador fue impuesto por la propia administración pública y conllevaba que la actividad estuviese paralizada, no entendemos que para vender mascarillas no tuviesen inconvenientes. No pueden basar esta mala praxis, que no tiene nada de causal, en la urgencia que existía en ese momento para adquirir este material higiénico sanitario”. De acuerdo con el portavoz de Cs en el Consistorio murgitano, “la ley es clara”, - Ley 9/2017, Ley de Contratos del Sector Público-, ya que recoge la prohibición de contratar con el Sector Público aquellas personas físicas o jurídicas que no se hallen al corriente de las obligaciones con las administraciones públicas, “y. al parecer, aquí se olvidaron del expediente sancionador con el que contaba esta entidad”.
La situación se “complica aún más”, según el edil liberal, cuando en la documentación que posee este grupo municipal no aparecen otros presupuestos sobre el pedido que solicitaron. “Recordamos que la normativa exige la aportación de un mínimo de 3 presupuestos para sustanciar el expediente del contrato menor”. Más datos que han aportado. Esta empresa obtuvo la autorización de la actividad para prestar servicios el 18 de junio de 2020, que fue cuando recibió la calificación ambiental favorable por acuerdo de la Junta de Gobierno Local. “¿Por qué si hasta esa fecha no ‘recuperó’ su actividad, el Ayuntamiento cerró contratos para comprar mascarillas previo a esa fecha?”, ha cuestionado el concejal de Cs, insistiendo en la necesidad de una “explicación clara y coherente por parte del alcalde”. “Queremos saber cómo se informó favorablemente de que no se superaba el límite legal del importe del contrato menor, que está fijado en 15.000 euros, cuando al finalizar los primeros 3 contratos se superó esa cifra”. “Creemos, además, que no se puede pervertir el uso de los contratos menores”, ha aseverado. Vargas ha querido hacer hincapié en el procedimiento de los hechos. “No cuestionamos la compra de mascarillas y menos en el momento en el que se produjo esa adquisición, preguntamos sobre el proceso de dudosa imparcialidad".
“Éste es un punto importante sobre el que queremos máxima transparencia, pero hay otros detalles que no han pasado inadvertidos para este grupo y que consideramos realmente graves”. El edil naranja ha descrito que esta mercantil contratada contaba en el momento justo en el que se cierran estos acuerdos contractuales para comprar mascarillas, de 19 de marzo de 2020 al 19 de mayo de ese mismo año, con un expediente disciplinario por ejercer su actividad empresarial en nuestro municipio sin su pertinente autorización ni calificación correspondiente dentro de la normativa. “Fue el concejal delegado de Urbanismo quien en octubre de 2019 decretó la suspensión inmediata de la actividad de la empresa en el municipio”.
Una situación que ambas partes intentaron encauzar, así esta suspensión de la actividad trajo consigo un procedimiento disciplinario con sanción incluida de 6.001 euros. Éste se produjo el 11 de marzo de 2020. “No obstante, fue el 26 de octubre de 2020 cuando se ocasionó la resolución final, imponiéndose una sanción de 3.596 euros. Es decir, hablamos de una horquilla de fechas, desde que se abre el ese procedimiento disciplinario hasta que resuelve, en la que el Ayuntamiento siguió cerrando contratos”, ha aclarado Vargas, recalcando que “este expediente sancionador fue impuesto por la propia administración pública y conllevaba que la actividad estuviese paralizada, no entendemos que para vender mascarillas no tuviesen inconvenientes. No pueden basar esta mala praxis, que no tiene nada de causal, en la urgencia que existía en ese momento para adquirir este material higiénico sanitario”. De acuerdo con el portavoz de Cs en el Consistorio murgitano, “la ley es clara”, - Ley 9/2017, Ley de Contratos del Sector Público-, ya que recoge la prohibición de contratar con el Sector Público aquellas personas físicas o jurídicas que no se hallen al corriente de las obligaciones con las administraciones públicas, “y. al parecer, aquí se olvidaron del expediente sancionador con el que contaba esta entidad”.
La situación se “complica aún más”, según el edil liberal, cuando en la documentación que posee este grupo municipal no aparecen otros presupuestos sobre el pedido que solicitaron. “Recordamos que la normativa exige la aportación de un mínimo de 3 presupuestos para sustanciar el expediente del contrato menor”. Más datos que han aportado. Esta empresa obtuvo la autorización de la actividad para prestar servicios el 18 de junio de 2020, que fue cuando recibió la calificación ambiental favorable por acuerdo de la Junta de Gobierno Local. “¿Por qué si hasta esa fecha no ‘recuperó’ su actividad, el Ayuntamiento cerró contratos para comprar mascarillas previo a esa fecha?”, ha cuestionado el concejal de Cs, insistiendo en la necesidad de una “explicación clara y coherente por parte del alcalde”. “Queremos saber cómo se informó favorablemente de que no se superaba el límite legal del importe del contrato menor, que está fijado en 15.000 euros, cuando al finalizar los primeros 3 contratos se superó esa cifra”. “Creemos, además, que no se puede pervertir el uso de los contratos menores”, ha aseverado. Vargas ha querido hacer hincapié en el procedimiento de los hechos. “No cuestionamos la compra de mascarillas y menos en el momento en el que se produjo esa adquisición, preguntamos sobre el proceso de dudosa imparcialidad".
