Los informes reunidos por el Seprona, los certificados de Medio Ambiente y el Catastro, y las acusaciones del fiscal y privadas señalan al abogado como presunto autor de un delito de tráfico ilegal de agua
ALMERÍA HOY / 29·06·2021
El pasado 31 de mayo tuvo la oportunidad de aclarar en el juzgado lo que califica de “falsedades”, sin embargo no compareció. La actitud del abogado veratense y presidente de la SAT Climasol Antonio Segura ha dado un giro de 180º desde que, en febrero de 2020, ACTUALIDAD ALMANZORA informara que Rafael Salinas le había denunciado por tráfico ilegal de agua. En aquella ocasión habló y no dudó, en unas declaraciones vertidas en Levante Tv, en amenazar al medio con hacer lo posible para cortar su financiación.
En cambio, las noticias que han ido sucediéndose sobre las distintas pruebas practicadas por el SEPRONA (Servicio para la Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Garrucha, así como distintos informes y certificados emitidos por Medio Ambiente o la Dirección General del catastro parecen haber enmudecido al letrado, quien ha extendido el imperio de su silencio hasta el mismísimo Juzgado número 1 de Huércal Overa. De hecho, no compareció, por motivos que aún no han trascendido, a la citación fijada a las 11:30 del pasado 31 de mayo en el marco de la fase de instrucción del caso. Además, ha solicitado que se excluya del procedimiento a las dos acusaciones particulares: el denunciante Rafael Salinas y la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), extremos sobre los que al cierre de esta edición aún no se ha pronunciado la juez.
AMENAZAS
Cabe recordar que, tras la ya citada primera publicación acerca de los hechos que sustentan la querella del fiscal –la presunta explotación masiva de un acuífero mediante un pozo ilegal perforado en terrenos de la Junta de Andalucía supuestamente por Antonio Segura y su socio Francisco Montoya-, el abogado veratense dijo en Levante Tv: “A mí lo que sí me preocupa es que haya un medio de comunicación de esta comarca que sin contrastar una noticia tan grave como ésta, que ni siquiera se vaya a contrastar esa noticia. Eso sí es preocupante, que haya un señor en esta comarca –refiriéndose al director de ‘ACTUALIDAD’ Miguel Ángel Sánchez- que haga el daño de esta forma, máxime cuando resulta que ese medio, por lo que yo veo en su periódico y demás, la mayoría de los que financian su medio son comunidades de regantes. Yo, evidentemente, a mis compañeros de comunidades de regantes les voy a transmitir si a este señor se le puede seguir financiando cuando sin contrastar una noticia hace lo que está haciendo. Porque vivimos en Almería y Almería es una provincia con muchas limitaciones en agua, y si damos pábulo a denuncias falsas como ésta, pues arreglados estamos en Almería”.
En sus declaraciones, Segura ignoraba conscientemente que por las mismas vías de las que él se sirvió para intentar conseguir una entrevista concertada, se le respondió que los canales de difusión de este grupo de comunicación estaban abiertos a recoger su opinión. Más aún. A través de RADIO ACTUALIDAD, al señor Segura se le había invitado de forma pública e insistente a que diera su punto de vista. Sin embargo, prefirió no hacerlo. Quedaba, por tanto, invalidado su argumento de que este medio no contrasta la información.
En cualquier caso, ACTUALIDAD ALMANZORA se había limitado escrupulosamente a informar sobre la existencia y contenido de una denuncia de Rafael Salinas.
SUCESIÓN DE HECHOS
Salinas denunció el 11 de febrero de 2020 a la Fiscalía de Almería que Segura y su socio Francisco Montoya habrían extraído 285 l/seg de un pozo con autorización para aforar 4 l/seg. Es decir, 8.988.000 m3 de agua al año –casi 9 Hm3, una cantidad próxima al caudal que llega anualmente a todo el Levante almeriense desde el trasvase Tajo-Segura-, lo que significaría, al precio de 0.60 euros/m3, un volumen de negocio de 5.393.000 euros.
El Ministerio Público encomendó la investigación del asunto al SEPRONA, y la guarnición de Garrucha se encargó de las pesquisas. A partir de las diligencias practicadas, los agentes señalaron que el pozo utilizado presuntamente por Segura y Montoya no es el de la Terrera, sino otro, cuya profundidad era de 154 m y no de 24, aunque perforado en sus proximidades, en terrenos públicos de la Junta de Andalucía, que no cuenta con ninguna autorización. Los testimonios recabados revelan la existencia de un acuerdo entre Montoya y la dirección de la SAT Climasol –recordemos que Antonio Segura es su presidente- sobre la gestión del pozo. De hecho, un empleado de la SAT se encargaba de ello –el propio trabajador, jubilado tras 34 años de servicio, lo admitió a la Guardia Civil- y las facturas de electricidad que alimentaban el sondeo se giraban a nombre de la comunidad de regantes de Vera.
Con esta abundante información en su poder, el fiscal presentó una querella ante el juez decano de Huércal Overa, que encargó la instrucción al número 1. La juez titular citó a declarar el pasado 31 de mayo, a las 11:30, a Antonio Segura y Francisco Montoya. El abogado veratense no se presentó y, minutos antes de la hora fijada, un funcionario del juzgado anunció a los comparecientes que la toma de declaraciones había sido suspendida. Sin más explicaciones por el momento.
El silencio de Segura ante tal avalancha de datos contrasta con la vehemencia que usó en el principio de esta historia. Su aquilatada experiencia como abogado suscita una pregunta que brota tras conocer su última actuación: ¿Para qué quiere o necesita ganar tiempo el investigado Antonio Segura?
En cambio, las noticias que han ido sucediéndose sobre las distintas pruebas practicadas por el SEPRONA (Servicio para la Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Garrucha, así como distintos informes y certificados emitidos por Medio Ambiente o la Dirección General del catastro parecen haber enmudecido al letrado, quien ha extendido el imperio de su silencio hasta el mismísimo Juzgado número 1 de Huércal Overa. De hecho, no compareció, por motivos que aún no han trascendido, a la citación fijada a las 11:30 del pasado 31 de mayo en el marco de la fase de instrucción del caso. Además, ha solicitado que se excluya del procedimiento a las dos acusaciones particulares: el denunciante Rafael Salinas y la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), extremos sobre los que al cierre de esta edición aún no se ha pronunciado la juez.
AMENAZAS
Cabe recordar que, tras la ya citada primera publicación acerca de los hechos que sustentan la querella del fiscal –la presunta explotación masiva de un acuífero mediante un pozo ilegal perforado en terrenos de la Junta de Andalucía supuestamente por Antonio Segura y su socio Francisco Montoya-, el abogado veratense dijo en Levante Tv: “A mí lo que sí me preocupa es que haya un medio de comunicación de esta comarca que sin contrastar una noticia tan grave como ésta, que ni siquiera se vaya a contrastar esa noticia. Eso sí es preocupante, que haya un señor en esta comarca –refiriéndose al director de ‘ACTUALIDAD’ Miguel Ángel Sánchez- que haga el daño de esta forma, máxime cuando resulta que ese medio, por lo que yo veo en su periódico y demás, la mayoría de los que financian su medio son comunidades de regantes. Yo, evidentemente, a mis compañeros de comunidades de regantes les voy a transmitir si a este señor se le puede seguir financiando cuando sin contrastar una noticia hace lo que está haciendo. Porque vivimos en Almería y Almería es una provincia con muchas limitaciones en agua, y si damos pábulo a denuncias falsas como ésta, pues arreglados estamos en Almería”.
En sus declaraciones, Segura ignoraba conscientemente que por las mismas vías de las que él se sirvió para intentar conseguir una entrevista concertada, se le respondió que los canales de difusión de este grupo de comunicación estaban abiertos a recoger su opinión. Más aún. A través de RADIO ACTUALIDAD, al señor Segura se le había invitado de forma pública e insistente a que diera su punto de vista. Sin embargo, prefirió no hacerlo. Quedaba, por tanto, invalidado su argumento de que este medio no contrasta la información.
En cualquier caso, ACTUALIDAD ALMANZORA se había limitado escrupulosamente a informar sobre la existencia y contenido de una denuncia de Rafael Salinas.
SUCESIÓN DE HECHOS
Salinas denunció el 11 de febrero de 2020 a la Fiscalía de Almería que Segura y su socio Francisco Montoya habrían extraído 285 l/seg de un pozo con autorización para aforar 4 l/seg. Es decir, 8.988.000 m3 de agua al año –casi 9 Hm3, una cantidad próxima al caudal que llega anualmente a todo el Levante almeriense desde el trasvase Tajo-Segura-, lo que significaría, al precio de 0.60 euros/m3, un volumen de negocio de 5.393.000 euros.
El Ministerio Público encomendó la investigación del asunto al SEPRONA, y la guarnición de Garrucha se encargó de las pesquisas. A partir de las diligencias practicadas, los agentes señalaron que el pozo utilizado presuntamente por Segura y Montoya no es el de la Terrera, sino otro, cuya profundidad era de 154 m y no de 24, aunque perforado en sus proximidades, en terrenos públicos de la Junta de Andalucía, que no cuenta con ninguna autorización. Los testimonios recabados revelan la existencia de un acuerdo entre Montoya y la dirección de la SAT Climasol –recordemos que Antonio Segura es su presidente- sobre la gestión del pozo. De hecho, un empleado de la SAT se encargaba de ello –el propio trabajador, jubilado tras 34 años de servicio, lo admitió a la Guardia Civil- y las facturas de electricidad que alimentaban el sondeo se giraban a nombre de la comunidad de regantes de Vera.
Con esta abundante información en su poder, el fiscal presentó una querella ante el juez decano de Huércal Overa, que encargó la instrucción al número 1. La juez titular citó a declarar el pasado 31 de mayo, a las 11:30, a Antonio Segura y Francisco Montoya. El abogado veratense no se presentó y, minutos antes de la hora fijada, un funcionario del juzgado anunció a los comparecientes que la toma de declaraciones había sido suspendida. Sin más explicaciones por el momento.
El silencio de Segura ante tal avalancha de datos contrasta con la vehemencia que usó en el principio de esta historia. Su aquilatada experiencia como abogado suscita una pregunta que brota tras conocer su última actuación: ¿Para qué quiere o necesita ganar tiempo el investigado Antonio Segura?
