La muerte del trasvase (6)


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CLEMENTE FLORES

NINGÚN ESPAÑOL PUEDE esgrimir racionalmente derechos especiales sobre el agua. Todos los derechos argumentales sobre propiedades y/o derechos sobre el agua son invenciones interesadas. El Estado es de acuerdo con la Ley el administrador del agua.

Las expectativas generadas por el trasvase Tajo Segura fueron tales que, en palabras de los técnicos y de las autoridades hidráulicas, esta obra triplicaría la zona regable del sudeste, resolvería definitivamente el problema del abastecimiento e impulsaría el desarrollo industrial y turístico de las zonas receptoras.

Con estas expectativas se redactó la Ley 52/80 reguladora del Régimen de Explotación que cifraba las transferencias trasvasables en 400 hm3 anuales para riegos y 110 hm3 anuales para abastecimientos. Desde el primer momento surgieron los desacuerdos sobre las cantidades a trasvasar y sobre los excedentes reales de la cuenca del Tajo.

Durante cuarenta años no se ha logrado un consenso y se ha pretendido cerrar acuerdos precisos a través de numerosas leyes o decretos que se han ido promulgando con rango de ley. Lejos de lograrlo, conforme ha ido pasando el tiempo los desacuerdos han sido mayores y cada cual intenta justificarse de forma distinta.

Las causas de los desacuerdos, que han sido muchos y prolongados, tienen diversos orígenes y lo largo de los años, además, han ido variando de intensidad y magnitud bien por evolución de las ideas en que se sustentan, o bien por la aparición de nuevas necesidades y nuevos enfoques sobre el uso del agua que sólo pueden asimilarse culturalmente con el paso del tiempo. Detrás de todos ellos siempre parece que se mantiene, como fuego constante y latente, aunque no manifiesta ni reconocida, la insolidaridad, nacida probablemente del sentimiento de que el otro te priva de algo que es “tuyo” y de que además obtiene un provecho que tú eres incapaz de conseguir. Los problemas de este tipo es muy difícil resolverlos con leyes porque las leyes pretenden ser dogmáticas, concluyentes y taxativas en la resolución de los problemas y los problemas comportan conocimientos técnicos e incluso psicológicos que el legislador no posee. Por esta razón, muchas veces, como ahora ocurre con algunos temas del aprovechamiento del agua, los problemas se abordan de forma coyuntural, desestructurada y parcial, creando lo que yo entiendo como una crisis legislativa que puede “entrar en bucle”.

Además, las leyes tienden a desactualizarse constantemente porque el contexto social y cultural es cambiante “per se”, la naturaleza no se rige por leyes jurídicas y las variables que intervienen son, cada día, más complicadas, interdependientes y numerosas. Estamos escribiendo sobre un problema con cuarenta años de historia que, como si se tratase de una enfermedad latente, pervive y rebrota periódicamente variando de síntomas y causas. ¿Cómo explicar que los volúmenes a trasvasar que se han aprobado para el año hidrológico 2019/2020 (104.6 hm3) sean sólo el 17% de los trasvasados en el año hidrológico 2000/2001? ¿A qué obedece esta decisión? Sobre la polémica de las aguas que se pueden trasvasar he seleccionado, para comentar, los cuatro hechos que han sido, a mi juicio, relevantes, y que son:

-Las malas predicciones iniciales.
-La creación de la Autonomía de Castilla -La Mancha en 1982.
-La Ley de Aguas de 1986 y sus sucesivas modificaciones.
-La entrada en Europa con la obligación de cumplir la normativa europea y en especial la Directiva Marco del Agua (DMA 2000/60/CE).

Veamos cómo han surgido los problemas:

1-Errores al hacer las previsiones.

Parte de las polémicas que comenzaron a aparecer al ponerse en marcha el trasvase, se habían incubado al redactar el anteproyecto. Los autores del anteproyecto estimaron los recursos hidráulicos trasvasables, basándose en la serie de datos de aportaciones que disponían, que abarcaban los 54 años que discurren entre los años hidrológicos 1911/12 y 1965. Así se evaluó la aportación media en Bolarque en 1.424 hm3/año, donde incluso las aportaciones del período 1978-80 fueron 4.282 hm3.

De acuerdo con sus cálculos concluyeron en el Anteproyecto que “es posible transferir hasta 1.000 hm3/año sin que tal volumen afecte a las posibilidades de expansión de la cuenca del Tajo en cuanto a usos consuntivos se refiere”. El Plan incluía otras actuaciones que no han llegado a desarrollarse.

Luego, funcionando el Acueducto, la realidad fue que las aportaciones medias del período de los veinte años siguientes (1980-2000) fueron de 800 hm3/año, cifra muy alejada de los 1424 que se habían deducido de las series históricas. Nadie lo había previsto.

En 1995 la sequía llegó a ser tan intensa que los embalses de la cabecera alcanzaron un nivel mínimo histórico desde su construcción, con un volumen de 128,44 hm3 cuando el mínimo de explotación era de 118 hm3. Y no fue el único problema que originó polémicas. Como dijimos en la entrega anterior uno de los puntos críticos del trasvase era el abastecimiento a Madrid, garantizado mediante la construcción de una serie de embalses en los ríos Jarama, Alberche y Tiétar, los cuales no se construyeron, creando la consiguiente inseguridad sobre el abastecimiento de la capital y su alfoz. Otro supuesto era que las demandas “ecológicas”, aguas abajo de Madrid, se resolverían con los retornos –aguas para saneamiento- de la ciudad, cosa que fue imposible por no haberse construido a tiempo y con la calidad requerida las depuradoras de la ciudad. Aparecieron problemas.

¿Cómo repartir el agua cuando ésta es menos de la prevista?

La Ley 52/80 de Regulación de la Explotación y en concreto su Disposición Adicional novena decía que la “Administración adoptará las medidas adecuadas para que las aguas que se trasvasen sean en todo momento excedentarias en la Cuenca del Tajo” y que “el carácter de excedentarias se determinará en el Plan Hidrológico del Tajo”.

Con la ley aparecen los problemas. ¿Qué son exactamente aguas excedentarias? ¿Cómo puede una ley hablar de aguas que nadie sabe cómo pueden medirse ni cuáles son exactamente?

Para conocer cuáles son exactamente las aguas sobrantes habría primero que definir cuál es el ámbito geográfico abastecido, cuáles son los usos que se van a atender y qué prioridad tiene cada uso de los seleccionados. Aunque definir cuáles son estas variables y cuantificarlas son acciones estimadas, subjetivas y, por tanto, discutibles, la realidad es que de hecho se han ido variando mucho en todos los años de vivencia del trasvase siempre en el mismo sentido: colgar nuevas demandas a los embalses de cabecera o incrementar las existentes, con lo cual se van reduciendo las aguas excedentarias conforme pasa el tiempo.

Estos y otros motivos impiden llegar a acuerdos medianamente consistentes. Uno de los mayores obstáculos para llegar a acuerdos estriba en no haber guardado el respeto a los sistemas hidráulicos y no haber exigido justificar adecuadamente las nuevas demandas colgadas gratuitamente de la cabecera del Tajo desde otras cuencas próximas con carácter de prioridad.

(Continuará)