Habrá querellas contra quienes apoyen “el cambalache” de recortar el Tajo-Segura

Los regantes exigirán responsabilidades penales personales por los daños y el lucro cesante que sufrirán a causa de los cambios anunciados por el Ministerio de Transición Ecológica


El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, es uno de los máximos valedores del cambio de reglas de explotación del Trasvase.

ALMERÍA HOY / 17·05·2021

El Sindicato de Comunidades de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) advierte que acudirá a los tribunales para exigir compensaciones por los daños y perjuicios que prevén sufrir como consecuencia de los cambios anunciados por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la regla de explotación del trasvase. También demandarán a políticos y funcionarios que respalden la medida.

Las novedades supondrán que la transferencia de agua al Sudeste español será de 27 Hm3 mensuales en lugar de 38 cuando los embalses de cabecera del río que nace en la aragonesa Sierra de Albarracín y desemboca en Lisboa, capital de Portugal, estén en nivel 2, es decir, cuando superen los 400 Hm3 de agua almacenada, que es la situación más frecuente. Además, el aumento del caudal ecológico del río de los 6 m3/seg actuales hasta los 10, rebajará considerablemente la cantidad de agua embalsada en Entrepeñas y Buendía y, por tanto, aumentará la posibilidad de que los pantanos contengan menos de 240 Hm3, lo que impediría el envío de recursos hídricos al Segura. Los regantes recuerdan que dimensionaron sus explotaciones en función del agua disponible en la reglamentación inicial, realizando para ello cuantiosas inversiones. Consideran que una modificación tan sustancial es motivo suficiente para emprender dos líneas de actuación en los tribunales. Por una parte, exigirán una compensación por los daños, perjuicios y el lucro cesante que sufrirán. Al mismo tiempo, presentarán una querella contra todos y cada uno de los políticos y funcionarios que con su firma o voto participen en el "cambalache" previsto.

Desde SCRATS únicamente ven "maniobras políticas" para "apaciguar" al Gobierno castellano manchego, y recuerdan que los agricultores afectados facturan “alrededor de 6.000 millones de euros al año y generan más de 120.000 empleos directos, a los que hay que añadir el triple en servicios e industrias auxiliares”.