Medio Ambiente calcula que el abogado veratense y sus socios extrajeron 1,8 millones de metros cúbicos en 17 meses de un pozo ilegal perforado en una parcela pública
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El sondeo gestionado por el
abogado veratense fue precintado el 3 de marzo de 2020 porque “no dispone de
título de aprovechamiento de aguas”. |
ALMERÍA HOY / 21·05·2021
Ya no es el abogado Rafael Salinas el único que señala a su colega veratense Antonio Segura como presunto autor de un delito de “tráfico ilegal de agua”, a la par que ACTUALIDAD ALMANZORA ha dejado de ser un vehículo que “da pábulo” en solitario a esos hechos. También lo ha hecho el fiscal basándose tanto en la acusación del denunciante como en las investigaciones realizadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
A partir de ahí, el Ministerio Público ha observado la posible comisión por parte de Segura y otros de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente tipificado en el artículo 325 del Código Penal, castigado con penas de hasta cinco años de prisión. La Fiscalía lo puso en conocimiento del Juzgado número 1 de Huércal Overa y ahora está en fase de instrucción el procedimiento en el que se ha personado la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT). El objeto principal de la querella es la explotación masiva de un pozo ilegal perforado en terrenos de la Junta de Andalucía.
Todo empezó hace algo más de un año. El 24 de febrero de 2020, Rafael Salinas registraba en la Fiscalía Provincial de Almería un escrito en el que acusaba al abogado veratense Antonio Segura de explotar ilegalmente el Pozo de la Terrera, en la pedanía huercalense de Overa, del que estaría extrayendo 285 l/sg cuando el sondeo tenía una autorización para solo 4. El denunciante sostenía que el sondeo “se encuentra funcionando a pleno rendimiento las 24 horas del día” y, por ello, calculaba que habrían extraído 8.988.000 m3 al año (casi 9 Hm3) que, al precio de mercado del agua para riego, actualmente 0,60 euros/m3, “supondrían unos ingresos de 5.393.000 euros anuales”.
AMENAZAS
ACTUALIDAD ALMANZORA se hizo eco de la noticia y la reacción de Segura cuando la leyó en febrero del año pasado, fue la de amenazar a este medio anunciando que haría lo posible para impedir que se financiara.
En declaraciones a Levante Televisión, el abogado dijo: “A mí lo que sí me preocupa es que haya un medio de comunicación de esta comarca que sin contrastar una noticia tan grave como ésta, que ni siquiera se vaya a contrastar esa noticia. Eso sí es preocupante que haya un señor en esta comarca –refiriéndose al director de ‘ACTUALIDAD’ Miguel Ángel Sánchez- que haga el daño de esta forma, máxime cuando resulta que ese medio, por lo que yo veo en su periódico y demás, la mayoría de los que financian su medio son comunidades de regantes. Yo, evidentemente, a mis compañeros de comunidades de regantes les voy a transmitir si a este señor se le puede seguir financiando cuando sin contrastar una noticia hace lo que está haciendo. Porque vivimos en Almería y Almería es una provincia con muchas limitaciones en agua, y si damos pábulo a denuncias falsas como ésta, pues arreglados estamos en Almería”.
En sus declaraciones, Segura ignoraba conscientemente que por las mismas vías de las que él se sirvió para intentar conseguir una entrevista concertada, se le respondió que los canales de difusión de este grupo de comunicación estaban abiertos a recoger su opinión. No sólo eso. A través de RADIO ACTUALIDAD, al señor Segura se le había invitado de forma pública e insistente a que diera su punto de vista. Sin embargo, prefirió no hacerlo. Quedaba, por tanto, invalidado su argumento de que en este medio no se contrasta la información.
En cualquier caso, ACTUALIDAD ALMANZORA se había limitado escrupulosamente a informar sobre la existencia y contenido de una denuncia de Rafael Salinas. La misma denuncia que más tarde llegó a la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial, desde donde se formuló escrito al Juzgado de Huércal Overa solicitando una investigación. Pero antes, el fiscal encargó la elaboración de un informe a la Guardia Civil.
EL POZO
En líneas generales, los agentes de la Benemérita confirmaron las acusaciones, aunque con ciertos matices, y revelaron otros aspectos que no habían sido reflejados por el denunciante.
Los guardias recogieron en su atestado que el pozo fue precintado el 3 de marzo de 2020 por técnicos de la Delegación de Medio Ambiente. El motivo, según consta en este informe firmado el 12 de noviembre de 2019, era que “no dispone de título de aprovechamiento de aguas”.
Entonces, ¿cómo Rafael Salinas basaba su denuncia en la presunta sobreexplotación de un sondeo con autorización para extraer 4 l/sg del que se habrían estado aforando hasta 285?
La respuesta la aportó el guardia fluvial de la zona, quien informó sobre la existencia a pocos metros de una antigua noria que sí estaba registrada en el catálogo de aguas privadas con permiso para sacar un caudal máximo de 3,99 l/sg desde una profundidad de 23 m. Eso significaría 126.000 m3 en todo un año, suficiente para abastecer las necesidades de 18 Has de regadío.
Ése era el auténtico Pozo de la Terrera, que se encontraba en el momento de la inspección tapiado y con trazas de “llevar bastante tiempo” sin funcionar.
Sin embargo, el que aprovechaban Antonio Segura y su socio, tenía “una profundidad de 160 metros”, según el informe del guardarríos, y de él se habrían extraído entre el 30 de noviembre de 2017 y el 2 de mayo de 2019 una cantidad estimada en 1.761.037 m3 de agua, una cifra sensiblemente inferior a la reportada por Salinas. Pero también excesiva, porque la aportada por Medio Ambiente supone que cada mes se aforaban 103.590 m3.
En cualquier caso, una sola gota que se hubiera extraído ya habría sido demasiado, porque el informe de la Guardia Civil es claro y contundente al respecto: “El pozo que en la actualidad existe no tiene nada que ver con el aprovechamiento autorizado en su día por la comisaría de aguas”. Es decir, carecía de permiso.
Otro dato significativo consistía en la ubicación del pozo, cuya cercanía al río Almanzora, y más concretamente a la cola del pantano de Cuevas, levantó las sospechas de los guardias durante su primera inspección ocular, hasta el punto de hacerles solicitar a Medio Ambiente información sobre la titularidad de los terrenos en que se encontraba.
La patrulla del SEPRONA recibió como respuesta por parte de la Delegación Territorial que la parcela “es propiedad de esta Administración con carácter de bien patrimonial”. Y, para probarlo, acompañó el escrito con una certificación descriptiva y gráfica expedida por la Dirección General del Catastro.
Para resumir, y como adelanta el titular, el fiscal acusa a Antonio Segura y sus socios de la supuesta explotación de un pozo ilegal perforado en terrenos de todos los andaluces.
A partir de ahí, el Ministerio Público ha observado la posible comisión por parte de Segura y otros de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente tipificado en el artículo 325 del Código Penal, castigado con penas de hasta cinco años de prisión. La Fiscalía lo puso en conocimiento del Juzgado número 1 de Huércal Overa y ahora está en fase de instrucción el procedimiento en el que se ha personado la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT). El objeto principal de la querella es la explotación masiva de un pozo ilegal perforado en terrenos de la Junta de Andalucía.
Todo empezó hace algo más de un año. El 24 de febrero de 2020, Rafael Salinas registraba en la Fiscalía Provincial de Almería un escrito en el que acusaba al abogado veratense Antonio Segura de explotar ilegalmente el Pozo de la Terrera, en la pedanía huercalense de Overa, del que estaría extrayendo 285 l/sg cuando el sondeo tenía una autorización para solo 4. El denunciante sostenía que el sondeo “se encuentra funcionando a pleno rendimiento las 24 horas del día” y, por ello, calculaba que habrían extraído 8.988.000 m3 al año (casi 9 Hm3) que, al precio de mercado del agua para riego, actualmente 0,60 euros/m3, “supondrían unos ingresos de 5.393.000 euros anuales”.
AMENAZAS
ACTUALIDAD ALMANZORA se hizo eco de la noticia y la reacción de Segura cuando la leyó en febrero del año pasado, fue la de amenazar a este medio anunciando que haría lo posible para impedir que se financiara.
En declaraciones a Levante Televisión, el abogado dijo: “A mí lo que sí me preocupa es que haya un medio de comunicación de esta comarca que sin contrastar una noticia tan grave como ésta, que ni siquiera se vaya a contrastar esa noticia. Eso sí es preocupante que haya un señor en esta comarca –refiriéndose al director de ‘ACTUALIDAD’ Miguel Ángel Sánchez- que haga el daño de esta forma, máxime cuando resulta que ese medio, por lo que yo veo en su periódico y demás, la mayoría de los que financian su medio son comunidades de regantes. Yo, evidentemente, a mis compañeros de comunidades de regantes les voy a transmitir si a este señor se le puede seguir financiando cuando sin contrastar una noticia hace lo que está haciendo. Porque vivimos en Almería y Almería es una provincia con muchas limitaciones en agua, y si damos pábulo a denuncias falsas como ésta, pues arreglados estamos en Almería”.
En sus declaraciones, Segura ignoraba conscientemente que por las mismas vías de las que él se sirvió para intentar conseguir una entrevista concertada, se le respondió que los canales de difusión de este grupo de comunicación estaban abiertos a recoger su opinión. No sólo eso. A través de RADIO ACTUALIDAD, al señor Segura se le había invitado de forma pública e insistente a que diera su punto de vista. Sin embargo, prefirió no hacerlo. Quedaba, por tanto, invalidado su argumento de que en este medio no se contrasta la información.
En cualquier caso, ACTUALIDAD ALMANZORA se había limitado escrupulosamente a informar sobre la existencia y contenido de una denuncia de Rafael Salinas. La misma denuncia que más tarde llegó a la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial, desde donde se formuló escrito al Juzgado de Huércal Overa solicitando una investigación. Pero antes, el fiscal encargó la elaboración de un informe a la Guardia Civil.
EL POZO
En líneas generales, los agentes de la Benemérita confirmaron las acusaciones, aunque con ciertos matices, y revelaron otros aspectos que no habían sido reflejados por el denunciante.
Los guardias recogieron en su atestado que el pozo fue precintado el 3 de marzo de 2020 por técnicos de la Delegación de Medio Ambiente. El motivo, según consta en este informe firmado el 12 de noviembre de 2019, era que “no dispone de título de aprovechamiento de aguas”.
Entonces, ¿cómo Rafael Salinas basaba su denuncia en la presunta sobreexplotación de un sondeo con autorización para extraer 4 l/sg del que se habrían estado aforando hasta 285?
La respuesta la aportó el guardia fluvial de la zona, quien informó sobre la existencia a pocos metros de una antigua noria que sí estaba registrada en el catálogo de aguas privadas con permiso para sacar un caudal máximo de 3,99 l/sg desde una profundidad de 23 m. Eso significaría 126.000 m3 en todo un año, suficiente para abastecer las necesidades de 18 Has de regadío.
Ése era el auténtico Pozo de la Terrera, que se encontraba en el momento de la inspección tapiado y con trazas de “llevar bastante tiempo” sin funcionar.
Sin embargo, el que aprovechaban Antonio Segura y su socio, tenía “una profundidad de 160 metros”, según el informe del guardarríos, y de él se habrían extraído entre el 30 de noviembre de 2017 y el 2 de mayo de 2019 una cantidad estimada en 1.761.037 m3 de agua, una cifra sensiblemente inferior a la reportada por Salinas. Pero también excesiva, porque la aportada por Medio Ambiente supone que cada mes se aforaban 103.590 m3.
En cualquier caso, una sola gota que se hubiera extraído ya habría sido demasiado, porque el informe de la Guardia Civil es claro y contundente al respecto: “El pozo que en la actualidad existe no tiene nada que ver con el aprovechamiento autorizado en su día por la comisaría de aguas”. Es decir, carecía de permiso.
Otro dato significativo consistía en la ubicación del pozo, cuya cercanía al río Almanzora, y más concretamente a la cola del pantano de Cuevas, levantó las sospechas de los guardias durante su primera inspección ocular, hasta el punto de hacerles solicitar a Medio Ambiente información sobre la titularidad de los terrenos en que se encontraba.
La patrulla del SEPRONA recibió como respuesta por parte de la Delegación Territorial que la parcela “es propiedad de esta Administración con carácter de bien patrimonial”. Y, para probarlo, acompañó el escrito con una certificación descriptiva y gráfica expedida por la Dirección General del Catastro.
Para resumir, y como adelanta el titular, el fiscal acusa a Antonio Segura y sus socios de la supuesta explotación de un pozo ilegal perforado en terrenos de todos los andaluces.
