Dos años de negociaciones han rebajado a la mitad la cantidad con que el Ayuntamiento debe resarcir a la empresa a la que vendió ilegalmente en el 2000 unos terrenos comunales
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| El alcalde junto a los representantes de Cajamar, Spancrete y sus respectivos abogados en el Salón de Plenos. |
ALMERÍA HOY / 16·04·2021
El Ayuntamiento de Antas fue condenado a indemnizar a la compañía Spancrete con 2,7 millones de euros por la venta ilegal de unos terrenos clasificados como comunales, situación que los hacía inalienables.
A esa cantidad había que añadir 213.462 euros correspondientes a la factura presentada por el abogado que había defendido los intereses municipales, lo que elevaba el débito del Consistorio por el caso hasta los 2,91 millones.
Sin embargo, las negociaciones emprendidas por el Gobierno local que preside Pedro Ridao Zamora (PSOE) ha conseguido rebajar la cifra hasta dejarla en 1,41millones, y este viernes ha quedado firmada una operación, aprobada unánimemente por el Pleno, con Cajamar para saldar las obligaciones derivadas del fallo judicial, de los que 72.000 euros corresponden al acuerdo con el letrado que representó al Ayuntamiento, que rebajó 141.000 euros a su pretensión.
La amortización del préstamo se extiende durante 12 años, de los que los dos primeros son de carencia y sólo se pagarán intereses, una cláusula importante, porque es el periodo que queda para liquidar los préstamos del pago a proveedores que mantiene el Ayuntamiento al amparo del conocido como ‘Plan Montoro’. El tipo impositivo corresponde al euribor más 0,702%.
A esa cantidad había que añadir 213.462 euros correspondientes a la factura presentada por el abogado que había defendido los intereses municipales, lo que elevaba el débito del Consistorio por el caso hasta los 2,91 millones.
Sin embargo, las negociaciones emprendidas por el Gobierno local que preside Pedro Ridao Zamora (PSOE) ha conseguido rebajar la cifra hasta dejarla en 1,41millones, y este viernes ha quedado firmada una operación, aprobada unánimemente por el Pleno, con Cajamar para saldar las obligaciones derivadas del fallo judicial, de los que 72.000 euros corresponden al acuerdo con el letrado que representó al Ayuntamiento, que rebajó 141.000 euros a su pretensión.
La amortización del préstamo se extiende durante 12 años, de los que los dos primeros son de carencia y sólo se pagarán intereses, una cláusula importante, porque es el periodo que queda para liquidar los préstamos del pago a proveedores que mantiene el Ayuntamiento al amparo del conocido como ‘Plan Montoro’. El tipo impositivo corresponde al euribor más 0,702%.
