Acusan a Antonio Segura de “liderar una banda criminal” dedicada al “tráfico ilegal de agua”

La Fiscalía de Almería ha pedido a la titular del Juzgado Número 1 de Huércal Overa que investigue al letrado y presidente de la SAT Climasol de Vera por presunto delito “contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente”. La denuncia original, presentada por particulares, recoge que Segura extraía de un pozo en Overa 285 litros por segundo cuando la autorización sólo permitía cuatro.


Antonio Segura.

ALMERÍA HOY / 16·04·2021

Rafael Salinas eleva el tono de su denuncia hasta acusar a Antonio Segura y su socio en Chumbos del Almanzora AIE, Francisco Montoya Martínez, de “liderar una banda criminal”.

Antes de avanzar los últimos detalles, es preciso recordar que la Fiscalía de Almería, a través de su titular de Medio Ambiente, presentó el pasado mes de septiembre una denuncia en los juzgados de Huércal Overa contra la citada sociedad, propiedad de Montoya y Segura, quien también preside la Sociedad Agraria de Transformación Climasol, que abastece de agua para riego a las explotaciones agrícolas de Vera. La Fiscalía ha pedido al juez que abra una investigación para conocer si se ha cometido un delito “contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente”.

El asunto parte de un escrito presentado ante el Ministerio Público el pasado 11 de febrero de 2020 por el letrado Rafael Salinas, quien acusaba a Chumbos del Almanzora de atentar gravemente contra el medio ambiente mediante la explotación de un pozo en Overa. Ese escrito fue analizado por el fiscal, el cual observó indicios suficientes para solicitar al juzgado la apertura de una investigación que dilucide si efectivamente se está conculcando la ley.

Salinas había transmitido al fiscal que en la finca propiedad de Trinidad Espigares Ruiz, sita en Overa, existe un pozo conocido como el de La Terrera. Esta propiedad, junto con el pozo que contiene, “fue arrendada al abogado Antonio Segura Asensio, con despacho en Vera, bien personalmente o a través de alguna sociedad de las muchas que posee”. Concretamente apuntaba a la sociedad Chumbos del Almanzora AIE.

Tras recordar que el objeto social de esta mercantil es “la promoción del cultivo de la chumbera”, opinaba en la denuncia que “ello constituye una gran estupidez, por cuanto desde hace unos seis años todas las chumberas de la zona han sufrido los ataques de una plaga de insectos que han causado su desaprovechamiento y extinción”, por lo que concluía que la actividad real de Chumbos del Almanzora estaría centrada en la explotación del pozo de la finca “registrado bajo el expediente nº A-42609”.

A partir de aquí, Rafael Salinas exponía los argumentos que sustentan su denuncia, y la Fiscalía resolvió poniendo los hechos en conocimiento del Juzgado Número 1 de Huércal Overa pidiendo la apertura de una investigación.

El pozo, según Salinas, posee permiso para “una extracción limitada a 4 l/seg con un motor de 20 cv”, aunque Segura habría instalado “entre 2015 y 2016 una línea eléctrica nueva, un transformador de 630 Kvas [alrededor de 630 cv] y unos tubos de aspiración de 300 mm que permiten sacar entre 285 y 350 l/seg sin que para ello se haya solicitado [autorización] para tal ampliación”.

El denunciante sostenía que el pozo “se encuentra funcionando a pleno rendimiento las 24 horas del día” y, por ello, calculaba que habrían extraído 8.988.000 m3 al año (casi 9 Hm3), que al precio de mercado del agua para riego, actualmente 0,60 euros/m3, “supondrían unos ingresos de 5.393.000 euros anuales”.

En opinión del denunciante, Chumbos del Almanzora habría cometido, entre otros, “un presunto delito de tráfico ilegal de agua”, que aparece castigado en el Código Penal con hasta cinco años de cárcel.

En la causa, que instruye el Juzgado Número 1 de Huércal Overa, se ha personado la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) tras depositar la fianza de 1.000 euros exigida por el juez.

“BANDA ORGANIZADA”

Pero, más allá de la denuncia, Rafael Salinas ha remitido una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta acción la ha divulgado el letrado denunciante por medio de un escrito en el que acusa a Antonio Segura Asensio y Francisco Montoya Martínez de ser “los líderes de una banda organizada” dedicada al “tráfico ilegal de agua”.

Explica Salinas que esta “organización criminal” se dedica a la venta de los recursos hídricos aforados del pozo de la Terrera mezclados con otros procedentes de trasvases y de distintas desaladoras.

Al mismo tiempo, Chumbos del Almanzora estarían “incitando” –siempre según el abogado denunciante- tanto a agricultores como a grandes empresarios de la zona a invertir en explotaciones agrícolas “con la promesa de que les abastecerán de agua”. Consecuencia de esa labor sería “que a ambos lados de la autovía Murcia-Almería están demoliendo colinas y cabezos que con seguridad dedicarán bien a un cultivo intensivo o a plantaciones citrícolas”.

En cuanto a la “organización criminal”, Rafael Salinas considera que las actuaciones de Segura y Montoya estarían protegidas por una “guardia pretoriana” integrada por “instituciones públicas” que “no denuncian” los presuntos “hechos delictivos” cometidos por Chumbos del Almanzora y “funcionarios” que “permiten” que se “roturen miles de hectáreas que nunca han sido de regadío ni de cultivo de secano”.

El abogado denunciante culpa, además, al investigado Antonio Segura de haber “engañado” a esos agricultores generando “un grave problema económico” para “enriquecerse”, al instarles a ampliar zona regable sin que exista “agua legal” que suministrar, por lo que pide su dimisión de las presidencias que ostenta al frente de la SAT Climasol y la Comunidad de Regantes del Bajo Almanzora (formada por los regantes de Zurgena, Antas y Vera).