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JUAN LUIS PEREZ TORNELL
Aun a riesgo de acabar en las ergástulas del Estado, como el pobre Pablo Hasél, voy a hablar bien de algún aspecto del régimen de Franco, con la esperanza de que ello no esté todavía tipificado. Y, en su defecto, la esperanza de que alguien queme algunos contenedores para defender el derecho a la libertad de expresión, que el vicepresidente del Gobierno amenaza con aherrojar.
El gobierno balear, para solucionar la falta de Viviendas de Protección Oficial (las célebres VPO, ésas que tenían una plaquita metálica con el yugo y las flechas), en lugar de construirlas, una pesadez que además amenaza con que las inaugure otro, ha optado por expropiarlas o incautarlas. No las de usted... descuide amable lector, descuide “Gran Wyoming”, sino las de unos bancos vampíricos o de esos llamados “Fondos Buitres”, que ya se sabe para que planean sobre las carroñas que dejó la ola de urbanismo que nos invadió: para ganar dinero en lugar de para perderlo. Reprochable interés, sin duda contrario a nuestra noble tradición de hidalguía
Va a empezar, según proclama, por unas cuantas, cincuenta o sesenta, a ver cómo sale la cosa.
Tiene esto un dulce eco de Caribe y banana: aquel lejano y expeditivo “exprópiese” del llorado Hugo Chávez, en sus paseos presidenciales por la entonces todavía próspera Venezuela.
Tendrán sin duda los gobernantes mallorquines, que dan este paso, antes incluso que el Alcalde de Marinaleda, que utilizar para ello algo que, mal que les pese, pervive de la legislación franquista: la poderosa legislación administrativa de los años cincuenta. Y singularmente y en este caso la Ley de Expropiación Forzosa, que, horror, es una Ley franquista del 16 de diciembre de 1954, y que por azares del destino ningún gobierno ha derogado, alargando su nombre y llenándola de insensateces, conceptos confusos y contradictorios, y derechos sin fundamento económico, como hacen nuestros legisladores contemporáneos, que excretan cada vez normas más ininteligibles.
Para el Derecho Administrativo español fueron los años cincuenta sin duda alguna, la “década prodigiosa”, y su concreción positiva fruto de mentes clarividentes, como las de Villar Palasí, López Rodó y otros especialistas de sus temas respectivos y que, ¡oh sorpresa…! además y pese a ello eran ministros, a diferencia de los actuales, que son intercambiables y no son especialistas en nada conocido, y fueron los felices autores de las normas que se redactaron en aquellas calendas: Ley de Procedimiento Administrativo (que nombre más breve y que producto más depurado, que incluso un legislador podría entender con sólo leerla). La Ley del Suelo, que desgraciadamente nunca se aplicó porque era demasiado perfecta. Y la que ha sobrevivido para deleite de gobernantes mallorquines: la ley de Expropiación Forzosa.
Era y es, está vigente, una ley de un estado antidemocrático preparada curiosamente para contener los furores y excesos del gobernante que tiende, por muy democrático que sea su origen, o quizá precisamente por ello, a convertir sus deseos en normas, casi de derecho divino. Era y es una ley protectora de la propiedad privada aunque sea la expropiación un instituto claramente antiliberal.
Expropiación, bien entendido, no es confiscación ni requisa: páguese y ocúpese después… y que aprendan en sus carnes bancos, fondos buitres e inversores extranjeros, que este no es un país para especuladores ni inversores... ¿no expulsamos acaso a los judíos por eso?
Use pues a su gusto demagógico el instrumento supérstite del franquismo el gobierno balear, que para eso está, desde antes de la Constitución a la que amenaza con sobrevivir, incluso con sus ominosas referencias al Fuero de los Españoles que, por lo que acabo de comprobar, nadie se tomó la molestia de poner al día en la revisión de octubre de 2015.
Pero es que los liberales no se crían bien en el tórrido y caribeño suelo de España.
El gobierno balear, para solucionar la falta de Viviendas de Protección Oficial (las célebres VPO, ésas que tenían una plaquita metálica con el yugo y las flechas), en lugar de construirlas, una pesadez que además amenaza con que las inaugure otro, ha optado por expropiarlas o incautarlas. No las de usted... descuide amable lector, descuide “Gran Wyoming”, sino las de unos bancos vampíricos o de esos llamados “Fondos Buitres”, que ya se sabe para que planean sobre las carroñas que dejó la ola de urbanismo que nos invadió: para ganar dinero en lugar de para perderlo. Reprochable interés, sin duda contrario a nuestra noble tradición de hidalguía
Va a empezar, según proclama, por unas cuantas, cincuenta o sesenta, a ver cómo sale la cosa.
Tiene esto un dulce eco de Caribe y banana: aquel lejano y expeditivo “exprópiese” del llorado Hugo Chávez, en sus paseos presidenciales por la entonces todavía próspera Venezuela.
Tendrán sin duda los gobernantes mallorquines, que dan este paso, antes incluso que el Alcalde de Marinaleda, que utilizar para ello algo que, mal que les pese, pervive de la legislación franquista: la poderosa legislación administrativa de los años cincuenta. Y singularmente y en este caso la Ley de Expropiación Forzosa, que, horror, es una Ley franquista del 16 de diciembre de 1954, y que por azares del destino ningún gobierno ha derogado, alargando su nombre y llenándola de insensateces, conceptos confusos y contradictorios, y derechos sin fundamento económico, como hacen nuestros legisladores contemporáneos, que excretan cada vez normas más ininteligibles.
Para el Derecho Administrativo español fueron los años cincuenta sin duda alguna, la “década prodigiosa”, y su concreción positiva fruto de mentes clarividentes, como las de Villar Palasí, López Rodó y otros especialistas de sus temas respectivos y que, ¡oh sorpresa…! además y pese a ello eran ministros, a diferencia de los actuales, que son intercambiables y no son especialistas en nada conocido, y fueron los felices autores de las normas que se redactaron en aquellas calendas: Ley de Procedimiento Administrativo (que nombre más breve y que producto más depurado, que incluso un legislador podría entender con sólo leerla). La Ley del Suelo, que desgraciadamente nunca se aplicó porque era demasiado perfecta. Y la que ha sobrevivido para deleite de gobernantes mallorquines: la ley de Expropiación Forzosa.
Era y es, está vigente, una ley de un estado antidemocrático preparada curiosamente para contener los furores y excesos del gobernante que tiende, por muy democrático que sea su origen, o quizá precisamente por ello, a convertir sus deseos en normas, casi de derecho divino. Era y es una ley protectora de la propiedad privada aunque sea la expropiación un instituto claramente antiliberal.
Expropiación, bien entendido, no es confiscación ni requisa: páguese y ocúpese después… y que aprendan en sus carnes bancos, fondos buitres e inversores extranjeros, que este no es un país para especuladores ni inversores... ¿no expulsamos acaso a los judíos por eso?
Use pues a su gusto demagógico el instrumento supérstite del franquismo el gobierno balear, que para eso está, desde antes de la Constitución a la que amenaza con sobrevivir, incluso con sus ominosas referencias al Fuero de los Españoles que, por lo que acabo de comprobar, nadie se tomó la molestia de poner al día en la revisión de octubre de 2015.
Pero es que los liberales no se crían bien en el tórrido y caribeño suelo de España.
