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CLEMENTE FLORES
LA HUELLA MARCADA por Joaquín Costa a principios del XX tuvo su mejor traducción en el gran ingeniero Lorenzo Pardo al cual junto con otros, como Clemente Sáenz, se debe la redacción del Plan Nacional de Obras Hidráulicas, que era la base de la Reforma Agraria de la República y con la cual se pretendían instalar 150.000 familias en otros tantos lotes de tierras expropiadas (ley OPER de 13-4-32).
La guerra civil acabó con la reforma agraria y el Decreto de 28 de agosto de 1936 de la Junta es la primera disposición legal de contrarreforma agraria. Sin dar tiempo a liquidar la reforma republicana se presentó en 1938 un proyecto de ley de Reforma Agraria Nacional. Según Franco, “el problema de división de los latifundios debe ser enfrentado de una manera diversa según las regiones”. José Antonio había escrito: “Lo primero que tiene que hacer una reforma agraria inteligente es delimitar las superficies cultivables y las superficies que puedan ponerse en cultivo con las obras de riego que hay que intensificar”.
Desde el principio, los vencedores de la guerra decidieron que el fomento de la producción agrícola y la Colonización Agraria se harían a través de la puesta en cultivo de nuevas superficies de regadío.
El Gobierno creó el Instituto Nacional de Colonización (INC), en octubre de 1939, y promulgó dos meses después la Ley de Bases de Colonización de Grandes Zonas, pero desde el principio tropezaron con problemas de falta de liquidez.
La falta de instrumentación técnico-legislativa, las dificultades económicas del momento y los cambios de orientación de quienes dirigían impidieron realizaciones significativas hasta finales de los 40.
Parecía que la iniciativa acabaría en una tentativa más y que el nuevo gobierno fracasaría, como había ocurrido con otros gobiernos anteriores, pero los dirigentes supieron cambiar sobre la marcha y así en vez de actuar sobre parcelas municipales y de cesión voluntaria, como se había empezado actuando, presionaron sobre la propiedad privada acometiendo incluso la expropiación por medio de sucesivas leyes. (Ley de Expropiación de Fincas Rústicas de 1946).
Aunque entre 1946 y 1949 sólo se hicieron actuaciones aisladas y experimentales en regadío, la Ley de Colonización de Grandes Zonas impuso y asumió la concepción integral de la colonización como conjunto de transformaciones a realizar por el Estado, a través de un Plan General de Colonización que fije las modalidades de explotación más adecuadas y el tamaño y la ubicación de los poblados. Con esta ley y su modificación en 1962 surgen las “tierras en exceso” donde el Instituto Nacional de Colonización (INC) ejerce las expropiaciones creando propiedades tuteladas y asentando colonos.
A partir de 1951 hay un cambio en el papel del Estado, pasando a ser mucho más intervencionista en la realización de regadíos y en “crear un sector campesino fuerte vinculado a la tierra” actuando, con finalidades sociales, en zonas donde predomina la gran propiedad.
Se trataba de instalar el número máximo de colonos y de producir más alimentos. El mejor modo de incrementar la producción agraria era a través de la puesta en regadío de zonas más extensas.
La nueva política agraria intentó coordinar el desarrollo agrario con el desarrollo industrial creando empleo de mano de obra en agricultura y en obras, como paso intermedio hasta que llegase el desarrollo industrial incrementando el regadío.
LOS 50 Y 60
La década de los 50 y mediados de los 60 fue el periodo más intenso de transformaciones de campos de secano en regadío y cuando se produjeron más asentamientos de colonos en los nuevos poblados.
Los sucesivos gobiernos de la Dictadura, con clara y decidida voluntad, llevaron a cabo, en un cuarto de siglo, una ingente obra de riegos, sin parangón con las realizadas en cualquier otro periodo de nuestra historia.
No sólo se preocuparon por las obras hidráulicas para liberar al labrador de las ataduras del clima asegurándole el agua para riego, sino que se hicieron planes para enseñarle cómo la debía utilizar, se redistribuyeron las tierras y se crearon poblados cerca de las nuevas explotaciones agrícolas planificando cultivos y producciones.
El Estado se lanzó a transformar la producción agrícola del territorio a través de la puesta en riego de nuevas tierras, intentando absorber la población rural excedente y reordenando el espacio rural. Se realizaron concentraciones y reparcelaciones y se acometieron obras que la iniciativa privada, como ya se había demostrado sobradamente, nunca hubiera llevado a cabo. No fueron actuaciones orientadas de forma homogénea o única, pero no dejaron resquicios al desaliento. Con una nueva ideología tecnocrática, el INC fijaba rendimientos y producciones con índices y criterios que debían de cumplirse estrictamente por los colonos.
Los poblados se proyectaban y dotaban para que fueran autosuficientes y disponían de iglesia, escuelas, correos, juzgado y un dispensario médico. Como norma general, una zona se destinaba a comercio y artesanía e incluía carpintería, peluquería y un taller mecánico. Todos los poblados no eran iguales, pero la mayoría eran un pequeño complejo de servicios con maestros y escuelas donde se enseñaban detalles de cómo llevar incluso la contabilidad de una explotación, lo cual dio a las colonizaciones un sentido histórico desconocido.
Hacia 1965 se habían construido 10.589 km. de canales y acequias, 8.230 km. de caminos rurales y 30.013 has. de repoblaciones forestales.
30.000 VIVIENDAS
En total se construyeron 292 poblados nuevos, con 30.410 viviendas de nueva planta con escuelas, clínicas y otros servicios, como cementerios, de los cuales se construyeron 137. De los proyectos fueron autores un total de 77 arquitectos con los que colaboraron medio centenar de ingenieros.
Los Planes de Colonización fueron redactado por ingenieros agrónomos actuando hasta 118 profesionales de esta especialidad.
Los Planes atendieron a 50.000 colonos nuevos que se seleccionaban por niveles de renta, por carecer de tierra propia o por proceder de pueblos inundados por nuevos pantanos. A cada colono se le entregaba una parcela de cuatro a ocho hectáreas y un plan estricto de explotación que debía seguir al menos cinco años. El INC aportaba semillas, abono, insecticidas y ganado, cuyo coste debía reintegrarse con un porcentaje de alrededor del 3% de la producción. La amortización se evaluó para unos 15 ó 20 años en el caso de la tierra y para unos 40 años la vivienda.
La capacidad de nuestros embalses se multiplicó nueve veces durante la Dictadura (pasó de 4.000 Hm3 hasta 36.628 Hm3) y además se aumentaron los riegos extrayendo aguas subterráneas con las que se pusieron en riego millón y medio de nuevas hectáreas.
EL SALTADOR
En Almería se actuó en tres zonas que fueron el campo de Dalías, el Campo de Níjar y El Saltador en Huércal Overa. Mucho más interesante para nuestra provincia fue la construcción del Trasvase Tajo-Segura, acabado tras la muerte de Franco, del que hablaremos el próximo día. Todas las obras y realizaciones que de manera sucinta hemos descrito en esta entrega se hicieron sin cambiar los contenidos de la antigua Ley de Aguas en todo lo referente a su propiedad o administración, aunque los sucesivos gobiernos se vieron obligados, desde el primer momento, a reorganizar la Administración de forma que fuese operativa y que contase además con las dotaciones presupuestarias necesarias. Valga de ejemplo que tras el INC creado en 1939, en 1953 se creó el Servicio de Concentración Parcelaria y en 1971 el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).
(Continuará)
La guerra civil acabó con la reforma agraria y el Decreto de 28 de agosto de 1936 de la Junta es la primera disposición legal de contrarreforma agraria. Sin dar tiempo a liquidar la reforma republicana se presentó en 1938 un proyecto de ley de Reforma Agraria Nacional. Según Franco, “el problema de división de los latifundios debe ser enfrentado de una manera diversa según las regiones”. José Antonio había escrito: “Lo primero que tiene que hacer una reforma agraria inteligente es delimitar las superficies cultivables y las superficies que puedan ponerse en cultivo con las obras de riego que hay que intensificar”.
Desde el principio, los vencedores de la guerra decidieron que el fomento de la producción agrícola y la Colonización Agraria se harían a través de la puesta en cultivo de nuevas superficies de regadío.
El Gobierno creó el Instituto Nacional de Colonización (INC), en octubre de 1939, y promulgó dos meses después la Ley de Bases de Colonización de Grandes Zonas, pero desde el principio tropezaron con problemas de falta de liquidez.
La falta de instrumentación técnico-legislativa, las dificultades económicas del momento y los cambios de orientación de quienes dirigían impidieron realizaciones significativas hasta finales de los 40.
Parecía que la iniciativa acabaría en una tentativa más y que el nuevo gobierno fracasaría, como había ocurrido con otros gobiernos anteriores, pero los dirigentes supieron cambiar sobre la marcha y así en vez de actuar sobre parcelas municipales y de cesión voluntaria, como se había empezado actuando, presionaron sobre la propiedad privada acometiendo incluso la expropiación por medio de sucesivas leyes. (Ley de Expropiación de Fincas Rústicas de 1946).
Aunque entre 1946 y 1949 sólo se hicieron actuaciones aisladas y experimentales en regadío, la Ley de Colonización de Grandes Zonas impuso y asumió la concepción integral de la colonización como conjunto de transformaciones a realizar por el Estado, a través de un Plan General de Colonización que fije las modalidades de explotación más adecuadas y el tamaño y la ubicación de los poblados. Con esta ley y su modificación en 1962 surgen las “tierras en exceso” donde el Instituto Nacional de Colonización (INC) ejerce las expropiaciones creando propiedades tuteladas y asentando colonos.
A partir de 1951 hay un cambio en el papel del Estado, pasando a ser mucho más intervencionista en la realización de regadíos y en “crear un sector campesino fuerte vinculado a la tierra” actuando, con finalidades sociales, en zonas donde predomina la gran propiedad.
Se trataba de instalar el número máximo de colonos y de producir más alimentos. El mejor modo de incrementar la producción agraria era a través de la puesta en regadío de zonas más extensas.
La nueva política agraria intentó coordinar el desarrollo agrario con el desarrollo industrial creando empleo de mano de obra en agricultura y en obras, como paso intermedio hasta que llegase el desarrollo industrial incrementando el regadío.
LOS 50 Y 60
La década de los 50 y mediados de los 60 fue el periodo más intenso de transformaciones de campos de secano en regadío y cuando se produjeron más asentamientos de colonos en los nuevos poblados.
Los sucesivos gobiernos de la Dictadura, con clara y decidida voluntad, llevaron a cabo, en un cuarto de siglo, una ingente obra de riegos, sin parangón con las realizadas en cualquier otro periodo de nuestra historia.
No sólo se preocuparon por las obras hidráulicas para liberar al labrador de las ataduras del clima asegurándole el agua para riego, sino que se hicieron planes para enseñarle cómo la debía utilizar, se redistribuyeron las tierras y se crearon poblados cerca de las nuevas explotaciones agrícolas planificando cultivos y producciones.
El Estado se lanzó a transformar la producción agrícola del territorio a través de la puesta en riego de nuevas tierras, intentando absorber la población rural excedente y reordenando el espacio rural. Se realizaron concentraciones y reparcelaciones y se acometieron obras que la iniciativa privada, como ya se había demostrado sobradamente, nunca hubiera llevado a cabo. No fueron actuaciones orientadas de forma homogénea o única, pero no dejaron resquicios al desaliento. Con una nueva ideología tecnocrática, el INC fijaba rendimientos y producciones con índices y criterios que debían de cumplirse estrictamente por los colonos.
Los poblados se proyectaban y dotaban para que fueran autosuficientes y disponían de iglesia, escuelas, correos, juzgado y un dispensario médico. Como norma general, una zona se destinaba a comercio y artesanía e incluía carpintería, peluquería y un taller mecánico. Todos los poblados no eran iguales, pero la mayoría eran un pequeño complejo de servicios con maestros y escuelas donde se enseñaban detalles de cómo llevar incluso la contabilidad de una explotación, lo cual dio a las colonizaciones un sentido histórico desconocido.
Hacia 1965 se habían construido 10.589 km. de canales y acequias, 8.230 km. de caminos rurales y 30.013 has. de repoblaciones forestales.
30.000 VIVIENDAS
En total se construyeron 292 poblados nuevos, con 30.410 viviendas de nueva planta con escuelas, clínicas y otros servicios, como cementerios, de los cuales se construyeron 137. De los proyectos fueron autores un total de 77 arquitectos con los que colaboraron medio centenar de ingenieros.
Los Planes de Colonización fueron redactado por ingenieros agrónomos actuando hasta 118 profesionales de esta especialidad.
Los Planes atendieron a 50.000 colonos nuevos que se seleccionaban por niveles de renta, por carecer de tierra propia o por proceder de pueblos inundados por nuevos pantanos. A cada colono se le entregaba una parcela de cuatro a ocho hectáreas y un plan estricto de explotación que debía seguir al menos cinco años. El INC aportaba semillas, abono, insecticidas y ganado, cuyo coste debía reintegrarse con un porcentaje de alrededor del 3% de la producción. La amortización se evaluó para unos 15 ó 20 años en el caso de la tierra y para unos 40 años la vivienda.
La capacidad de nuestros embalses se multiplicó nueve veces durante la Dictadura (pasó de 4.000 Hm3 hasta 36.628 Hm3) y además se aumentaron los riegos extrayendo aguas subterráneas con las que se pusieron en riego millón y medio de nuevas hectáreas.
EL SALTADOR
En Almería se actuó en tres zonas que fueron el campo de Dalías, el Campo de Níjar y El Saltador en Huércal Overa. Mucho más interesante para nuestra provincia fue la construcción del Trasvase Tajo-Segura, acabado tras la muerte de Franco, del que hablaremos el próximo día. Todas las obras y realizaciones que de manera sucinta hemos descrito en esta entrega se hicieron sin cambiar los contenidos de la antigua Ley de Aguas en todo lo referente a su propiedad o administración, aunque los sucesivos gobiernos se vieron obligados, desde el primer momento, a reorganizar la Administración de forma que fuese operativa y que contase además con las dotaciones presupuestarias necesarias. Valga de ejemplo que tras el INC creado en 1939, en 1953 se creó el Servicio de Concentración Parcelaria y en 1971 el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).
(Continuará)
