“Luchar contra la corrupción es subversivo”. Lo dice Roberto Macías, un hombre perseguido y condenado por revelar que el sindicato vinculado al partido que ha gobernado Andalucía durante 38 años recibiera ríos de dinero de la Junta justificados con facturas falsas
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| El denunciante de un caso de malversación sistemática de fondos públicos es, de momento, el único condenado mientras quienes idearon y perpetraron el fraude siguen sueltos y a algunos no serán investigados "por cuestión de salud". |
ALMERÍA HOY / 31·10·2020
“Luchar contra la corrupción es subversivo”. Lo dice Roberto Macías, un hombre perseguido y condenado por revelar que el sindicato vinculado al partido que ha gobernado Andalucía durante 38 años recibiera ríos de dinero de la Junta justificados con facturas falsas. La Unión Europea exige implantar una ley para proteger a los denunciantes de casos de corrupción, pero los partidos miran para otro lado mientras se persigue a quienes por el interés general revelan las vergüenzas del sistema.
- Usted descubre un caso de fraude sistemático y masivo a las arcas públicas y acaba siendo condenado mientras quienes cometían los delitos continúan libres y, en muchos casos, en sus mismos puestos, ¿cómo explicamos esto?
- Porque he sido sometido a una caza de brujas por parte de UGT, que quería encontrar a la persona que reveló unos desmanes contables que han conducido a la Junta de Andalucía a reclamarle 64 millones de euros por el uso indebido de subvenciones recibidas. Esta acción confirma que el fraude perpetrado por el sindicato ha sido sistemático, sin embargo, el primer condenado soy yo. No deja de ser una situación kafkiana. Estoy condenado por denunciar el fraude millonario de UGT-Andalucía y, sin embargo, los responsables de ese fraude aún tardarán unos años en sentarse en el banquillo.
- ¿Cuándo entró usted a trabajar en UGT?
- En 2006 y estuve hasta el 28 de noviembre de 2012. Durante ese tiempo me di cuenta de que la organización había aplicado un sistema para desviar fondos públicos. Existía un sentimiento de impunidad tal que se llegó a informatizar el fraude. Contrataron a una empresa para controlar la contabilidad paralela de ‘botes’ y ‘mordidas’ a proveedores.
- ¿A qué se refiere cuando dice ‘botes’?
- Fundamentalmente una importante fuente de financiación de UGT. Los ‘botes’ eran cantidades ficticias servidas por proveedores. El sindicato encargaba cien cuadernos para una acción formativa, pero en la factura aparecían diez mil, que era la cantidad que se presentaba a la Junta con la solicitud de subvención. Por otra parte, las ‘mordidas’ eran dinero que se pedía a proveedores de confianza a cambio de trabajar con ellos. Por estas prácticas la cúpula de la organización tendrá que responder ante la Justicia por el fraude de 40 millones de euros.
- Antes dijo usted 64.
- Es que son dos asuntos distintos que suman más de cien millones defraudados por UGT y reclamados por la Junta.
- ¿Cómo llega a formar parte de la administración del sindicato?
- Yo soy mejicano y llevaba cuatro años en Sevilla cuando conocí que UGT buscaba personal administrativo. En mi país tenía una trayectoria sindical y vi una posibilidad de desarrollo profesional. Lo que no conocía eran las prácticas de financiación que ya existían en el sindicato.
- ¿Venía usted apadrinado por alguien?
- En absoluto. No conocía a nadie. Me enteré de que buscaban a alguien con un perfil que encajaba con el mío, me presenté, superé unas entrevistas y me eligieron para trabajar en la central de compras de UGT.
- ¿Cuándo empezó a sospechar?
- Al cabo de unos meses comencé a ver facturas cuyos conceptos no se correspondían con los pedidos y que se modificaban importes para que coincidieran con el que se debía justificar a la Junta por las subvenciones recibidas. Trataban así de dar forma de legalidad a la entrada de dinero que llegaba desde la Administración andaluza, hasta que en 2011 contrataron a una empresa que montó un sistema informático para esa contabilidad fraudulenta de fondos públicos. Estamos hablando de algo muy grave, porque no es sólo un delito de falsedad documental, sino de un uso fraudulento de subvenciones cuya finalidad era formar personas en paro, lo que lo hace más escandaloso, sangrante y reprobable. Eran fondos europeos destinados a mitigar la crisis brutal de desempleo.
- ¿Comentó esto con sus compañeros?
- La mayoría ya sabía que las cosas funcionaban así, pero nadie quería mover nada por miedo a la responsabilidad que pudieran tener.
- ¿Era miedo o complicidad?
- Lo que más había era miedo. Todos conocíamos las relaciones del sindicato con la Administración andaluza y su partido hermano, el PSOE.
- ¿Pero escuchó algún comentario entre sus compañeros criticando estas prácticas?
- Lo aceptaban como un sistema ya implantado que funcionaba con normalidad, aunque sabían perfectamente que era ilegal. Alguno llegó a hablar en público de la que se podía liar si la Guardia Civil entrase a registrar.
- ¿Cobraban sobresueldos por callar estas prácticas?
- Los trabajadores no.
- ¿Sus sueldos eran altos? - Yo cobraba 1.100 euros al mes como técnico medio administrativo. No me parece una cantidad desorbitada.
- ¿Qué le llevó a romper el silencio?
- Me costó tomar la decisión, hasta que el sindicato decidió despedir a 159 trabajadores aplicando precisamente la ley de Reforma Laboral que tanto había criticado y por la que llenó las calles reclamando su derogación. Fue un ejercicio de hipocresía imposible de digerir. Los despidieron como a perros. Me pareció un comportamiento repugnante.
- ¿Cómo se produjeron esos despidos?
- Los incluyeron en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pagándoles lo mínimo que permitía la Reforma Laboral, es decir, 20 días por año trabajado hasta un máximo de doce mensualidades. Había personas que llevaban 25 años trabajando en el sindicato. No me pareció justo, correcto ni decente. Por eso decidí dar información a la prensa sobre lo que después pasó a ser conocido como el caso de las facturas falsas de UGT.
- ¿Creyó usted que se respetaría su anonimato a pesar del escándalo que levantaría su información?
- Elegí la vía de la información pública para proteger mi nombre, pero sobre todo a mi familia. Era consciente de que emprenderían una campaña de presión y represalias. No podía confiar en una Policía ni en una Fiscalía que tienen mandos nombrados por políticos. El PSOE llevaba 38 años gobernando en Andalucía y no quería poner en peligro el futuro de mis hijos. Por eso opté por denunciar los hechos por medio de la prensa.
- ¿Cómo acabaron identificándole?
- Contrataron a una empresa internacional de contraespionaje informático que llegó a la conclusión de que en mi ordenador se habían copiado 22.500 archivos. Fue la prueba de cargo que emplearon contra mí. Yo intenté desmontar ese argumento, aunque es verdad que hice algunas copias. Dijeron que me llevé lo que había en una carpeta etiquetada como “facturas confidenciales” que nunca existió. Prueba de ello es que no la presentaron como prueba en los demás procedimientos abiertos contra el sindicato. La inventaron para poder fundamentar su querella contra mí y el registro de mi domicilio.
- ¿Usted llegó a reconocer que copió esos archivos?
- No. Entiendo que registraron mi domicilio a instancias de UGT porque conocían perfectamente la trascendencia de la información que yo tenía y pensaban que, privándome de ella, los medios dejarían de publicar noticias acerca del fraude que estaban cometiendo. Me dejaron el piso revuelto hasta el punto de que tuve que emplear cuatro días en ponerlo en orden. A ningún líder de UGT le hicieron nada parecido. La Justicia fue conmigo tan rigurosa como piadosa con los dirigentes del sindicato. De hecho, a Manuel Pastrana, cabeza de UGT Andalucía durante 15 años, le archivaron la causa por cuestiones de salud.
- ¿Cuál su estado emocional después de esto?
- Yo he perdido totalmente la estabilidad y la tranquilidad. A la familia le cuesta entender por qué uno continúa luchando contra este sistema y estas injusticias. Mis posibilidades para encontrar un empleo se han reducido porque en Andalucía no se premia la honestidad y la transparencia. Todo lo contrario: se criminaliza. Parece que existiera una lista negra en la que estamos inscritos quienes nos rebelamos contra esta forma de esquilmar los recursos de los ciudadanos. Luchar contra la corrupción es subversivo en España, porque este fraude del que estamos hablando, UGT lo ha replicado en Asturias, Baleares, en Canarias, donde está siendo investigada la organización. Se empeñan en silenciarme porque soy una de las voces más críticas y he desvelado estos hechos en parlamentos autonómicos, como el andaluz y el asturiano. Hasta en el europeo he estado señalando estas irregularidades.
- Sin embargo, la juez ha puesto su mira en que usted difundió una información interna de UGT en lugar de valorar el beneficio social propiciado por sus revelaciones.
- Pero tampoco es ese mi caso. Yo tenía acceso libre a esa información porque trabajaba habitualmente con ella y no vulneré ningún mecanismo de seguridad. - Supongo que usted tendría unas obligaciones de confidencialidad acerca de esas informaciones, pero al desvelarlas cumple con su obligación ciudadana de denunciar un delito. Sin embargo, en lugar de ser protegido, ha terminado condenado.
- Porque detrás de esto existe un problema político. Yo llevo más de cuatro años solicitando a todos los partidos que aprueben para España una ley de protección de alertadores de corrupción. Ya existe una directiva europea que debe ser implantada obligatoriamente en todos los países miembros de la Unión. Todos tienen buenos gestos e incluso nos aplauden. Sin embargo, se esfuerzan en obtener un rédito político reprochando al adversario conductas que albergan en su propio seno, y procuran empantanar la aprobación de esa norma que pretende amparar al denunciante. De hecho, cuando Ciudadanos presentó un proyecto de ley en ese sentido, recibió tantas enmiendas que acabó bloqueado. Todos los partidos boicotean nuestras acciones. Prima más la lucha política que resguardar a quienes sufren durante años un calvario por defender el dinero de todos los españoles.
- Prueba de ello es que usted ha acabado condenado.
- La juez ha hecho una interpretación errónea y canallesca de la directiva europea porque constituye una represalia más, mientras que Europa busca fomentar la denuncia de la corrupción y que se proteja a quien la revela.
- ¿Qué vida llevan los presuntos delincuentes?
- Es una situación esperpéntica. Sueltos, en la calle, sin ser juzgados. Aquí alguien destapa una información que persigue el bien común y acaba siendo atropellado por el sistema, como el caso de Julian Assange por denunciar la vulneración de derechos humanos; de Falciani por revelar las cuentas de políticos en paraísos fiscales; o de Luis Gonzalo Segura por descubrir las corruptelas en la compra de armas por el Ejército español. Todos los denunciantes de casos graves de corrupción acabamos siendo acosados, acorralados y condenados por haber luchado por el interés general.
- ¿Cuando hace acopio de recuerdos y experiencias, concluye que ha merecido la pena pasar por esto?
- Pienso que es lo más justo que he podido hacer. Si no llego a reaccionar, ese sistema de rapiña y saqueo al dinero de todos los andaluces hubiera seguido funcionando a perpetuidad. Entiendo que debe primar el derecho a la expresión y a la información sobre el secreto que ampara delitos.
- ¿Aconsejaría a su hijo que hiciera lo mismo que usted?
- Yo le diría que sea valiente. Es lo que me dijo mi padre. A fin de cuentas, sólo he cumplido con un deber ciudadano, aunque haya sufrido un calvario por hacerlo, y espero que mi experiencia sirva para que quienes conozcan hechos flagrantes de corrupción los denuncien y sean protegidos.
- ¿Sabía usted dónde iba a parar el dinero que entraba de manera irregular al sindicato y quién lo manejaba?
- Sé que entraba a las cuentas de UGT, pero desconozco qué hacían con él, salvo que una parte se utilizaba para pagar sobresueldos a los integrantes de la Comisión Ejecutiva. Todos, desde Francisco Fernández Sevilla a Manuel Pastrana recibían 900 euros al mes falseando kilometrajes y dietas. Absolutamente todos hacían cada mes exactamente los mismos kilómetros un año tras otro, algo sin precedentes en cualquier organización.
- ¿Los mismos números siempre?
- Fue la idea que se le ocurrió a alguien para justificar contablemente la entrega de esos 900 euros al mes.
- ¿A cuánto ascendía el sueldo al que se añadía ese dinero?
- No tenían sueldo a cargo de UGT porque eran liberados sindicales en sus empresas, que les pagaban íntegro los salarios correspondientes sin que tuvieran que presentarse en su centro de trabajo. La mayoría venían de empresas públicas. Pastrana estaba en nómina de la Diputación de Jaén.
- Relacionado con los escándalos en la UGT se supo que el sindicato pagaba al secretario general andaluz una vivienda de lujo en Sevilla.
- Exacto. Manuel Pastrana es un megalómano. Un sindicalista ‘vip’. El día que me despidieron, el 28 de noviembre de 2012, se encontraba en un hotel de lujo en Sudáfrica pagado con la Visa Oro del sindicato y el dinero de los afiliados. A mi juicio, una auténtica inmoralidad. Algo muy grave. Disfrutaba de casa y coche del sindicato. Incluso tenía chófer a su disposición. Vivía a cuerpo de rey y por una cuestión de salud archivan la causa abierta contra él como máximo responsable de UGT en Andalucía.
- Además de ese viaje, ¿conoce otros excesos de los dirigentes pagados con la Visa Oro?
- El secretario general la usaba hasta para pagar las gominolas que compraba en la gasolinera. No gastaban ni un céntimo de su bolsillo. Por mis manos pasó la factura de un ágape en un restaurante de lujo de Sevilla en el que 13 invitados por Manuel Pastrana se comieron 25 raciones de langostinos a la salud del sindicato. Tuvo que ser algo épico, en el que los comensales demostraron su destreza y habilidad para devorar marisco. Hay muchos casos documentados en los que el marisco y el jamón cobraban un gran protagonismo en la vida de estos hombres. Esa dieta debe tener mucho que ver en que acaban retirándose pronto a causa de enfermedades.
- Usted descubre un caso de fraude sistemático y masivo a las arcas públicas y acaba siendo condenado mientras quienes cometían los delitos continúan libres y, en muchos casos, en sus mismos puestos, ¿cómo explicamos esto?
- Porque he sido sometido a una caza de brujas por parte de UGT, que quería encontrar a la persona que reveló unos desmanes contables que han conducido a la Junta de Andalucía a reclamarle 64 millones de euros por el uso indebido de subvenciones recibidas. Esta acción confirma que el fraude perpetrado por el sindicato ha sido sistemático, sin embargo, el primer condenado soy yo. No deja de ser una situación kafkiana. Estoy condenado por denunciar el fraude millonario de UGT-Andalucía y, sin embargo, los responsables de ese fraude aún tardarán unos años en sentarse en el banquillo.
- ¿Cuándo entró usted a trabajar en UGT?
- En 2006 y estuve hasta el 28 de noviembre de 2012. Durante ese tiempo me di cuenta de que la organización había aplicado un sistema para desviar fondos públicos. Existía un sentimiento de impunidad tal que se llegó a informatizar el fraude. Contrataron a una empresa para controlar la contabilidad paralela de ‘botes’ y ‘mordidas’ a proveedores.
- ¿A qué se refiere cuando dice ‘botes’?
- Fundamentalmente una importante fuente de financiación de UGT. Los ‘botes’ eran cantidades ficticias servidas por proveedores. El sindicato encargaba cien cuadernos para una acción formativa, pero en la factura aparecían diez mil, que era la cantidad que se presentaba a la Junta con la solicitud de subvención. Por otra parte, las ‘mordidas’ eran dinero que se pedía a proveedores de confianza a cambio de trabajar con ellos. Por estas prácticas la cúpula de la organización tendrá que responder ante la Justicia por el fraude de 40 millones de euros.
- Antes dijo usted 64.
- Es que son dos asuntos distintos que suman más de cien millones defraudados por UGT y reclamados por la Junta.
- ¿Cómo llega a formar parte de la administración del sindicato?
- Yo soy mejicano y llevaba cuatro años en Sevilla cuando conocí que UGT buscaba personal administrativo. En mi país tenía una trayectoria sindical y vi una posibilidad de desarrollo profesional. Lo que no conocía eran las prácticas de financiación que ya existían en el sindicato.
- ¿Venía usted apadrinado por alguien?
- En absoluto. No conocía a nadie. Me enteré de que buscaban a alguien con un perfil que encajaba con el mío, me presenté, superé unas entrevistas y me eligieron para trabajar en la central de compras de UGT.
- ¿Cuándo empezó a sospechar?
- Al cabo de unos meses comencé a ver facturas cuyos conceptos no se correspondían con los pedidos y que se modificaban importes para que coincidieran con el que se debía justificar a la Junta por las subvenciones recibidas. Trataban así de dar forma de legalidad a la entrada de dinero que llegaba desde la Administración andaluza, hasta que en 2011 contrataron a una empresa que montó un sistema informático para esa contabilidad fraudulenta de fondos públicos. Estamos hablando de algo muy grave, porque no es sólo un delito de falsedad documental, sino de un uso fraudulento de subvenciones cuya finalidad era formar personas en paro, lo que lo hace más escandaloso, sangrante y reprobable. Eran fondos europeos destinados a mitigar la crisis brutal de desempleo.
- ¿Comentó esto con sus compañeros?
- La mayoría ya sabía que las cosas funcionaban así, pero nadie quería mover nada por miedo a la responsabilidad que pudieran tener.
- ¿Era miedo o complicidad?
- Lo que más había era miedo. Todos conocíamos las relaciones del sindicato con la Administración andaluza y su partido hermano, el PSOE.
- ¿Pero escuchó algún comentario entre sus compañeros criticando estas prácticas?
- Lo aceptaban como un sistema ya implantado que funcionaba con normalidad, aunque sabían perfectamente que era ilegal. Alguno llegó a hablar en público de la que se podía liar si la Guardia Civil entrase a registrar.
- ¿Cobraban sobresueldos por callar estas prácticas?
- Los trabajadores no.
- ¿Sus sueldos eran altos? - Yo cobraba 1.100 euros al mes como técnico medio administrativo. No me parece una cantidad desorbitada.
- ¿Qué le llevó a romper el silencio?
- Me costó tomar la decisión, hasta que el sindicato decidió despedir a 159 trabajadores aplicando precisamente la ley de Reforma Laboral que tanto había criticado y por la que llenó las calles reclamando su derogación. Fue un ejercicio de hipocresía imposible de digerir. Los despidieron como a perros. Me pareció un comportamiento repugnante.
- ¿Cómo se produjeron esos despidos?
- Los incluyeron en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pagándoles lo mínimo que permitía la Reforma Laboral, es decir, 20 días por año trabajado hasta un máximo de doce mensualidades. Había personas que llevaban 25 años trabajando en el sindicato. No me pareció justo, correcto ni decente. Por eso decidí dar información a la prensa sobre lo que después pasó a ser conocido como el caso de las facturas falsas de UGT.
- ¿Creyó usted que se respetaría su anonimato a pesar del escándalo que levantaría su información?
- Elegí la vía de la información pública para proteger mi nombre, pero sobre todo a mi familia. Era consciente de que emprenderían una campaña de presión y represalias. No podía confiar en una Policía ni en una Fiscalía que tienen mandos nombrados por políticos. El PSOE llevaba 38 años gobernando en Andalucía y no quería poner en peligro el futuro de mis hijos. Por eso opté por denunciar los hechos por medio de la prensa.
- ¿Cómo acabaron identificándole?
- Contrataron a una empresa internacional de contraespionaje informático que llegó a la conclusión de que en mi ordenador se habían copiado 22.500 archivos. Fue la prueba de cargo que emplearon contra mí. Yo intenté desmontar ese argumento, aunque es verdad que hice algunas copias. Dijeron que me llevé lo que había en una carpeta etiquetada como “facturas confidenciales” que nunca existió. Prueba de ello es que no la presentaron como prueba en los demás procedimientos abiertos contra el sindicato. La inventaron para poder fundamentar su querella contra mí y el registro de mi domicilio.
- ¿Usted llegó a reconocer que copió esos archivos?
- No. Entiendo que registraron mi domicilio a instancias de UGT porque conocían perfectamente la trascendencia de la información que yo tenía y pensaban que, privándome de ella, los medios dejarían de publicar noticias acerca del fraude que estaban cometiendo. Me dejaron el piso revuelto hasta el punto de que tuve que emplear cuatro días en ponerlo en orden. A ningún líder de UGT le hicieron nada parecido. La Justicia fue conmigo tan rigurosa como piadosa con los dirigentes del sindicato. De hecho, a Manuel Pastrana, cabeza de UGT Andalucía durante 15 años, le archivaron la causa por cuestiones de salud.
- ¿Cuál su estado emocional después de esto?
- Yo he perdido totalmente la estabilidad y la tranquilidad. A la familia le cuesta entender por qué uno continúa luchando contra este sistema y estas injusticias. Mis posibilidades para encontrar un empleo se han reducido porque en Andalucía no se premia la honestidad y la transparencia. Todo lo contrario: se criminaliza. Parece que existiera una lista negra en la que estamos inscritos quienes nos rebelamos contra esta forma de esquilmar los recursos de los ciudadanos. Luchar contra la corrupción es subversivo en España, porque este fraude del que estamos hablando, UGT lo ha replicado en Asturias, Baleares, en Canarias, donde está siendo investigada la organización. Se empeñan en silenciarme porque soy una de las voces más críticas y he desvelado estos hechos en parlamentos autonómicos, como el andaluz y el asturiano. Hasta en el europeo he estado señalando estas irregularidades.
- Sin embargo, la juez ha puesto su mira en que usted difundió una información interna de UGT en lugar de valorar el beneficio social propiciado por sus revelaciones.
- Pero tampoco es ese mi caso. Yo tenía acceso libre a esa información porque trabajaba habitualmente con ella y no vulneré ningún mecanismo de seguridad. - Supongo que usted tendría unas obligaciones de confidencialidad acerca de esas informaciones, pero al desvelarlas cumple con su obligación ciudadana de denunciar un delito. Sin embargo, en lugar de ser protegido, ha terminado condenado.
- Porque detrás de esto existe un problema político. Yo llevo más de cuatro años solicitando a todos los partidos que aprueben para España una ley de protección de alertadores de corrupción. Ya existe una directiva europea que debe ser implantada obligatoriamente en todos los países miembros de la Unión. Todos tienen buenos gestos e incluso nos aplauden. Sin embargo, se esfuerzan en obtener un rédito político reprochando al adversario conductas que albergan en su propio seno, y procuran empantanar la aprobación de esa norma que pretende amparar al denunciante. De hecho, cuando Ciudadanos presentó un proyecto de ley en ese sentido, recibió tantas enmiendas que acabó bloqueado. Todos los partidos boicotean nuestras acciones. Prima más la lucha política que resguardar a quienes sufren durante años un calvario por defender el dinero de todos los españoles.
- Prueba de ello es que usted ha acabado condenado.
- La juez ha hecho una interpretación errónea y canallesca de la directiva europea porque constituye una represalia más, mientras que Europa busca fomentar la denuncia de la corrupción y que se proteja a quien la revela.
- ¿Qué vida llevan los presuntos delincuentes?
- Es una situación esperpéntica. Sueltos, en la calle, sin ser juzgados. Aquí alguien destapa una información que persigue el bien común y acaba siendo atropellado por el sistema, como el caso de Julian Assange por denunciar la vulneración de derechos humanos; de Falciani por revelar las cuentas de políticos en paraísos fiscales; o de Luis Gonzalo Segura por descubrir las corruptelas en la compra de armas por el Ejército español. Todos los denunciantes de casos graves de corrupción acabamos siendo acosados, acorralados y condenados por haber luchado por el interés general.
- ¿Cuando hace acopio de recuerdos y experiencias, concluye que ha merecido la pena pasar por esto?
- Pienso que es lo más justo que he podido hacer. Si no llego a reaccionar, ese sistema de rapiña y saqueo al dinero de todos los andaluces hubiera seguido funcionando a perpetuidad. Entiendo que debe primar el derecho a la expresión y a la información sobre el secreto que ampara delitos.
- ¿Aconsejaría a su hijo que hiciera lo mismo que usted?
- Yo le diría que sea valiente. Es lo que me dijo mi padre. A fin de cuentas, sólo he cumplido con un deber ciudadano, aunque haya sufrido un calvario por hacerlo, y espero que mi experiencia sirva para que quienes conozcan hechos flagrantes de corrupción los denuncien y sean protegidos.
- ¿Sabía usted dónde iba a parar el dinero que entraba de manera irregular al sindicato y quién lo manejaba?
- Sé que entraba a las cuentas de UGT, pero desconozco qué hacían con él, salvo que una parte se utilizaba para pagar sobresueldos a los integrantes de la Comisión Ejecutiva. Todos, desde Francisco Fernández Sevilla a Manuel Pastrana recibían 900 euros al mes falseando kilometrajes y dietas. Absolutamente todos hacían cada mes exactamente los mismos kilómetros un año tras otro, algo sin precedentes en cualquier organización.
- ¿Los mismos números siempre?
- Fue la idea que se le ocurrió a alguien para justificar contablemente la entrega de esos 900 euros al mes.
- ¿A cuánto ascendía el sueldo al que se añadía ese dinero?
- No tenían sueldo a cargo de UGT porque eran liberados sindicales en sus empresas, que les pagaban íntegro los salarios correspondientes sin que tuvieran que presentarse en su centro de trabajo. La mayoría venían de empresas públicas. Pastrana estaba en nómina de la Diputación de Jaén.
- Relacionado con los escándalos en la UGT se supo que el sindicato pagaba al secretario general andaluz una vivienda de lujo en Sevilla.
- Exacto. Manuel Pastrana es un megalómano. Un sindicalista ‘vip’. El día que me despidieron, el 28 de noviembre de 2012, se encontraba en un hotel de lujo en Sudáfrica pagado con la Visa Oro del sindicato y el dinero de los afiliados. A mi juicio, una auténtica inmoralidad. Algo muy grave. Disfrutaba de casa y coche del sindicato. Incluso tenía chófer a su disposición. Vivía a cuerpo de rey y por una cuestión de salud archivan la causa abierta contra él como máximo responsable de UGT en Andalucía.
- Además de ese viaje, ¿conoce otros excesos de los dirigentes pagados con la Visa Oro?
- El secretario general la usaba hasta para pagar las gominolas que compraba en la gasolinera. No gastaban ni un céntimo de su bolsillo. Por mis manos pasó la factura de un ágape en un restaurante de lujo de Sevilla en el que 13 invitados por Manuel Pastrana se comieron 25 raciones de langostinos a la salud del sindicato. Tuvo que ser algo épico, en el que los comensales demostraron su destreza y habilidad para devorar marisco. Hay muchos casos documentados en los que el marisco y el jamón cobraban un gran protagonismo en la vida de estos hombres. Esa dieta debe tener mucho que ver en que acaban retirándose pronto a causa de enfermedades.
