La licitación de obra pública en la provincia se desplomó en marzo al mínimo histórico

Los empresarios almerienses reclaman su inmediata reactivación.


Junta directiva de ASEMPAL

ALMERÍA HOY / 08·05·2020

La publicación en el BOE del Real Decreto que, entre otras medidas, levanta la prohibición contenida en el Estado de Alarma para que se pueda volver a licitar obra pública, ha sido recibida con satisfacción por el presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, José Cano García.

Se trata de una de las demandas que los empresarios almerienses vienen reclamando con insistencia para que se "reactive" la actividad económica y que todas las administraciones puedan retomar la inversión pública en una provincia con muchas infraestructuras pendientes, en palabras de José Cano.

Para ASEMPAL, uno de los ejes fundamentales para impulsar la economía es la inversión en obra pública, ya que puede actuar como palanca para la recuperación del empleo y el consumo. En esta línea, Cano estima que es clave impulsar las licitaciones de obras y reactivar todos los procesos de ejecución de proyectos y contratos, que quedaron paralizados cuando se decretó el Estado de Alarma, y que ahora se pueden acometer salvaguardando las medidas de seguridad y protección.

Y es que esos contratos públicos se desplomaron en la provincia en marzo con sólo 1,39 millones de euros, la cifra más baja de la serie histórica de datos 2008-2020. Ni tan siquiera en años de gran sequía en licitaciones en Almería en ese periodo, 2016 (3,5 millones) o 2011 (3,7), llegó a caer a este nivel.

Un cambio radical si lo comparamos con el volumen de licitación de marzo de 2019, en el que el conjunto de administraciones licitó obras en Almería por valor de 25,4 millones, lo que representa una caída del 94 % en marzo de 2020.

Igualmente, si nos atenemos al volumen de licitación del primer trimestre de este año se observa un descenso del 80% en relación al mismo periodo de 2019.

A tenor de estos datos, advierte José Cano la necesidad de que desde las administraciones se reactive la licitación de obra pública, ya que aportaría liquidez y seguridad a las empresas que concurren a esos concursos, así como a sus proveedores.