El empresario reclamaba 1,4 millones que invirtió en una finca cuyo arrendamiento negoció pero nunca llegó a ser firmado por la dirección de los regantes antusos. La juez ha archivado la querella y señala al demandante que puede recurrir a la vía civil.
ALMERÍA HOY / 15·05·2020
La titular del número 1 de Vera ha archivado la querella presentada por la empresa Gestimur SL, perteneciente al Grupo Torralba, que reclamaba a todos los miembros de la Junta Rectora de la Sociedad Agrícola de Transformación (SAT) de Antas, salvo al entonces teniente de alcalde Ginés Pérez (PP), los 1,4 millones invertidos en la transformación de una finca cuyo arrendamiento aseguraba haber acordado con los regantes, pero que nunca se llegó a firmar. La Justicia no ha visto durante la instrucción engaño ni enriquecimiento injusto, y señala al querellante la jurisdicción civil para resolver su petición.
Pérez había defendido ante la asamblea de regantes argumentos en la línea de los sostenidos por Torralba, y llegó a solicitar la dimisión de sus seis compañeros de Junta, sin embargo, acabó siendo separado de la directiva al no prosperar su propuesta.
La juez basa su decisión, que exonera a los acusados, en que no ha existido “engaño” al entender que Torralba conocía las circunstancias legales de la finca, así como que los directivos de la SAT se negaron a firmar el nuevo contrato propuesto por Gestimur “por contener modificaciones sustanciales” que no habían sido aprobadas por la asamblea, y no el acordado en un principio por ambas partes.
Además, el auto señala que tampoco ha existido “beneficio injusto” por parte de los querellados que haya ocasionado intencionadamente un perjuicio al denunciante.
Pero, aunque la juez ha cerrado en diligencias previas la vía penal, en el mismo auto ha señalado al demandante la civil como jurisdicción apropiada para dilucidar si procede la indemnización que reclama y, en su caso, hasta dónde debe ascender la cantidad con que debe ser resarcido.
Pérez había defendido ante la asamblea de regantes argumentos en la línea de los sostenidos por Torralba, y llegó a solicitar la dimisión de sus seis compañeros de Junta, sin embargo, acabó siendo separado de la directiva al no prosperar su propuesta.
La juez basa su decisión, que exonera a los acusados, en que no ha existido “engaño” al entender que Torralba conocía las circunstancias legales de la finca, así como que los directivos de la SAT se negaron a firmar el nuevo contrato propuesto por Gestimur “por contener modificaciones sustanciales” que no habían sido aprobadas por la asamblea, y no el acordado en un principio por ambas partes.
Además, el auto señala que tampoco ha existido “beneficio injusto” por parte de los querellados que haya ocasionado intencionadamente un perjuicio al denunciante.
Pero, aunque la juez ha cerrado en diligencias previas la vía penal, en el mismo auto ha señalado al demandante la civil como jurisdicción apropiada para dilucidar si procede la indemnización que reclama y, en su caso, hasta dónde debe ascender la cantidad con que debe ser resarcido.
