La sentencia revela que no existía memoria del evento y “sólo se llevó a cabo una simple inspección ocular del recorrido de la cabalgata, siguiendo instrucciones de la Concejalía de Cultura”
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| Fachada del Ayuntamiento de Níjar |
ALMERÍA HOY / 25·04·2020
Esperanza Pérez, alcaldesa de Níjar, asume la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar 200.000 euros por una negligencia cometida durante la Cabalgata de Reyes del año 2015, en la que murió un joven que encarnaba el papel de uno de los papeles de Rey, al caer desde lo alto de la carroza. La primera edil ha anunciado que “no vamos a recurrir, bastante ha sufrido ya la familia y es hora de ayudarles a cerrar este capítulo en sus vidas. La sentencia es muy clara y cualquier acción por nuestra parte sólo retrasaría lo inevitable, lo que no quiere decir que el Ayuntamiento zanje esta cuestión. Indemnizada la familia, tenemos que exigir de oficio a las autoridades del momento preciso de los hechos la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves”.
En este sentido, cabe señalar que la sentencia del Contencioso Administrativo sólo se dirige al Ayuntamiento de Níjar “sin perjuicio de que éste pueda después reclamar frente a quien corresponda”. Cerrado este capítulo, se abre uno nuevo en el que el Consistorio tratará de reparar el daño a la Institución, con la acción de repetición que marca la ley para estos supuestos.
“Desde que llegamos al equipo de gobierno en verano de 2015, seis meses después de aquellos hechos, no se ha hecho una sola celebración o fiesta sin planes de emergencia o seguros de responsabilidad adecuados. Y se hacen porque lo exige la ley, ahora y desde el año 2007. Este caso se suma al de otras sentencias en las que también se nos ha condenado como Ayuntamiento al pago de importantes indemnizaciones por demandas y contratos fallidos del último gobierno del Partido Popular en Níjar. Pero hasta aquí hemos llegado”, afirma Esperanza Pérez, molesta por la actitud de la actual oposición, que era el equipo de Gobierno en el momento del accidente, y que ahora utiliza las redes sociales para exigir al Consistorio ayudas a autónomos o exenciones masivas de impuestos con ocasión del coronavirus.
“Después de levantar una losa de más de 23 millones de euros de deuda que dejaron en las arcas municipales, de abonar indemnizaciones por sentencias hasta por no pagarle a la empresa que hacía para ellos las inspecciones fiscales a los vecinos de Níjar, con un objetivo absolutamente recaudatorio, tendremos que escuchar alguna barbaridad o ser testigos de cómo intentan desviar la atención, pero la ley es clara tanto para condenar a un Ayuntamiento en casos como el de la Cabalgata de 2015, como a hora de marcar la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades al servicio de las Administraciones Públicas”, adelanta la alcaldesa.
La sentencia deja absolutamente claro que no existía “una memoria descriptiva del evento, tal y como exige el Real Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, existiendo únicamente un documento denominado Informe de la Concejalía delegada para asuntos de Juventud, Educación, Festejos y Participación Ciudadana y de la Concejalía delegada del área de Turismo, Deporte y Cultura”.
Asimismo, el dictamen judicial recoge que “sólo se llevó a cabo una simple inspección ocular del recorrido de la cabalgata, siguiendo instrucciones de la Concejalía de Cultura”. Estos son los hechos reconocidos en la base de la condena al Ayuntamiento de Níjar, y que ahora son la parte fundamental del análisis que se lleva a cabo para emprender las acciones legales pertinentes por parte del Ayuntamiento, para recuperar el importe de la indemnización, las costas y el crédito perdido con esta condena.
En este sentido, cabe señalar que la sentencia del Contencioso Administrativo sólo se dirige al Ayuntamiento de Níjar “sin perjuicio de que éste pueda después reclamar frente a quien corresponda”. Cerrado este capítulo, se abre uno nuevo en el que el Consistorio tratará de reparar el daño a la Institución, con la acción de repetición que marca la ley para estos supuestos.
“Desde que llegamos al equipo de gobierno en verano de 2015, seis meses después de aquellos hechos, no se ha hecho una sola celebración o fiesta sin planes de emergencia o seguros de responsabilidad adecuados. Y se hacen porque lo exige la ley, ahora y desde el año 2007. Este caso se suma al de otras sentencias en las que también se nos ha condenado como Ayuntamiento al pago de importantes indemnizaciones por demandas y contratos fallidos del último gobierno del Partido Popular en Níjar. Pero hasta aquí hemos llegado”, afirma Esperanza Pérez, molesta por la actitud de la actual oposición, que era el equipo de Gobierno en el momento del accidente, y que ahora utiliza las redes sociales para exigir al Consistorio ayudas a autónomos o exenciones masivas de impuestos con ocasión del coronavirus.
“Después de levantar una losa de más de 23 millones de euros de deuda que dejaron en las arcas municipales, de abonar indemnizaciones por sentencias hasta por no pagarle a la empresa que hacía para ellos las inspecciones fiscales a los vecinos de Níjar, con un objetivo absolutamente recaudatorio, tendremos que escuchar alguna barbaridad o ser testigos de cómo intentan desviar la atención, pero la ley es clara tanto para condenar a un Ayuntamiento en casos como el de la Cabalgata de 2015, como a hora de marcar la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades al servicio de las Administraciones Públicas”, adelanta la alcaldesa.
La sentencia deja absolutamente claro que no existía “una memoria descriptiva del evento, tal y como exige el Real Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, existiendo únicamente un documento denominado Informe de la Concejalía delegada para asuntos de Juventud, Educación, Festejos y Participación Ciudadana y de la Concejalía delegada del área de Turismo, Deporte y Cultura”.
Asimismo, el dictamen judicial recoge que “sólo se llevó a cabo una simple inspección ocular del recorrido de la cabalgata, siguiendo instrucciones de la Concejalía de Cultura”. Estos son los hechos reconocidos en la base de la condena al Ayuntamiento de Níjar, y que ahora son la parte fundamental del análisis que se lleva a cabo para emprender las acciones legales pertinentes por parte del Ayuntamiento, para recuperar el importe de la indemnización, las costas y el crédito perdido con esta condena.
