Uno de los testigos ausentes está interno en una prisión de Algeciras.
ALMERÍA HOY / 13·03·2020
El juicio contra tres extrabajadores de una empresa de seguridad y un cuarto acusado por grabar y difundir presuntamente las imágenes de dos internos del centro de menores 'Tierras de Oria', en Almería, cuando se encontraban bajo medidas de contención con sujeción mecánica ha quedado aplazado al próximo 29 de octubre después de se acordara su suspensión por la ausencia de dos testigos, uno de ellos interno en la prisión de Botafuegos de Algeciras (Cádiz).
Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press la nueva fecha para la celebración de la vista tras la que se fijarán mediante sentencia las medidas contra uno de los exempleados acusados quien habría mostrado ya su conformidad con el relato de los hechos.
Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para los enjuiciados penas que oscilan entre los tres años y medio de prisión, y los cuatro años y ocho meses por la supuesta comisión de varios delitos relativos de descubrimiento y revelación de secretos al considerar que los menores que fueron filmados no prestaron su consentimiento para la adopción y difusión de las imágenes, por las que "se sienten perjudicados".
En concreto, el Ministerio Público interesa para A.G.I., cuatro años y ocho meses de prisión al considerar que fue quien recibió las grabaciones en las que los menores "resultaban reconocibles" y las divulgó entre diversos medios de comunicación para conseguir una "mayor difusión" aunque era conocedor de que los afectados "no habían prestado su consentimiento".
Cabe recordar que el acusado, quien estuvo interno en el centro de menores con anterioridad a los hechos, llegó a acusar a los profesionales del centro de supuesto maltrato, para lo que se servía de la plataforma 'Centrosdemenores.es' para denunciar las prácticas de contención mecánica que se emplean en el centro bajo un protocolo.
Dicho sistema llegó a ser investigado por la Fiscalía, que inspeccionó las instalaciones sin que se detectaran "anomalías". Las imágenes fueron recibidas por el acusado a principios de 2015, si bien las grabaciones se corresponden a fechas anteriores según la investigación del Ministerio Público.
En este sentido, apunta a que una de ellas fue realizada en julio de 2011 por el entonces trabajador de la empresa Corys Seguridad J.V.O.M., para quien el fiscal pedía cuatro años de prisión.
El hombre habría grabado a un menor de 17 años mientras estaba siendo sometido a un mecanismo de contención mecánica cuando estaba "encargado de su vigilancia" y "con ánimo de atentar contra su intimidad y su derecho a la propia imagen".
El segundo vídeo habría sido captado en abril de 2014 por los acusados M.R.M. y M.R.R. "de común acuerdo" y sin el consentimiento del joven de 20 años, que estaba bajo la vigilancia de un tercero.
Así, con el "ánimo de vulnerar su intimidad y su derecho a la propia imagen, se acercaron a la habitación en la que se hallaba y lo grabaron con el teléfono móvil". Por estos hechos la Fiscalía pedía tres años y medio de prisión para cada uno.
Además de las penas privativas de libertad, el fiscal también interesa una multa de 40 meses a razón de once euros diarios para A.G.I., así como el pago solidario de 4.500 euros para cada uno de los afectados, de forma que la empresa de seguridad deberá hacerse cargo de estas últimas cantidades en caso de que no lo hicieran los acusados.
Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press la nueva fecha para la celebración de la vista tras la que se fijarán mediante sentencia las medidas contra uno de los exempleados acusados quien habría mostrado ya su conformidad con el relato de los hechos.
Inicialmente, la Fiscalía solicitaba para los enjuiciados penas que oscilan entre los tres años y medio de prisión, y los cuatro años y ocho meses por la supuesta comisión de varios delitos relativos de descubrimiento y revelación de secretos al considerar que los menores que fueron filmados no prestaron su consentimiento para la adopción y difusión de las imágenes, por las que "se sienten perjudicados".
En concreto, el Ministerio Público interesa para A.G.I., cuatro años y ocho meses de prisión al considerar que fue quien recibió las grabaciones en las que los menores "resultaban reconocibles" y las divulgó entre diversos medios de comunicación para conseguir una "mayor difusión" aunque era conocedor de que los afectados "no habían prestado su consentimiento".
Cabe recordar que el acusado, quien estuvo interno en el centro de menores con anterioridad a los hechos, llegó a acusar a los profesionales del centro de supuesto maltrato, para lo que se servía de la plataforma 'Centrosdemenores.es' para denunciar las prácticas de contención mecánica que se emplean en el centro bajo un protocolo.
Dicho sistema llegó a ser investigado por la Fiscalía, que inspeccionó las instalaciones sin que se detectaran "anomalías". Las imágenes fueron recibidas por el acusado a principios de 2015, si bien las grabaciones se corresponden a fechas anteriores según la investigación del Ministerio Público.
En este sentido, apunta a que una de ellas fue realizada en julio de 2011 por el entonces trabajador de la empresa Corys Seguridad J.V.O.M., para quien el fiscal pedía cuatro años de prisión.
El hombre habría grabado a un menor de 17 años mientras estaba siendo sometido a un mecanismo de contención mecánica cuando estaba "encargado de su vigilancia" y "con ánimo de atentar contra su intimidad y su derecho a la propia imagen".
El segundo vídeo habría sido captado en abril de 2014 por los acusados M.R.M. y M.R.R. "de común acuerdo" y sin el consentimiento del joven de 20 años, que estaba bajo la vigilancia de un tercero.
Así, con el "ánimo de vulnerar su intimidad y su derecho a la propia imagen, se acercaron a la habitación en la que se hallaba y lo grabaron con el teléfono móvil". Por estos hechos la Fiscalía pedía tres años y medio de prisión para cada uno.
Además de las penas privativas de libertad, el fiscal también interesa una multa de 40 meses a razón de once euros diarios para A.G.I., así como el pago solidario de 4.500 euros para cada uno de los afectados, de forma que la empresa de seguridad deberá hacerse cargo de estas últimas cantidades en caso de que no lo hicieran los acusados.
