El regidor alega que "se trata de una sentencia de 2018 por la que me condenan a seis meses, sin ningún tipo de consecuencia ni inhabilitación por hechos anteriores a mi condición de concejal"
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| Ismael Torres, alcalde de Huércal de Almería |
ALMERÍA HOY / 03·03·2020
La coordinadora provincial de IULV-CA y concejal de esta formación política en el Ayuntamiento de Huércal de Almería, María Jesús Amate, ha pedido este lunes la dimisión del alcalde del municipio, Ismael Torres (PP), después de que trascendiera una sentencia de septiembre de 2019 en la que la Audiencia Provincial de Almería le condena en firme, junto con otros acusados, por un delito de alzamiento de bienes y que se remite a hechos anteriores a su etapa como concejal, según ha recalcado el primer edil popular en un comunicado.
"Se trata de una sentencia de 2018 por la que me condenan a seis meses, sin ningún tipo de consecuencia ni inhabilitación", apunta el alcalde en relación al primer pronunciamiento judicial, posteriormente ratificado, por el que se le impone una pena de medio año de prisión y una multa de diez euros diarios durante el mismo periodo tras apreciarse las atenuantes de reparación de daño y dilaciones indebidas.
En concreto, la sentencia considera probado que tanto el regidor como su padre --ya fallecido--, su hermana y un tercer socio, llevaron a cabo en 2008 una serie de operaciones a través de empresas familiares relacionadas con el sector inmobiliario para evitar el pago de obligaciones con la Agencia Tributaria.
Ante estos hechos, desde IU creen que Torres "debe abandonar sus responsabilidades al frente del Consistorio de manera inmediata", por lo que ha avanzado que solicitará la convocatoria de un pleno extraordinario en el ayuntamiento huercaleño. "La sentencia lo inhabilita para dedicarse a la política y ser el máximo responsable del gobierno local", ha valorado Amate.
Para la dirigente de IU, a pesar de que "este hecho tan grave lo ha cometido al margen de sus funciones como alcalde, cualquiera que defrauda a Hacienda queda inmediatamente incapacitado para estar al frente de la gestión pública", por lo que a su juicio, el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, "está obligado a pedirle su cargo".
"Un alcalde condenado por fraude no puede seguir al frente de un ayuntamiento y está deslegitimado moral y políticamente frente a sus vecinos" ha insistido ante las explicaciones de Torres, para quien se trata de una sentencia que "está más que cumplida", por lo que ha lamentado que se dé "por bueno hacer daño al adversario con cualquier herramienta".
El alcalde ha insistido en el que los hechos juzgados tuvieron lugar en 2008, "tres años antes de formar parte de una lista electoral y de ser concejal en el Ayuntamiento de Huércal de Almería", toda vez que los mismos giran sobre una "empresa familiar" a la que Torres hizo su "renuncia mediante escritura notarial a cualquier cargo partícipe de esas sociedades un año antes de que se produjeran".
El fallo original apunta que el padre del alcalde constituyó en 2001 la mercantil Casaplus Almería, al frente de la cual fue sustituido posteriormente por su esposa y sus hijos, entre ellos el actual alcalde de Huércal quien, además, administraba también las entidades Supercasa Almería y Pluscasa Inmobiliaria dentro del mismo grupo de empresas familiares en el caso de la primera.
Tras la tramitación de los correspondientes expedientes por parte de la Agencia Tributaria derivados de incumplimientos con Hacienda por parte de Casaplus Almería, se dio lugar a dos actas de inspección con importes pendientes de 21.520 y 56.491 euros. Las diligencias de embargo que surgieron de las mismas fueron "casi totalmente improductivas" debido a la "falta de fondos de la mercantil" para poder cobrarlas.
El administrador de la entidad era "conocedor" de la deuda tributaria, por lo que ante la "certeza" de que la AEAT se iba a dirigir contra su patrimonio, realizaron una serie de operaciones entre las que figura la compraventa de una finca a una entidad financiera por 6,2 millones de euros de la que solo se ingresaron en la cuenta de la empresa 409.015 euros mientras que parte del resto se dedicó a cancelar una hipoteca que pesaba sobre la misma sociedad y el resto a ser declarado como IVA.
De otro lado, Casaplus vendió a la empresa administrada por el alcalde una sociedad por 270.000 euros de las que se "retuvieron cantidades para pago de impuestos e hipoteca, abonándose el importe restante de 7.083 euros en un cheque, pero el mismo no fue cobrado". "A pesar de lo señalado respecto al pago, no consta que el cheque fuera cobrado en las cuentas bancarias de Casaplus", recoge el fallo.
Igualmente, como parte del proceso de despatrimonización, la sentencia que de una de las cuentas de Casaplus se ordenaron varias transferencias y retiradas de efectivo por importe de 2.138.000 euros "sin ningún tipo de justificación económica, quedando la cuenta principal prácticamente sin saldo". Los destinos de esas cuentas fueron a otras empresas del grupo o las cuentas personales los socios, entre ellos la del alcalde.
"Se trata de una sentencia de 2018 por la que me condenan a seis meses, sin ningún tipo de consecuencia ni inhabilitación", apunta el alcalde en relación al primer pronunciamiento judicial, posteriormente ratificado, por el que se le impone una pena de medio año de prisión y una multa de diez euros diarios durante el mismo periodo tras apreciarse las atenuantes de reparación de daño y dilaciones indebidas.
En concreto, la sentencia considera probado que tanto el regidor como su padre --ya fallecido--, su hermana y un tercer socio, llevaron a cabo en 2008 una serie de operaciones a través de empresas familiares relacionadas con el sector inmobiliario para evitar el pago de obligaciones con la Agencia Tributaria.
Ante estos hechos, desde IU creen que Torres "debe abandonar sus responsabilidades al frente del Consistorio de manera inmediata", por lo que ha avanzado que solicitará la convocatoria de un pleno extraordinario en el ayuntamiento huercaleño. "La sentencia lo inhabilita para dedicarse a la política y ser el máximo responsable del gobierno local", ha valorado Amate.
Para la dirigente de IU, a pesar de que "este hecho tan grave lo ha cometido al margen de sus funciones como alcalde, cualquiera que defrauda a Hacienda queda inmediatamente incapacitado para estar al frente de la gestión pública", por lo que a su juicio, el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, "está obligado a pedirle su cargo".
"Un alcalde condenado por fraude no puede seguir al frente de un ayuntamiento y está deslegitimado moral y políticamente frente a sus vecinos" ha insistido ante las explicaciones de Torres, para quien se trata de una sentencia que "está más que cumplida", por lo que ha lamentado que se dé "por bueno hacer daño al adversario con cualquier herramienta".
El alcalde ha insistido en el que los hechos juzgados tuvieron lugar en 2008, "tres años antes de formar parte de una lista electoral y de ser concejal en el Ayuntamiento de Huércal de Almería", toda vez que los mismos giran sobre una "empresa familiar" a la que Torres hizo su "renuncia mediante escritura notarial a cualquier cargo partícipe de esas sociedades un año antes de que se produjeran".
El fallo original apunta que el padre del alcalde constituyó en 2001 la mercantil Casaplus Almería, al frente de la cual fue sustituido posteriormente por su esposa y sus hijos, entre ellos el actual alcalde de Huércal quien, además, administraba también las entidades Supercasa Almería y Pluscasa Inmobiliaria dentro del mismo grupo de empresas familiares en el caso de la primera.
Tras la tramitación de los correspondientes expedientes por parte de la Agencia Tributaria derivados de incumplimientos con Hacienda por parte de Casaplus Almería, se dio lugar a dos actas de inspección con importes pendientes de 21.520 y 56.491 euros. Las diligencias de embargo que surgieron de las mismas fueron "casi totalmente improductivas" debido a la "falta de fondos de la mercantil" para poder cobrarlas.
El administrador de la entidad era "conocedor" de la deuda tributaria, por lo que ante la "certeza" de que la AEAT se iba a dirigir contra su patrimonio, realizaron una serie de operaciones entre las que figura la compraventa de una finca a una entidad financiera por 6,2 millones de euros de la que solo se ingresaron en la cuenta de la empresa 409.015 euros mientras que parte del resto se dedicó a cancelar una hipoteca que pesaba sobre la misma sociedad y el resto a ser declarado como IVA.
De otro lado, Casaplus vendió a la empresa administrada por el alcalde una sociedad por 270.000 euros de las que se "retuvieron cantidades para pago de impuestos e hipoteca, abonándose el importe restante de 7.083 euros en un cheque, pero el mismo no fue cobrado". "A pesar de lo señalado respecto al pago, no consta que el cheque fuera cobrado en las cuentas bancarias de Casaplus", recoge el fallo.
Igualmente, como parte del proceso de despatrimonización, la sentencia que de una de las cuentas de Casaplus se ordenaron varias transferencias y retiradas de efectivo por importe de 2.138.000 euros "sin ningún tipo de justificación económica, quedando la cuenta principal prácticamente sin saldo". Los destinos de esas cuentas fueron a otras empresas del grupo o las cuentas personales los socios, entre ellos la del alcalde.
