La gran mascarillada


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RAMIRO TÉLLEZ

Escribía Jean-François Revel en su libro 'La gran mascarada', una década después del derrumbe del comunismo por su putrefacción interna:

"Después de un periodo de aturdimiento, la izquierda -sobre todo la no comunista- lanzó un impresionante batallón de justificaciones retrospectivas. De ello se extrae esta cómica conclusión: parece ser que lo que verdaderamente rebate la historia del siglo XX no es el totalitarismo comunista, sino... ¡el liberalismo!"

El párrafo, escrito hace dos décadas, describe el futuro que nos espera tras la crisis del COVID-19 que estamos viviendo si los defensores de la libertad individual no adquirimos plena conciencia del peligro que se avecina y no cogemos la sartén por el mango, porque la izquierda nos va a ir cocinando a fuego lento en el caldero de su propaganda.

Pongámonos primero en perspectiva: un parón social y económico como el que llevamos dos semanas experimentando puede emerger por diversos motivos, como una pandemia o una tiranía ruinosa. El ejemplo más cercano del segundo caso es Venezuela, cuyo Banco Central admitía el año pasado -cuando esta pandemia sólo era argumento de ciencia-ficción- que su PIB se había hundido un 52,3% desde que Maduro tomó el poder. Es decir, el dato no recoge lo que dicho indicador llevaba hundido desde Chavez, sino sólo desde 2013. De esto informaba entonces El País, nada sospechoso de ser contrario a la izquierda.

Hoy, en España, hay ya quien habla de una contracción del PIB respecto a 2019 que se puede acercar al nivel citado. Hasta ahora han perdido su trabajo dos millones de personas, han cerrado muchos miles de pymes y, como las medidas económicas aprobadas son aliadas del virus, la situación irá a peor. El parón nacional casi absoluto nos aboca a un futuro cercano sombrío tirando a negro zahíno. Pero, que el más lejano no adquiera además tintes caribeños dependerá del grado de libertad individual que conservemos para entonces.

Mientras el Gobierno español nos machaca argumentalmente con la idea de lo "público" y el Presidente, en sus comparecencias, no se cansa de apelar a falsos epítetos como la responsabilidad 'social', la justicia 'social' o el compromiso 'social' y se ha arrogado mediante la declaración del Estado de Alarma constitucional y su posterior Real Decreto la potestad para requisar todos los bienes privados y recortar las libertades que considere menester, tenga o no justificación médica, el pueblo español nos está mostrando que gracias a que la responsabilidad, la justicia o el compromiso nunca son sociales sino individuales, y a que todavía quedan reductos de una sociedad civil formada por hombres libres, miles de personas se han auto-organizado de manera espontánea para paliar la crisis. De hoteleros a costureras, de fabricantes a distribuidores, de jubilados a artistas en balcones, cada cual se ha apuesto voluntariamente manos a la obra para ayudar en la medida de sus posibilidades: empresas privadas logran fletar aviones para repatriar españoles o traer y distribuir material casi milagrosamente; decenas, cientos de hoteles han puesto sus instalaciones a disposición de los enfermos; se dona material para mascarillas y otras personas las crean desinteresadamente; se fabrican piezas médicas con impresoras 3D; se elaboran y distribuyen disoluciones desinfectantes; se regalan datos y obras digitales; bares y restaurantes preparan y distribuyen comida; los agricultores donan cosechas; los ingenieros convierten máscaras de buceo en respiradores… Todo ello voluntaria y generosamente y con cargo al presupuesto de cada persona o empresa.

¿Se podrían haber organizado dichas redes con la misma espontaneidad, inmediatez y eficacia desde el poder público? Rotundamente no, porque aún en el caso de reconocerle la mejor de las intenciones, subyace un problema de modelo. El poder público necesita preverlo todo con antelación: cuántos jueces harán falta; cuántos bomberos; cuántos profesores; cuántos subsidios de desempleo; cuántas camas de hospital... Además, en aras de la democrática meritocracia, cada contratación o actuación pública debe cumplir una serie de plazos y requisitos legales incompatibles con la rapidez de respuesta imprescindible en momentos de crisis. Y, aunque quiera agilizar o eliminar trámites, como pretende el Real Decreto, tampoco lo consigue. Se comprueba estos días con la adquisición de, o incapacidad para lograr, material médico que bien no llega, bien no se consigue, bien se retiene en aduanas o bien se requisa con presteza a las empresas locales sin que luego se reparta con la misma urgencia. O se dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo a lavar la propia imagen y la incompetencia. Fíjense en que, mientras el Ministro de Sanidad o el de Consumo son expertos en… -bueno, en algo lo serán-, los voluntarios anónimos dominan el ámbito de su ayuda: el costurero sabe coser; el cocinero hacer platos o el químico preparar disoluciones. Lo resumió bien Ortega y Gasset cuando dijo que en España, lo que no hace el pueblo se queda sin hacer. El Poder Público es un gigante artrítico incapaz de reaccionar o de correr. Cuando esta pandemia termine, habrán sido la generosidad de los españoles y la celeridad de actuación inherente a la libertad individual, que no le rinde cuentas a nadie ni solicita permisos ni necesita decretos para actuar, las que habrán evitado que caigamos en un pozo negro como el venezolano, donde la sociedad civil dejó de existir el día que la tiranía comunista fusiló la libertad individual.

¿Qué debemos hacer para protegernos de ese peligro potencial? En primer lugar, impedir el éxito del Gobierno actual en su tentación liberticida. Nos estamos jugando la posibilidad de hacer frente a una crisis futura mediante la actuación espontánea, libre, coordinada y generosa de miles de voluntades individuales. En segundo lugar, siempre y cuando se haya logrado lo anterior, reforzar la sociedad civil ante futuras crisis recordando que no hay libertad sin propiedad. Por ejemplo, además de una bajada general de impuestos que este Gobierno, lamentablemente, no propondrá, ¿qué tal si, en vez de canalizar las ayudas económicas de los contribuyentes a causas desinteresadas a través de las casillas del IRPF, cuya destino final decide ahora el Gobierno, existiera un listado de organizaciones altruistas a las que, cuando un ciudadano o una empresa done de manera directa, se le desgrave la donación al 100% en su base imponible regular? El contribuyente podría incluso bajar de tramo impositivo por ser desprendido, las organizaciones dedicadas a ayudar al prójimo surgirían como setas, el Estado se libraría de la carga de ciertas asistencias a las que no puede atender por falta de recursos o capacidad de reacción y, además, los necesitados las obtendrían de manera inmediata. Hay que incentivar la naturaleza desprendida de los españoles en vez de ponerle trabas, porque lo realmente público es la suma de las libres voluntades individuales.

Desgraciadamente, en España está en marcha una gran mascarillada, parafraseando el título de Revel. Vamos hacia el extremo contrario al indicado porque el Gobierno utiliza esta crisis para acabar con las libertades civiles, transmitiendo el mensaje de que los "recortes" en los servicios "públicos", y no su propia ideología irresponsable, son los culpables de la gravedad de la situación. No se engañe. Reforzar lo "público", sobre todo en boca de un Socialista, significa quitare a Ud su libertad individual -ahora incluso usarán nuestros móviles para espiar nuestros desplazamientos- y su dinero para, en última instancia, impedirle donar generosamente -Amancio Ortega sirve de escarmiento- porque sólo el Poder estará legitimado para hacer y deshacer a voluntad, cual Maduro impidiendo la entrada de alimentos. Fíjese en Venezuela, y no lo permita.