Antonio Segura ha sido denunciado ante la Consejería de Agricultura por extraer supuestamente 285 litros por segundo de un pozo que cuenta con autorización para aforar 4.
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Antonio Segura estaría aforando, según la denuncia, 8.988.000 m3 que
“supondrían ingresos de 5.393.000 euros anuales”
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ALMERÍA HOY / 24·02·2020
El pasado 11 de febrero fue registrada en la Delegación de Almería de la Consejería de Agricultura una denuncia contra el abogado Antonio Segura Asensio, que es a su vez presidente de la SAT Climasol, el grupo de regantes de Vera. Le acusan de un presunto delito de tráfico ilegal de agua, que según el escrito, aparece castigado en el Código Penal con hasta cinco años de cárcel.
El documento, al que ha tenido acceso ACTUALIDAD ALMANZORA, relata que una finca situada en Overa, en el término municipal de Huércal Overa y, más concretamente, entre la autovía A-7 y la Ermita de la Concepción, cuya titular es Trinidad Espigares Ruiz, consta de un pozo “conocido como ‘de la Terrera’ porque se encuentra ubicado en la margen derecha del río Almanzora, existiendo un talud muy pronunciado entre su situación y el citado cauce”.
La finca en cuestión –siempre según consta en el escrito de denuncia- “fue arrendada, con el pozo, al abogado Antonio Segura Asensio, con despacho en Vera, bien personalmente o a través de alguna sociedad de las muchas que posee”. El documento llega a mencionar a una compañía de nombre ‘Chumbos del Almanzora AIE’ que el abogado compartiría con Francisco Montoya Martínez, que “tienen residenciada en la finca de la Terrera y cuyo objeto social es la promoción del cultivo de la chumbera”.
“UNA GRAN ESTUPIDEZ”
Llegado a este punto, el denunciante añade que “lo de la sociedad ‘Chumbos del Almanzora’ constituye una gran estupidez, por cuanto desde hace unos seis años todas las chumberas de la zona han sufrido los ataques de una plaga de insectos que han causado su desaprovechamiento y extinción”.
Sin embargo, el hecho denunciado tiene su origen en que el ‘Pozo de la Terrera’ “está registrado bajo el expediente nº A-42609 para una extracción limitada a 4 l/seg con un motor de 20 cv”, mientras que Segura habría instalado “entre 2015 y 2016 una línea eléctrica nueva, un transformador de 630 Kvas [alrededor de 630 cv] y unos tubos de aspiración de 300 mm que permiten sacar entre 285 y 350 l/seg sin que para ello se haya solicitado [autorización] para tal ampliación”.
El denunciante asegura que el pozo “se encuentra funcionando a pleno rendimiento las 24 horas del día” y, por ello, calcula que estará aforando 8.988.000 m3 al año, que al precio de mercado del agua para riego, actualmente 0,60 euros/m3, “supondrían unos ingresos de 5.393.000 euros anuales”.
Además de a la Consejería, los hechos referidos fueron puestos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, que, según fuentes próximas al demandante, abrió un expediente que trasladó al Juzgado al haber observado indicios de comisión de delito, y procedió a sellar la instalación denunciada.
UNA MUJER MUERTA
La explotación del ‘Pozo de la Terrera’, aforado hace mucho tiempo con el fin de “llenar una balsa para proveer de agua al ganado ovino y caprino”, ha estado salpicada de graves conflictos a lo largo de la Historia.
El primero, y de mayor gravedad, se remonta al año 1979, “cuando se beneficiaba de sus aguas, como arrendatario, un tal Cuartero, natural de la provincia de Alicante, que al pretender conducir el agua fuera del término municipal de Huércal Overa, provocó una manifestación de los vecinos, especialmente de mujeres y niños, que fue brutalmente reprimida por la Guardia Civil, tal vez por la inexperiencia del capitán de dicha fuerza, que ordenó el lanzamiento de pelotas de goma de forma indiscriminada contra los manifestantes. A consecuencia de ello, quedó herida de muerte una mujer joven y madre de 2 hijos, llamada María Asensio Morales”.
“Estos graves hechos dieron lugar a un procedimiento penal que se tramitó en el Juzgado de instrucción de Huércal Overa, que ocupaba como titular D. José Martínez. Era su primer destino y, tras practicar la prueba forense de determinar la causa de la muerte, pese a que la acusación aportaba al procedimiento un informe completo de un especialista en Medicina Legal, procedió a solicitar otro a la Universidad de Granada, en el cual se mencionaba que la herida mortal podría ser debida por el impacto de una pelota de goma, pero además cabía la posibilidad de que la mujer hubiera caído al suelo golpeándose al cabeza con una piedra. Ello provocó que el inepto (sic) juez procediera a dictar un auto de archivo”.
70 MILLONES DE PESETAS EN ELECTRICIDAD
“La segunda y también grave incidencia –añade el escrito de denuncia- se produjo hace unos 22 años, cuando fue arrendada la finca donde se encuentra el pozo a la SAT Climasol, debido a la gran cantidad de agua que se extraía para destinarla al riego de muchas hectáreas en las localidades de Antas y Vera, lo que provocó que la Comunidad de Regantes de Overa formulara una querella contra la citada SAT, en la cual figuraba como directivo el abogado Antonio Segura”.
“Entre las pruebas aportadas por la querellante aparecía una que consistía en remitir a la Compañía Sevillana de Electricidad una orden para que indicara al Juzgado el consumo eléctrico habido durante los dos años anteriores. No recordamos el número de Kws, pero sí que el importe del mismo ascendía a más de 70 millones de pesetas [420.708,47 euros]”.
El documento, al que ha tenido acceso ACTUALIDAD ALMANZORA, relata que una finca situada en Overa, en el término municipal de Huércal Overa y, más concretamente, entre la autovía A-7 y la Ermita de la Concepción, cuya titular es Trinidad Espigares Ruiz, consta de un pozo “conocido como ‘de la Terrera’ porque se encuentra ubicado en la margen derecha del río Almanzora, existiendo un talud muy pronunciado entre su situación y el citado cauce”.
La finca en cuestión –siempre según consta en el escrito de denuncia- “fue arrendada, con el pozo, al abogado Antonio Segura Asensio, con despacho en Vera, bien personalmente o a través de alguna sociedad de las muchas que posee”. El documento llega a mencionar a una compañía de nombre ‘Chumbos del Almanzora AIE’ que el abogado compartiría con Francisco Montoya Martínez, que “tienen residenciada en la finca de la Terrera y cuyo objeto social es la promoción del cultivo de la chumbera”.
“UNA GRAN ESTUPIDEZ”
Llegado a este punto, el denunciante añade que “lo de la sociedad ‘Chumbos del Almanzora’ constituye una gran estupidez, por cuanto desde hace unos seis años todas las chumberas de la zona han sufrido los ataques de una plaga de insectos que han causado su desaprovechamiento y extinción”.
Sin embargo, el hecho denunciado tiene su origen en que el ‘Pozo de la Terrera’ “está registrado bajo el expediente nº A-42609 para una extracción limitada a 4 l/seg con un motor de 20 cv”, mientras que Segura habría instalado “entre 2015 y 2016 una línea eléctrica nueva, un transformador de 630 Kvas [alrededor de 630 cv] y unos tubos de aspiración de 300 mm que permiten sacar entre 285 y 350 l/seg sin que para ello se haya solicitado [autorización] para tal ampliación”.
El denunciante asegura que el pozo “se encuentra funcionando a pleno rendimiento las 24 horas del día” y, por ello, calcula que estará aforando 8.988.000 m3 al año, que al precio de mercado del agua para riego, actualmente 0,60 euros/m3, “supondrían unos ingresos de 5.393.000 euros anuales”.
Además de a la Consejería, los hechos referidos fueron puestos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, que, según fuentes próximas al demandante, abrió un expediente que trasladó al Juzgado al haber observado indicios de comisión de delito, y procedió a sellar la instalación denunciada.
UNA MUJER MUERTA
La explotación del ‘Pozo de la Terrera’, aforado hace mucho tiempo con el fin de “llenar una balsa para proveer de agua al ganado ovino y caprino”, ha estado salpicada de graves conflictos a lo largo de la Historia.
El primero, y de mayor gravedad, se remonta al año 1979, “cuando se beneficiaba de sus aguas, como arrendatario, un tal Cuartero, natural de la provincia de Alicante, que al pretender conducir el agua fuera del término municipal de Huércal Overa, provocó una manifestación de los vecinos, especialmente de mujeres y niños, que fue brutalmente reprimida por la Guardia Civil, tal vez por la inexperiencia del capitán de dicha fuerza, que ordenó el lanzamiento de pelotas de goma de forma indiscriminada contra los manifestantes. A consecuencia de ello, quedó herida de muerte una mujer joven y madre de 2 hijos, llamada María Asensio Morales”.
“Estos graves hechos dieron lugar a un procedimiento penal que se tramitó en el Juzgado de instrucción de Huércal Overa, que ocupaba como titular D. José Martínez. Era su primer destino y, tras practicar la prueba forense de determinar la causa de la muerte, pese a que la acusación aportaba al procedimiento un informe completo de un especialista en Medicina Legal, procedió a solicitar otro a la Universidad de Granada, en el cual se mencionaba que la herida mortal podría ser debida por el impacto de una pelota de goma, pero además cabía la posibilidad de que la mujer hubiera caído al suelo golpeándose al cabeza con una piedra. Ello provocó que el inepto (sic) juez procediera a dictar un auto de archivo”.
70 MILLONES DE PESETAS EN ELECTRICIDAD
“La segunda y también grave incidencia –añade el escrito de denuncia- se produjo hace unos 22 años, cuando fue arrendada la finca donde se encuentra el pozo a la SAT Climasol, debido a la gran cantidad de agua que se extraía para destinarla al riego de muchas hectáreas en las localidades de Antas y Vera, lo que provocó que la Comunidad de Regantes de Overa formulara una querella contra la citada SAT, en la cual figuraba como directivo el abogado Antonio Segura”.
“Entre las pruebas aportadas por la querellante aparecía una que consistía en remitir a la Compañía Sevillana de Electricidad una orden para que indicara al Juzgado el consumo eléctrico habido durante los dos años anteriores. No recordamos el número de Kws, pero sí que el importe del mismo ascendía a más de 70 millones de pesetas [420.708,47 euros]”.
