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“El Maui tiene todo el derecho del mundo a permanecer abierto”

El conocido establecimiento de la playa de Mojácar abrirá sus puertas próximamente, al término de sus vacaciones de invierno. El abogado que representa sus intereses explica que será la Justicia “y no la alcaldesa” quien decida acerca del cierre, “y hasta ahora ha dado siempre la razón a los propietarios del local”.



ALMERÍA HOY / 17·01·2020

“El Maui tiene todo el derecho del mundo a permanecer abierto”, asegura de manera tajante Ramón Ruiz Medina, abogado de la empresa que gestiona el conocido establecimiento de la mojaquera playa de El Cantal.

“El Ayuntamiento ha difundido una nota en la que tergiversa los hechos y da por cierto la clausura del negocio de mis defendidos, algo que dista mucho de la realidad, por mucho que pueda ser el deseo de la regidora [Rosa María Cano, PP]”.

Ruiz explica que será la Justicia “y no la alcaldesa” quien decida acerca del cierre del Maui, “y hasta ahora ha dado siempre la razón a los propietarios del local”.

Y precisamente en manos del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Almería se encuentran las alegaciones presentadas por el letrado Ruiz Medina contra la resolución de la Alcaldía de Mojácar de sancionar a la empresa que gestiona el Maui con una multa de 20.000 euros y la clausura del establecimiento durante dos años por una supuesta “infracción grave” por desarrollar “la actividad de hostelería con música” cuando, según el Ayuntamiento, únicamente dispone una licencia concedida en 1981 para la apertura de una “caseta merendero”.

El defensor de la sociedad que gestiona el local muestra primero su perplejidad de que el Consistorio haya resuelto sancionar a “Hermanos Rubia Ascasíbar CB en lugar de a Rubia Ascasíbar SL, sociedad que gestiona el Maui y, por tanto, la afectada por cualquier contingencia relativa a la actividad de dicho establecimiento. Ese detalle ya es de por sí causa de nulidad del procedimiento, pues deja en situación de indefensión a mis defendidos”.

Además, el abogado señala que “el expediente sancionador caducó antes de su conclusión, porque fue iniciado por el Ayuntamiento el 28 de noviembre de 2018 y, aunque su resolución fue firmada justo el día en que se cumplía el plazo de un año que establece la Ley de Procedimiento Administrativo para su conclusión, ésta no tiene efecto hasta que se comunica a la parte afectada, algo que no se hizo entonces”.

“Por otra parte –continúa el letrado-, mis defendidos propusieron la práctica de pruebas que no se realizaron y el Ayuntamiento cambió el instructor y secretario del procedimiento sin notificarlo a la otra parte, como obliga la norma”.

“Finalmente, el Ayuntamiento no puede ejecutar ninguna sanción hasta que no se resuelvan los recursos pendientes, y cabe recordar que, hasta la fecha, la Justicia siempre ha fallado a favor de mis defendidos”.

En otro orden de cosas, el abogado señala que “sin ser penalista, en la actuación de la alcaldesa en este caso existen claros indicios de conductas que pueden ser castigadas por vía penal”.

Ante las acusaciones vertidas en su comunicado por Rosa María Cano relativas a que “el Ayuntamiento de Mojácar ha recibido infinidad de denuncias de vecinos y comunidades por el ruido, las molestias producidas por no poder dormir ni descansar, así como por la suciedad con la que amanece la zona y las discusiones y gritos producidos por algunos clientes a altas horas de la madrugada”, Ruiz Medina recuerda que la titular del Juzgado nº 4 reveló hace ya un año que “existe un informe jurídico emitido por la Secretaría General del propio Ayuntamiento que indica de forma expresa que no constan acreditados incumplimientos relacionados con los horarios de apertura y cierre del local ni con la superación de los niveles de ruido permitidos con molestias graves a los vecinos”.

“También resulta sorprendente y difícil de comprender cómo la responsable de gestionar los intereses de un municipio eminentemente turístico, haya emprendido lo que tiene todos los visos de ser una persecución contra uno de los referentes del sector cuyo único ‘pecado’ ha consistido en defender sus legítimos intereses frente a actuaciones municipales como la del proyecto de Paseo Marítimo”, concluye el abogado.