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El fiscal ve "indicios de delito" en la actuación de la alcaldesa de Mojácar

El Ministerio Público se ha adherido al recurso presentado por el PSOE contra el archivo de la causa por denegación de información a la oposición.

Rosa María Cano vuelve a estar en el punto de mira de la Fiscalía. Ahora por un delito contra los derechos cívicos de la oposición.

ALMERÍA HOY / 30·01·2020

El Fiscal ha remitido un escrito a la titular del Juzgado número 2 de Vera mediante el que se adhiere al recurso de reforma presentado por el portavoz del Grupo Municipal del PSOE de Mojácar. por el que los socialistas se oponen al archivo de la denuncia que interpusieron contra la alcaldesa, Rosa María Cano (PP), por la presunta denegación de información a la oposición.

El Ministerio Público considera que "sí existen indicios de la posible comisión de un delito contra los derechos cívicos" en la actuación de la regidora.

Más aún, en su escrito, el fiscal afirma que Rosa María Cano Montoya actuó "con total conocimiento, a sabiendas de las sucesivas peticiones de los grupos políticos de la oposición", y que a pesar de ello "ha impedido reiteradamente la labor de los concejales del Partido Socialista en el Ayuntamiento de mojácar".

La argumentación continúa enumerando que Cano MOntoya "ni ha practicado gestión alguna personalmente e el ejercicio de sus funciones, ni tampoco ha dado las órdenes e instrucciones precisas para que los funcionarios bajo su responsabilidad faciliten y garanticen los derechos políticos y la actividad fiscalizadora de los representantes de los ciudadanos en el Ayuntamiento, desatendiendo sistemáticamente varias peticiones de información presentadas por los denunciantes e impidiendo el acceso a información en los asuntos de interés para los vecinos".

Cabe recordar que PSOE y Somos Mojácar habían solicitado información, que no les fue facilitada, acerca de asuntos como la contratación de un despacho de abogados madrileño para defender al Consistorio, sobre el convenio con Costas para la construcción de la 2ª fase del Paseo Marítimo, la adjudicación de un contrato de obra menor para la construcción de la rotonda del cruce de la playa o sobre quién pagaba los gastos de mantenimiento y conservación de un aparcamiento privado.

El escrito del fiscal termina advirtiendo que el delito que imputa a la alcaldesa está castigado por el código penal con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público.