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El ‘cierre del Tajo’ revienta la paciencia de los regantes

Con evidente tono beligerante, los representantes del campo han alzado la voz en defensa de cientos de miles de puestos de trabajo y de una economía levantada con gran esfuerzo durante las últimas décadas.



Gesto de desesperación del presidente de SCRATS, Lucas Jiménez -a la derecha-. (Foto de Javier Carrión para el diario La Verdad)

ALMERÍA HOY / 21·12·2019

El gobierno de la nación se enfrenta a decenas de miles de regantes de las provincias de Alicante, Murcia y Almería sumamente cabreados por los recortes en las transferencias de agua desde el Tajo que vienen sufriendo desde hace años, especialmente acentuadas en los últimos meses, que se han quedado en cero.

Las consecuencias de las decisiones tomadas por el Ministerio de Transición Ecológica “apenan y soliviantan”, explica el presidente de la Junta Central del Valle del Almanzora, Fernando Rubio, porque los argumentos que arguye el Gobierno “realmente nos indignan y enfurecen”.

La excusa del Ministerio para abortar el envío correspondiente al mes de diciembre “es verdaderamente insólita”, puesto que se apoya en posibles afecciones al Mar Menor. El Gobierno vincula los riegos en todo el Levante español con los posibles vertidos del Campo de Cartagena a la albufera. “Qué tendrá que ver el abastecimiento de los campos de Elche, Lorca o nuestra comarca con la problemática situación de la laguna que, por otro lado, están por demostrar sus auténticas causas”. De hecho, explica Fernando Rubio, “no hay ni un estudio realizado que pruebe tal hipótesis”.

Los regantes están convencidos de que la decisión de no enviar agua es “caprichosa porque los propios expertos del Ministerio no ven objeción alguna en que se cumpla el calendario previsto de remesas hídricas” y opinan que es un paso más hacia el fin último, que no es otro que “eliminar definitivamente el trasvase”.

“Estos señores no son conscientes de los daños que se están causando a la agricultura de la mayor zona de producción del país, de la cual viven cientos de miles de familias. Pero si creen que aquí no va a pasar nada se equivocan”, enfatiza Fernando Rubio. SCRATS es el Sindicato Central de Comunidades de Regantes del Acueducto Tajo-Segura que reúne bajo sus siglas 80 comunidades de regantes propietarias de 147.255 hectáreas situadas en las tres provincias levantinas. Su subsistencia está íntimamente ligada a las aguas del Tajo. Los números hablan por sí solos de la envergadura del problema que ha generado el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero no sólo eso, también anotan la gran oposición a la que se está enfrentando el presidente en funciones y su gabinete.

Los líderes del Sindicato, entre ellos Rubio, no dudan en echar mano del amplio vocabulario español para calificar los acontecimientos. “Lo que se está haciendo con nosotros es despreciable, humillante, indecente, ruin, infame, una sinvergonzonería…”. Es evidente que están realmente enfadados y no es para menos.

EXPOLIO DE MILLONES

Las normativas vigentes obligan a los regantes a pagar para mantener el trasvase incluso sin recibir aguas. No es escasa la cifra que abonan anualmente se envíen o no caudales, que asciende a 13 millones de euros. Tampoco es baladí el abono de hasta 40 Hm3 de agua que están almacenados en el pantano de La Pedrera sin que lleguen a su destino, aún habiéndose desembolsado por parte de los regantes 25 millones de euros por esas aguas que no han servido para calmar la sed de los campos. El motivo no es otro que la falta de una conexión de la presa con el acueducto Tajo-Segura desde donde se distribuiría a las áreas de regadío del sur de Murcia y el norte de Almería. Estos recursos hídricos provienen de la desaladora de Torrevieja pero no hay forma de moverlos. Las reservas, previo pago, fueron hechas por los agricultores atendiendo a la invitación del Gobierno para que el Levante español contara con un arma complementaria para luchar contra la sequía. Pero, de momento, de nada ha servido excepto para enervar más a los regantes.

Ahora el vaso se llena y derrama con las últimas decisiones que cierran el grifo del Tajo pese a contar los pantanos de la cabecera del río con recursos suficientes para abrir las compuertas y que fluya el agua a la España seca.

De fondo, multitud de obstáculos que empiezan en la propia Castilla La Mancha, con un Gobierno beligerante durante años hacia cualquier transferencia que les quite “su agua”. De nada parecen servir los profundos análisis elaborados por expertos donde se concluye que el trasvase no incide en el volumen de los caudales mínimos que debe llevar el río desde su nacimiento hasta su entrada en Portugal. El sentimiento de lo propio anula la lógica y la razón. Conveniente es también recordar que la política de desalación ha sido, hasta ahora, un fiasco, puesto que los proyectos que sostuvieron la construcción de las plantas no atendían a la necesidad de contar con subestaciones eléctricas que las abastecieran de energía. En el caso de la comarca, el problema es aún mayor pues, a lo anterior, se suma la inundación en 2002 de las instalaciones de desalación en Villaricos, la llamada desaladora del Bajo Almanzora, que se ubicó en zona afectada por las crecidas de la rambla de Canalejas. Mayor ineficacia técnica es difícil de imaginar, sin embargo otros inconvenientes añadidos, como la posible corrupción –investigada por la justicia en la Operación Frontino- que ha salpicado a estas plataformas, vienen a dibujar un feo panorama.

“No se dan cuenta, o sí, no lo sé, pero están poniendo en jaque a la agricultura y no lo vamos a permitir porque es de lo que vivimos. Da la impresión de una inconsciencia que asusta. Si desaparece la agricultura del Levante la sociedad se va a enfrentar a un problema muy gordo. Habrá pobreza, desempleo, emigración, será la vuelta al esparto”, advierte Rubio, el presidente de los regantes del Almanzora.

Las cosas se han puesto realmente complicadas y el Gobierno no parece darse cuenta que con determinados asuntos no puede jugar.

El presidente de SCRATS, Lucas Jiménez, tras varias conferencias de prensa esta semana con amplio eco mediático, informaba de un intercambio de mensajes con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, cuya fama entre los regantes es notable y no precisamente en términos positivos. Según Jiménez, Morán le habría hecho saber que le habían sentado mal las últimas declaraciones y se comprometía en breve a dar las explicaciones necesarias.

Mientras llega ese momento, los regantes cuantifican sus daños en cientos de millones de euros y en nada más y nada menos que 22.000 millones si se cerrara el trasvase, según un estudio de la Universidad de Alicante; un problema cuantitativo lo suficientemente importante como para que los regantes “miremos todo con lupa” y “busquemos cualquier rastro que nos pueda llevar a exigir responsabilidades de ministra para abajo”. Tales responsabilidades serían de ámbito penal. Los agricultores no descartan pues, la presentación de querellas por “prevaricación y malversación”.

Como han podido leer, las cosas están muy calientes pero aún podrían llegar a hervir. SCRATS ha hecho un llamamiento general a la sociedad y a los políticos para que se sumen a las múltiples movilizaciones que ha previsto para después de la Navidad.

Se anuncia también una próxima cumbre al máximo nivel político de Valencia, Murcia y Almería para hacer un frente común. El encuentro estaría más que justificado, dice Fernando Rubio, porque “la herida causada es profunda y el agravio imperdonable”.