Para el coordinador de Garrucha para la Gente "cobrar un precio público por el agua corriente, en lugar de una tasa, es ilegal además de inmoral, porque supone que todos los garrucheros paguen la red clientelar que el PSOE ha tejido en el pueblo"
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| Un momento del Pleno celebrado ayer. |
ALMERÍA HOY / 27·11·2019
Álvaro Ramos, coordinador de Garrucha para la Gente, acusa a la alcaldesa María Antonia López (PSOE), y a los concejales socialistas que votaron a favor del Plan de Ajuste municipal, de "cometer una ilegalidad al basarlo, no en una contención del gasto o en dar marcha atrás en la subida de sueldos de los concejales liberados del equipo de Gobierno, sino en cobrar por el agua un precio público con el que han informado al Ministerio de Hacienda que van a obtener de beneficio 700.000 euros al año".
"Lo que ha hecho la alcaldesa es obligar a todos los garrucheros a pagar la red clientelar que ha construido el PSOE, exactamente igual que ocurrió en el caso de los EREs fraudulentos que han acabado condenando a dos ex presidentes socialistas de la Junta, porque son muchos los contratados por el Ayuntamiento de manera innecesaria sólo por el hecho de dar de comer a familias que luego estén agradecidas".
Ramos explica que "al tratarse de un bien común de suministro obligado, el agua debe estar sujeta a una tasa según la ley, es decir, no puede reportar ningún beneficio, pues ha de cobrarse exactamente lo que cuesta la prestación del servicio".
En ese sentido, el concejal de la formación, Andrés Segura, advirtió antes de la votación que apoyar ese plan de ajuste, incluyendo el carácter de precio público como forma de cobro del agua en Garrucha, podría tener consecuencias en los juzgados, lo que la regidora entendió que se trataba de una amenaza.
"Lo que ha hecho la alcaldesa es obligar a todos los garrucheros a pagar la red clientelar que ha construido el PSOE, exactamente igual que ocurrió en el caso de los EREs fraudulentos que han acabado condenando a dos ex presidentes socialistas de la Junta, porque son muchos los contratados por el Ayuntamiento de manera innecesaria sólo por el hecho de dar de comer a familias que luego estén agradecidas".
Ramos explica que "al tratarse de un bien común de suministro obligado, el agua debe estar sujeta a una tasa según la ley, es decir, no puede reportar ningún beneficio, pues ha de cobrarse exactamente lo que cuesta la prestación del servicio".
En ese sentido, el concejal de la formación, Andrés Segura, advirtió antes de la votación que apoyar ese plan de ajuste, incluyendo el carácter de precio público como forma de cobro del agua en Garrucha, podría tener consecuencias en los juzgados, lo que la regidora entendió que se trataba de una amenaza.
