Maeztu se ha pronunciado de esta manera ante las informaciones sobre la orden de demolición de 120 infraviviendas en El Ejido
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| Chabolas en El Ejido. Foto de archivo. |
ALMERÍA HOY / 05·10·2019
El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha manifestado hoy su preocupación por las condiciones en las que viven muchas personas trabajadoras inmigrantes extranjeras en la zona del poniente almeriense que, hoy por hoy siguen sin tener garantizados sus derechos civiles.
El Defensor del Pueblo se ha pronunciado de esta manera ante las informaciones sobre la orden de demolición de 120 infraviviendas ubicadas en el municipio de El Ejido, por parte de su Ayuntamiento y el correspondiente desalojo en un plazo de 72 horas de las más de 200 personas inmigrantes que allí viven.
El Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que “nos preocupa que la marginación del inmigrante trabajador extranjero, hoy como ayer, continúe siendo una realidad en el espacio geográfico donde se concentran las grandes superficies del cultivo de invernadero, cuyo crecimiento, en los espacios exentos del levante de Almería, ha venido creciendo en mancha de aceite, ajeno a la necesidad de alojamiento digno de quienes con su trabajo contribuyen a hacerlo posible”.
El Defensor ha recordado un Informe Especial al Parlamento de Andalucía, sobre “El alojamiento y la vivienda de los trabajadores inmigrantes en el Poniente Almeriense y el Campo de Níjar”, que ya en 2001 constituyó una manifestación del enorme déficit de integración existente entre los trabajadores inmigrantes extranjeros y la sociedad de acogida. Este Informe daba cuenta del grave conflicto social que se produjo en el año 2000 en el Poniente Almeriense y, de manera especial, en El Ejido. Asimismo, en este Informe se efectuaban una serie de afirmaciones que pudieran estar vigentes y es que, aún reconociendo la insuficiencia de medios de los Ayuntamientos para ejercer sus competencias urbanísticas, llama la atención la inhibición ante el fenómeno que estaba surgiendo de alojar a los inmigrantes en cualquier lugar, sin reunir las condiciones mínimas para ser considerado digno.
Según el Defensor, este problema no es de fácil solución pero, en cualquier caso, la opción u opciones que deben preverse ya, sin más demora, habida cuenta de los muchos años desde los que se viene arrastrando esta situación, deben ser “razonables, posibles y realistas” y en las que deben participar los tres niveles de la administración pública, estatal, autonómica y local, con la colaboración y responsabilidad compartida de las empresas de la zona y de los agentes sociales.
