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Cs propone un plan de choque contra los enganches ilegales que provocan apagones en Almería, el Poniente y el Campo de Níjar

Rafael Burgos apunta a una resolución del Defensor del Pueblo que insta a desarrollar “medidas concretas” que garanticen el suministro de energía


Rafael Burgos

ALMERÍA HOY / 22·07·2019

El diputado provincial de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Almería, Rafael Burgos, ha propuesto que las administraciones públicas local, provincial, autonómica y estatal, junto con la distribuidora eléctrica Endesa, trabajen conjuntamente de cara a hallar soluciones a los continuos apagones que vienen produciéndose en distintos núcleos urbanos de la provincia almeriense.

Así se ha expresado el diputado provincial naranja después de que el Defensor del Pueblo Andaluz haya emitido una resolución haciéndose eco de la situación en puntos como Pescadería, el Cerro de San Cristóbal y otros barrios de Almería capital, así como en Berja (queja 17/6709), en la barriada de Matagorda y Las 80 Viviendas de El Ejido (quejas 18/413 y 19/1704), en la barriada de Los Canos en Vícar (queja 19/227), o en Las 200 Viviendas de Roquetas del Mar (queja 19/451).

“Esta institución viene manifestando su preocupación ante los fraudes en el suministro eléctrico, tanto para solicitar la necesaria adopción de actuaciones contundentes contra las mismas, como para garantizar los derechos de las personas consumidoras. Además, en los últimos años observamos un aumento de los casos de fraude relacionados con el cultivo de marihuana”, ha explicado Burgos. Así, el diputado ha recordado que, durante 2018, estos enganches ilegales a la red aumentaron hasta un 48% en suelo almeriense, ya que, en 2017, Endesa abrió en la provincia un total de 2.240 expedientes por esta práctica; en 2018, el número de expedientes ha sido de 3.572, destacando, por incidencia, Adra (121), Almería (685), Berja (102), El Ejido (494), Huércal de Almería (121), Níjar (489), Roquetas (606) y Vícar (137).

Como ha trasladado Rafael Burgos, para el Defensor del Pueblo “no se pueden constatar avances significativos en su solución, pese a las actuaciones desarrolladas tanto de orden público como de mejora de las instalaciones”, si bien la institución valora “que los distintos organismos competentes vienen realizando las actuaciones oportunas para mejorar la situación”. En ese sentido, la resolución del Defensor del Pueblo estima que “en la mayoría de los casos hemos podido conocer que las incidencias por cortes de luz descienden durante los planes de choque, principalmente por la erradicación de plantaciones de marihuana, pero aumentaban una vez que se deja de intervenir”, sentido en el que apunta que “es necesario contar con la actuación de las fuerzas de orden público para desmantelamiento de las plantas, así como seguimiento de los ilícitos”, y que, en ocasiones resultan necesarias mejoras en las instalaciones por parte de la distribuidora eléctrica para evitar los reiterados cortes a la población.

El diputado provincial de Ciudadanos ha manifestado que las personas que residen en los barrios afectados por los cortes, con carácter general, se encuentran ya de por sí en situación de riesgo de exclusión social, y que esto se acentúa aún más si no puede quedar garantizado adecuadamente el suministro de luz en sus viviendas. Por último, desde la institución andaluza se deja claro que “con frecuencia” se reciben en sus oficinas quejas manifestando las molestias que supone la reiterada falta de suministro eléctrico, en ocasiones por largas horas, pese a que cuentan con su contrato de luz en vigor y al corriente de pagos, por lo que propone “arbitrar alguna medida compensatoria en favor de los usuarios con contrato perjudicados por los cortes de suministro, puesto que la prestación del servicio contratado no se ha desarrollado a satisfacción del usuario”, de manera que “se ha considerado oportuno promover una actuación de oficio con objeto de conocer el alcance del problema y, en su caso, proponer soluciones al mismo”.

La resolución del Defensor del Pueblo está dirigida a distintas partes, pasando por la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias), así como a la Junta de Andalucía, el Gobierno central y los ayuntamientos implicados, y a la empresa Endesa.