Un intento de ‘golpe de estado’ en la SAT sacó del Ayuntamiento al teniente de alcalde de Antas

Antes que los votos del pasado domingo dejaran al PP fuera del gobierno municipal, las diferencias entre el hasta ayer teniente de alcalde, Ginés Pérez, el resto de miembros de la Junta Rectora del Grupo local de regantes y la mayor parte de los comuneros, apeó al edil popular de la candidatura de su partido.


La finca desbrozada de la SAT de Antas en la Ballabona

ALMERÍA HOY / 27·05·2019

Una finca con casi cien Hectáreas; una asamblea tumultuosa; dos recogidas de firmas; una querella vista y no vista; dos versiones contrapuestas sobre los mismos hechos; una sociedad de regantes con socios en todas las familias del pueblo y una Junta Rectora con miembros relevantes de dos partidos; tierra sin explotar y ‘okupas’ sobre la tierra. Estos y otros más son los ingredientes de una historia que aún no se ha terminado de escribir en Antas, pero a continuación le contamos cómo va.

Todo nace y acaba en la tierra. Dicen que es también el origen de muchas de las altas y también de las más bajas pasiones. En su nombre se han desencadenado las gestas y epopeyas más gloriosas, pero también las más dramáticas pasiones, y la tierra está detrás de la salida de la vida política del todavía teniente de alcalde de Antas, Ginés Pérez Segura (PP). Estaba previsto que ocupara el tercer lugar en la candidatura popular para los comicios del 26 de junio, sin embargo, los acontecimientos que a continuación les contamos le dejaron fuera de la carrera electoral poniendo fin a 12 años en el equipo de gobierno.

La cosa estalló el sábado 13, de abril, en el salón de usos múltiples municipal, durante la asamblea de la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) de Antas, más conocida como ‘El Grupo’; una asociación de regantes que agrupa a 645 socios en un pueblo que cuenta con 3.169 habitantes. Es decir, prácticamente la totalidad de las familias de la localidad tienen algún miembro en la comunidad. Este dato revela la importancia de los acontecimientos para el municipio.

COMIENZA LA ASAMBLEA

Ese 13 de abril, 127 socios de la SAT se reunían convocados en sesión extraordinaria por la Junta Rectora para, si así lo aprobaba la asamblea, iniciar acciones que le permitieran defenderse en el procedimiento penal emprendido por la empresa Gestimur, perteneciente al Grupo Torralba, contra seis de sus siete miembros: Todos excepto Ginés Pérez Segura, que ocupa una de las vocalías de la Junta.

La reunión había ido ganando en temperatura y, en el principio de todo, estaba la tierra. Concretamente 85 Has de terreno propiedad de la SAT, la finca conocida como La Capellanía, sobre la que existía un principio de acuerdo de arrendamiento a Torralba que nunca se llegó a firmar.

A pesar de no existir ningún contrato rubricado, Torralba realizó trabajos de adecuación que valora en 1,4 millones de euros y que ahora reclama a la SAT por vía judicial. Tales trabajos fueron, según Torralba, preliminares y autorizados por la SAT a la espera de elevar el arrendamiento a acuerdo oficial.

Precisamente ése es el principal motivo de un escrito firmado por 27 socios que Ginés Pérez Segura esgrimió en la asamblea. En ese documento, los firmantes solicitaban a la Junta Rectora información acerca de los problemas que rodean el contrato de arrendamiento de la finca, así como la sustitución de los miembros de la Junta por una gestora en el caso de que hubiera existido una administración desleal.

Sin embargo, el resto de la dirección de la SAT –de la que, es preciso insistir, también es miembro Ginés-, acusaba de deslealtad al teniente de alcalde. Uno de los asistentes llegó a iniciar una recogida de firmas exigiendo su dimisión inmediata, pero la iniciativa quedó abortada por la presidenta después de que Ginés Pérez anunciara que presentaría su dimisión el lunes siguiente. En cualquier caso, la reunión prosiguió entre un cúmulo de reproches al concejal popular, al que, debido a la tensión alcanzada, se interrumpía continuamente cada vez que intentaba hacer uso de la palabra. Situación idéntica vivieron otros asistentes a la asamblea que, con independencia de estar posicionados a favor o en contra del arrendamiento, no pudieron desarrollar sus discursos con normalidad debido a la tensión que invadía el salón.

Más allá de las peticiones de dimisión de Ginés como vocal de la Junta Rectora de la SAT, hubo quien no quería ni tan siquiera verle en el Ayuntamiento y, de hecho, alguien llegó a pedir a la alcaldesa Isabel Belmonte (PP) que no lo admitiera en su candidatura, en la que, hasta ese momento y a falta de hacerla oficial, Ginés ocupaba el número 3. Los hechos posteriores no hicieron más que confirmar la gravedad de la crisis abierta, puesto que Ginés Pérez, tras doce años ininterrumpidos en el equipo de gobierno, quedó fuera de la candidatura.

Una vez descritos los hechos conocidos por todos a partir de los testimonios coincidentes de media docena de socios que estuvieron presentes en la asamblea, hay que decir que las informaciones aportadas por las dos partes enfrentadas sustentan importantes diferencias entre sí.

EL TENIENTE DE ALCALDE

Ginés Pérez Segura
Ginés Pérez da por hecho la existencia de “intereses varios” detrás de lo ocurrido en la asamblea. Preguntado por cuáles podían ser, el edil respondió sin dudar que “políticos”.

“No es casual que este asunto haya salido ahora, en puertas de las elecciones municipales, y que, además, se vaya a celebrar una asamblea pidiendo mi destitución como miembro de la Junta Rectora el 25 de mayo, el día de reflexión, justo antes del día de los comicios locales”, explicaba el teniente de alcalde.

Un tercero que acompaña a Ginés en el momento de hablar con nosotros declara que detrás de todo el conflicto “se esconden otros empresarios que no voy a nombrar porque no tengo pruebas, pero que todo el mundo sabe en el pueblo quiénes pueden ser”. Enigmática explicación que en términos periodísticos no aclara mucho, sino más bien al contrario.

Ginés Pérez sitúa el inicio de esta historia en el año 2010 y siguientes, cuando la SAT decide buscar arrendatarios a una finca de su propiedad. Gestimur, una empresa del grupo familiar Torralba, presenta una oferta para explotarla con fines agrícolas y la asamblea de la SAT se inclina por ella el 18 de marzo de 2018 frente a otra que pretendía instalar placas para la producción de energía solar. “Pero los terrenos no se encontraban en las condiciones que se requieren para un uso agrícola, y Torralba se ofreció a realizar los trabajos necesarios, algo que fue aceptado de palabra por la Junta Rectora”, explica Ginés Pérez.

“No obstante –prosigue-, el tiempo va pasando y la Junta Rectora de la SAT se niega a firmar el contrato sobre el que existía un acuerdo desde el principio, con algunas modificaciones propuestas por el propio Grupo de regantes, como el cambio del precio del arrendamiento previsto inicialmente en 1 céntimo por cada kilogramo de limones producido, que la Junta prefirió cambiar después por un fijo anual de 35.000 euros. Por el contrario, a Torralba no se le aceptó que, tras los 30 años de duración estipulados en el contrato, se le reconociera el derecho de alquiler preferente por otros 30 más”.

“Alguien tendrá que dar explicaciones algún día de la verdad que se esconde detrás de todo lo que ha pasado. Es necesario que se sepa qué motivos reales existen para no firmar un contrato sobre el que existía un acuerdo desde hacía más de un año y por qué una Junta Rectora de la que forma parte el candidato socialista a la alcaldía -se refiere a Pedro Ridao Zamora, ganador de los comicios el pasado domingo con mayoría absoluta- organizó una asamblea a un mes de las elecciones municipales en la que faltó poco para lincharme a mí, un miembro del equipo de gobierno del Partido Popular”.

“Al final han logrado lo que yo no fui capaz de conseguir: mi retirada de la política. Yo había pensado no concurrir en esta ocasión, pero la alcaldesa logró convencerme y me incluyó como número 3. Después de esto, entendimos que lo mejor para el Partido era que yo no concurriera en la lista”.

“A mí me da igual que sea Torralba o Periquito quien acabe arrendando los terrenos. Lo único que siempre he querido es que 100 Has que teníamos en baldío, sin producción, reviertan un beneficio a la SAT. No tengo ningún interés más. Es mentira, como algunos dicen, que yo haya cobrado ni siquiera un céntimo de Torralba. Sí es cierto que he estado en la finca mientras tenían lugar los trabajos que se han realizado en ella, pero sólo a título de socio del Grupo preocupado por un activo de la SAT”, concluía Ginés Pérez Segura.

LA PRESIDENTA DE LA SAT

Muy diferente es la versión de los hechos que ofrece la presidenta del Grupo de regantes de Antas, Isabel Alvargonzález Aemmer. “Alguien intenta convertir los asuntos internos de la SAT en un espectáculo político. No somos nosotros y no puedo ni quiero consentirlo. Para empezar, no hay ninguna asamblea convocada para el día 25 de mayo, aunque sí es cierto que existe el acuerdo de celebrar una con el fin de expulsar a Ginés Pérez de la Junta Rectora porque, cuando vio que se estaban recogiendo firmas para pedir su cese y se dio cuenta de que la práctica totalidad de la asamblea estaba suscribiendo la petición, anunció que presentaría la dimisión el lunes siguiente, 15 de abril, y éste es el día [6 de mayo] en que aún no ha cumplido su palabra. Si la hubiera presentado, no sería necesaria esa asamblea”.

“Su promesa –continúa-, me movió a pedir que se suspendiera la recogida de firmas que pedía su cese, porque no creí necesario un linchamiento. De todos modos, hoy no sé si lo echaremos. Apenas quedan dos meses para la renovación de los cargos. En cuanto a Pedro Ridao Zamora, me ha presentado su dimisión como tesorero en dos ocasiones. La primera cuando decidió presentarse a las elecciones municipales encabezando la candidatura del PSOE, y la segunda cuando explotó este asunto. Las dos veces se la he rechazado. Me ha asegurado que no se presentará a la reelección de la próxima Junta Rectora”.

“Por lo que se refiere a Ginés, hay motivos de sobra para solicitar su expulsión. No creo que sea de recibo que un miembro de la Junta Rectora tenga conocimiento de que Torralba haya presentado una querella contra nosotros por administración desleal y beneficio personal, no nos lo haga saber de manera inmediata y tampoco nos la entregue. Para mí, eso es deslealtad”.

“En cuanto al contrato aprobado por la asamblea de la SAT el 18 de marzo de 2018, está pendiente de la firma de Torralba, que se niega a hacerlo y cada vez que nos reunimos nos propone uno diferente, pero yo sólo estoy autorizada a suscribir el que aprobaron mis socios. Por una parte, quiere introducir una cláusula que le garantice recuperar los 5 millones de euros de inversión que asegura necesita la finca y, por otra, quedarse 30 años más de los 30 acordados. Nosotros sólo hemos pedido el cambio del precio inicial, fijado en función de la producción, por una cantidad fija para evitar posibles suspicacias”.

“Por otra parte, la empresa de Torralba se metió en la finca y ahí sigue, a pesar de que llevamos intentando echarle desde diciembre, sin éxito alguno. Es cierto que tenía autorización verbal para realizar, a petición suya, unas catas y un pequeño desbroce, y yo estuve presente cuando realizaron esos trabajos, pero nada más. No tiene permiso por parte de la SAT para hacer nada en la finca, sino todo lo contrario, han hecho caso omiso a las llamadas de teléfono, correos electrónicos y burofaxes que le hemos enviado exigiéndoles que la abandonaran. Pero lo más grave es que tampoco tienen la autorización de obras que debe conceder el Ayuntamiento”.

“Cuando Torralba nos envió su última propuesta de contrato –continúa la presidenta de la SAT-, nos emplazó a firmarlo en diez días, so pena de interponer una querella contra nosotros. Ese fue el motivo que nos obligó a convocar la asamblea del 13 de abril, porque necesitábamos autorización de los socios para poder encargar nuestra defensa, ya que no podíamos suscribir un contrato diferente al aprobado por los miembros del Grupo. Y la noche antes de esa asamblea fue cuando Ginés nos confirmó la existencia de esa querella. Al día siguiente la vimos, aunque no nos la dejaron, y nos sorprendió que estaba dirigida contra toda la Junta Rectora excepto él. Supongo que será porque siempre aboga por Torralba, pero no puedo afirmar que tenga algún interés con él”.

“Yo me siento defraudada con Ginés. No entiendo cómo puede ocurrir algo así en una Junta en la que todos estamos de manera voluntaria, sin cobrar ni un céntimo y, al contrario, gastando el poco tiempo de que disponemos en tonterías que se han convertido en un grave problema que tenemos que resolver”.

TORRALBA

Por su parte, Torralba ha declinado realizar declaraciones. Su abogado, que en un principio había aceptado la invitación de este medio a manifestar sus puntos de vista sobre el asunto, prefirió más tarde no hacerlo. “Se trata de unos hechos que están en los tribunales y no nos parece oportuno que la calle y la otra parte se enteren de lo que tenemos que decir antes que el juez”.

El letrado confirmó que había presentado una querella criminal en el juzgado de Vera -que el 13 de mayo todavía no había sido admitida ni rechazada- y no el habitual recurso contencioso para reclamar los 1,4 millones que pide a la SAT por el importe de los trabajos realizados en la finca de los regantes de Antas, “por la forma grosera que ha tenido la Junta Rectora de tratar a mi cliente, un señor de más de ochenta años al que ‘engalgaron’ con la posibilidad de un negocio acordado de manera verbal que han ido complicando”.

“Tenemos pruebas de que la Junta Rectora estaba al corriente de los trabajos realizados en su propiedad tan contundentes como un montón de albaranes firmados por su vocal de obras, y los hemos adjuntado en la denuncia”. Al preguntar al letrado quién es ese vocal de la Junta Rectora que firmó los albaranes que han adjuntado como pruebas, su respuesta fue “Ginés Pérez Segura”.