El Juzgado de lo penal decidió el sobreseimiento por entender que no hab
ALMERÍA HOY / 15·03·2019
Codeur tenía tres días para recurrir el archivo de la querella que había presentado contra los anteriores gestores del PP y lo ha hecho.
La empresa mixta municipal que gestiona el ciclo integral del agua en Vera ha recurrido el sobreseimiento que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad dictó sobre la querella que había presentado contra el actual delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, el exalcalde popular de Vera, José Carmelo Jorge Blanco, el exedil del PP Mariano Estecha y el que fuera gerente de la sociedad durante el mandato del PP, Juan Martín, acusados todos ellos por un delito de administración desleal por determinadas actuaciones que emprendieron cuando estaban al frente de la compañía.
En concreto, los actuales administradores de la sociedad, pertenecientes a PA y PSOE, les acusaron de vender agua regenerada sin permiso, contratar a diez personas para realizar trabajos en la zona de la playa que no le correspondía ejecutar a la compañía, construir un depósito de agua que tampoco tenía por qué haber hecho, acometer indebidamente 62 obras y despedir improcedentemente al anterior gerente de la sociedad.
Sin entrar en el fondo de los asuntos, la juez había entendido que ninguno de los casos denunciados constituye causa penal, por lo que decretó su archivo.
La empresa mixta municipal que gestiona el ciclo integral del agua en Vera ha recurrido el sobreseimiento que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad dictó sobre la querella que había presentado contra el actual delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, el exalcalde popular de Vera, José Carmelo Jorge Blanco, el exedil del PP Mariano Estecha y el que fuera gerente de la sociedad durante el mandato del PP, Juan Martín, acusados todos ellos por un delito de administración desleal por determinadas actuaciones que emprendieron cuando estaban al frente de la compañía.
En concreto, los actuales administradores de la sociedad, pertenecientes a PA y PSOE, les acusaron de vender agua regenerada sin permiso, contratar a diez personas para realizar trabajos en la zona de la playa que no le correspondía ejecutar a la compañía, construir un depósito de agua que tampoco tenía por qué haber hecho, acometer indebidamente 62 obras y despedir improcedentemente al anterior gerente de la sociedad.
Sin entrar en el fondo de los asuntos, la juez había entendido que ninguno de los casos denunciados constituye causa penal, por lo que decretó su archivo.
