Así lo declaró ayer a la Policía judicial en las investigaciones sobre varios presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude y tráfico de influencias contra el regidor y su teniente de alcalde.
 |
| Domingo Fernández, alcalde de Huércal Overa |
ALMERÍA HOY / 22·02·2019
En la mañana de ayer estaban citados a declarar ante la Policía judicial los dos últimos alcaldes de Huércal Overa, Luis García Collado (PSOE) y el actual, Domingo Fernández (PP), en el marco de las investigaciones que lleva a cabo por mandato judicial a raíz de la denuncia sobre la posible comisión por parte de Fernández y su teniente de alcalde, Antonio Lázaro, de los presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude y tráfico de influencias.
También fueron convocados el interventor municipal, José Manuel Martínez, y los exconcejales del PAL Fernando Ortega, Maribel Zurano y Antonio Lázaro, hoy teniente de alcalde, mientras que los ediles de Cs denunciantes, Ginés Navarro Segura y Pepe López, lo hicieron la pasada semana.
Los hechos denunciados fueron el supuesto cobro por parte de Lázaro de 12.122,67 céntimos de la cuenta del extinto Grupo municipal del PAL después de su extinción y pase de los concejales que lo integraban al de no adscritos.
Los denunciantes están convencidos de que nunca se debieron pagar esas ayudas al prohibir la ley que se gratifique a los ediles que abandonan los grupos para los que fueron elegidos.
Sin embargo, y a preguntas de los agentes, el interventor municipal confirmó la versión ofrecida por el alcalde, es decir, que no opuso ninguna objeción a la firma de esas remuneraciones y que, cuando se produjeron los actos que ahora se investigan, no existía aún jurisprudencia al respecto y entendió que, al expresar la norma que los no adscritos no pueden ser remunerados con cantidades más grandes de las que hasta entonces percibían, no era irregular que continuasen percibiendo lo mismo o, incluso, menos, y por eso no había presentado objeciones e informó positivamente al pago de las cantidades cuya suma son el cuerpo de las pesquisas.
También fueron convocados el interventor municipal, José Manuel Martínez, y los exconcejales del PAL Fernando Ortega, Maribel Zurano y Antonio Lázaro, hoy teniente de alcalde, mientras que los ediles de Cs denunciantes, Ginés Navarro Segura y Pepe López, lo hicieron la pasada semana.
Los hechos denunciados fueron el supuesto cobro por parte de Lázaro de 12.122,67 céntimos de la cuenta del extinto Grupo municipal del PAL después de su extinción y pase de los concejales que lo integraban al de no adscritos.
Los denunciantes están convencidos de que nunca se debieron pagar esas ayudas al prohibir la ley que se gratifique a los ediles que abandonan los grupos para los que fueron elegidos.
Sin embargo, y a preguntas de los agentes, el interventor municipal confirmó la versión ofrecida por el alcalde, es decir, que no opuso ninguna objeción a la firma de esas remuneraciones y que, cuando se produjeron los actos que ahora se investigan, no existía aún jurisprudencia al respecto y entendió que, al expresar la norma que los no adscritos no pueden ser remunerados con cantidades más grandes de las que hasta entonces percibían, no era irregular que continuasen percibiendo lo mismo o, incluso, menos, y por eso no había presentado objeciones e informó positivamente al pago de las cantidades cuya suma son el cuerpo de las pesquisas.
