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JOSÉ ANTONIO RAMOS*
Las construcciones que a lo largo de los años los diferentes Equipos de Gobierno, que se han ido sucediendo en el Ayuntamiento de Vera, han permitido realizar en zonas inundables- concretamente en la desembocadura del Río Antas- taponando su desagüe natural, han generado y generan a día de hoy una situación muy peligrosa tanto para los bienes como para las vidas de tantas personas que adquirieron sus casas y negocios en urbanizaciones que contaron también con la aprobación de la Administración autonómica.
Al encontrarse obstruido el desagüe natural hacia la playa, asfixiado por las urbanizaciones construidas, cuando se producen las riadas el agua se ve obligada a circular dando un rodeo por las calles Núñez de Balboa y Juan Sebastián Elcano hasta llegar al mar. Dichas calles se convierten en ríos improvisados de gran virulencia y efecto destructor. Como agravante, la zona mencionada no dispone de una salida de pluviales capaces de evacuar un mínimo de agua por lo que pueden quedar anegadas durante días cuando acontece cualquier episodio de precipitación, incluso leve. Se ha creado una trampa desgraciadamente a veces mortal para los habitantes de la zona.
Aunque parezca increíble, el empecinamiento por darle continuidad a este modelo urbanístico no es cosa del pasado. Actualmente se encuentra en proceso de aprobación definitiva el proyecto de construcción del Sector 2 de Garrucha (zona anexa al punto negro descrito en Las Buganvillas, separadas por la carretera A-1207), construcción planificada en terreno inundable, que, además, de llevarse a cabo, agravaría las condiciones de inundabilidad de la zona descrita ya construida en Vera. Así se pone de manifiesto en unas alegaciones elaboradas por varias asociaciones y colectivos locales que exigen la paralización de cualquier construcción en la zona de influencia de Río, y alertan sobre la ligereza y poco rigor de la promotora con respecto al mapeo y simulaciones de posibles riadas que contiene el estudio ambiental de su proyecto, todo ello contando con la complicidad, o al menos pasividad, de la Administración autonómica y local.
Es necesario centrar todos los esfuerzos en evitar que cuando se produzcan las riadas ocasionen víctimas mortales, como las ocurridas en septiembre de 2012. Existen soluciones al problema, pero falta voluntad política. El hecho de que las obras de encauzamiento se hayan considerado de Interés General de Estado, y que, por tanto, la competencia de acometerlas sea del Gobierno Central -que este postergue cualquier solución al respecto al horizonte temporal 2021-2027 carece de explicación razonable- no puede seguir sirviendo de excusa para justificar la pasividad e inmovilismo autonómico y municipal al respecto. La ciudadanía espera no solo que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Vera asuman su carencia de proactividad hasta la fecha, sobre todo que propongan, dentro de sus competencias, soluciones o que como mínimo escuchen a quien ya las está proponiendo. En este sentido casi 700 vecinos han estampado su firma en una iniciativa promovida por Adelante Andalucía. Tampoco ayuda intentar confundir a la población echando la culpa a “los ecologistas” y argumentando torpemente que la limpieza del cauce evitaría la problemática.
El primer paso es exigir de forma inmediata un estudio completo de la cuenca del Río Antas, que incluya mapas de peligrosidad y riesgo por inundación con datos posteriores al 28 de septiembre de 2012, es decir, que tengan en cuenta los sucesos acaecidos en esa fecha. Del mismo modo se debe impedir que se permitan actuaciones y modificaciones del terreno, realizadas de manera interesada para permitir construir en terrenos con riesgos evidentes de inundación.
El estudio de Cauces del levante Almeriense de 2004, recogía una serie de medidas preventivas y correctoras encaminadas a minimizar los efectos de las posibles crecidas: delimitar el dominio público hidráulico, eliminar las diversas invasiones por particulares, tanto del propio cauce como de la zona adyacente, ampliación del puente de la carretera A-352, para evitar que actuase de tapón, mantenimiento del cauce, implantación de redes de alerta integradas en sistemas automáticos de información hidrológica, entre muchas otras. Bien es cierto que después de múltiples avisos de organizaciones como Podemos Vera, el Observatorio Ciudadano o Ecologistas en Acción, finalmente se está ampliando el puente citado aprovechando las obras de desdoblamiento de la carretera, aún sin terminar. Pero en general se ha hecho caso omiso a las propuestas ciudadanas presentadas al respecto. También habría que preguntarse por qué se han permitido los vertidos de escombros que se pueden ver junto al margen del Río, aguas abajo desde la altura de dicho puente.
Es necesaria la dotación de un sistema de evacuación de pluviales suficientemente dimensionado para drenar toda el agua que se acumula en la Llanura de la Jara y en las calles de las urbanizaciones situadas próximas a la desembocadura del Río, para ello parece evidente que no es suficiente con la partida presupuestaria que el Equipo de Gobierno ha presentado ya para el próximo 2019, otra medida cosmética más y de dudosa eficacia, como la decisión de agolpar sacas de arena o directamente bascular camiones en los puntos críticos cada vez que se intuyen nuevas inundaciones. No sabemos si esta última decisión cuenta con el aval técnico necesario, en principio parece que serviría únicamente para agravar el problema, colapsando la ya de por sí limitada capacidad de desagüe del alcantarillado.
Pero, sobre todo, es necesario dirigirse a la raíz. Es evidente que el actual Equipo de Gobierno ha seguido de forma continuista una política urbanística desaforada, sobre terrenos inundables, similar a sus predecesores. Su respuesta ante el nerviosismo e inquietud vecinal se reduce a derivar responsabilidades al Gobierno Central y salir al paso de forma poco ágil, alegando que los terrenos en cuestión están calificados como urbanizables desde mucho antes de que ellos llegasen al Gobierno, como si ese hecho les restase responsabilidad o justificase de alguna forma su inactividad.
Los vecinos afectados, que siguen viviendo con una inquietud desesperante la posibilidad de nuevas avenidas, esperan y merecen mucho más.
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*José Antonio Ramos Fernández es portavoz del Círculo de Podemos de Vera y candidato a la alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones municipales.
Al encontrarse obstruido el desagüe natural hacia la playa, asfixiado por las urbanizaciones construidas, cuando se producen las riadas el agua se ve obligada a circular dando un rodeo por las calles Núñez de Balboa y Juan Sebastián Elcano hasta llegar al mar. Dichas calles se convierten en ríos improvisados de gran virulencia y efecto destructor. Como agravante, la zona mencionada no dispone de una salida de pluviales capaces de evacuar un mínimo de agua por lo que pueden quedar anegadas durante días cuando acontece cualquier episodio de precipitación, incluso leve. Se ha creado una trampa desgraciadamente a veces mortal para los habitantes de la zona.
Aunque parezca increíble, el empecinamiento por darle continuidad a este modelo urbanístico no es cosa del pasado. Actualmente se encuentra en proceso de aprobación definitiva el proyecto de construcción del Sector 2 de Garrucha (zona anexa al punto negro descrito en Las Buganvillas, separadas por la carretera A-1207), construcción planificada en terreno inundable, que, además, de llevarse a cabo, agravaría las condiciones de inundabilidad de la zona descrita ya construida en Vera. Así se pone de manifiesto en unas alegaciones elaboradas por varias asociaciones y colectivos locales que exigen la paralización de cualquier construcción en la zona de influencia de Río, y alertan sobre la ligereza y poco rigor de la promotora con respecto al mapeo y simulaciones de posibles riadas que contiene el estudio ambiental de su proyecto, todo ello contando con la complicidad, o al menos pasividad, de la Administración autonómica y local.
El primer paso es exigir de forma inmediata un estudio completo de la cuenca del Río Antas, que incluya mapas de peligrosidad y riesgo por inundación con datos posteriores al 28 de septiembre de 2012, es decir, que tengan en cuenta los sucesos acaecidos en esa fecha. Del mismo modo se debe impedir que se permitan actuaciones y modificaciones del terreno, realizadas de manera interesada para permitir construir en terrenos con riesgos evidentes de inundación.
El estudio de Cauces del levante Almeriense de 2004, recogía una serie de medidas preventivas y correctoras encaminadas a minimizar los efectos de las posibles crecidas: delimitar el dominio público hidráulico, eliminar las diversas invasiones por particulares, tanto del propio cauce como de la zona adyacente, ampliación del puente de la carretera A-352, para evitar que actuase de tapón, mantenimiento del cauce, implantación de redes de alerta integradas en sistemas automáticos de información hidrológica, entre muchas otras. Bien es cierto que después de múltiples avisos de organizaciones como Podemos Vera, el Observatorio Ciudadano o Ecologistas en Acción, finalmente se está ampliando el puente citado aprovechando las obras de desdoblamiento de la carretera, aún sin terminar. Pero en general se ha hecho caso omiso a las propuestas ciudadanas presentadas al respecto. También habría que preguntarse por qué se han permitido los vertidos de escombros que se pueden ver junto al margen del Río, aguas abajo desde la altura de dicho puente.
Es necesaria la dotación de un sistema de evacuación de pluviales suficientemente dimensionado para drenar toda el agua que se acumula en la Llanura de la Jara y en las calles de las urbanizaciones situadas próximas a la desembocadura del Río, para ello parece evidente que no es suficiente con la partida presupuestaria que el Equipo de Gobierno ha presentado ya para el próximo 2019, otra medida cosmética más y de dudosa eficacia, como la decisión de agolpar sacas de arena o directamente bascular camiones en los puntos críticos cada vez que se intuyen nuevas inundaciones. No sabemos si esta última decisión cuenta con el aval técnico necesario, en principio parece que serviría únicamente para agravar el problema, colapsando la ya de por sí limitada capacidad de desagüe del alcantarillado.
Pero, sobre todo, es necesario dirigirse a la raíz. Es evidente que el actual Equipo de Gobierno ha seguido de forma continuista una política urbanística desaforada, sobre terrenos inundables, similar a sus predecesores. Su respuesta ante el nerviosismo e inquietud vecinal se reduce a derivar responsabilidades al Gobierno Central y salir al paso de forma poco ágil, alegando que los terrenos en cuestión están calificados como urbanizables desde mucho antes de que ellos llegasen al Gobierno, como si ese hecho les restase responsabilidad o justificase de alguna forma su inactividad.
Los vecinos afectados, que siguen viviendo con una inquietud desesperante la posibilidad de nuevas avenidas, esperan y merecen mucho más.
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*José Antonio Ramos Fernández es portavoz del Círculo de Podemos de Vera y candidato a la alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones municipales.
