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AMANDO DE MIGUEL
Los españoles todos estamos un poco hartos de que la cuestión catalana sea el pan nuestro de cada día, desplazando otros que a todos nos interesan. Además, el problema no lleva trazas de resolverse; más bien se encona cada día que pasa. Nada menos que la Comunidad Autónoma Catalana se propone la secesión de España, lo que significa de hecho una especie de golpe de Estado contra la Constitución que aprobó en masa el pueblo español.
La autonomía regional es un privilegio que hemos acordado todos los españoles a través de la Constitución. En el caso catalán, con más competencias que otras regiones, la impresión general es que su Gobierno no se merece la autonomía. Tanto este Gobierno de Cataluña como los anteriores y los que vengan forzarán las cosas hasta conseguir la independencia de su región, cosa que al menos la mitad de su población no está conforme. El Gobierno actual de la Generalidad catalana es tan culpable socialmente de intentar un golpe de Estado como el anterior, ahora procesado. So capa del “diálogo” permanente, lo que oculta es la imposición de la independencia por la vía de los hechos.
Algunos abogados defensores en el proceso contra el Gobierno anterior de la Generalidad catalana han proclamado que el tribunal que lo juzga es ilegítimo. Es una conducta un tanto anómala. En buena lógica sería una causa suficiente para relevarlos de su posición. De otra forma, no se entiende bien que las decisiones del tribunal puedan ser acatadas por los procesados y por el público. Es la condición que suele tener un juicio justo.
Se aduce que la autodeterminación de una comunidad autónoma es un derecho. Pero lo sería si se acordara por el Parlamento nacional y si lo permitiera la Constitución. No es el caso. Si fuera posible la independencia de una región, todas las demás podrían seguir el mismo ejemplo, lo que significaría el automático desmembramiento de España. Se trata de una de las primeras naciones de Europa cronológicamente hablando.
Un hecho que parece adjetivo y se silencia es que Cataluña ha dejado de ser la locomotora del desarrollo económico español. No está claro que una hipotética Cataluña independiente pudiera volver a su pasado esplendor económico y cultural. Antes bien, supondría su definitivo declive. Solo saldría ganando la minoría que ha disfrutado del poder en Cataluña durante las últimas generaciones. Ha sido más bien una oligarquía y hasta una cleptocracia (gobierno de los ladrones). No parece un porvenir halagüeño para la gran mayoría de los catalanes.
Se podrá discutir si el actual sistema del Estado de las autonomías es conveniente o no. Cabe por lo menos algunas reformas. La fundamental es que el sistema autonómico no conduzca al alto grado de corrupción política que hemos visto hasta ahora. Entre tanto, no estaría mal que se desposeyera a Cataluña de su estatuto privilegiado como comunidad autónoma. Está claro que sus gobernantes no lo han utilizado para mejorar la convivencia dentro de la región y con el resto de España, que no es “el resto del Estado”, como ellos suelen decir.
Un cambio más sustancial sería implantar la norma de que los partidos políticos con representación en las Cortes Españolas no lo fueran representando solo a una porción del territorio español. Pero para ello habría que diseñar una nueva Constitución. Tampoco es un empeño imposible. Las Constituciones pasan; la nación queda.
La autonomía regional es un privilegio que hemos acordado todos los españoles a través de la Constitución. En el caso catalán, con más competencias que otras regiones, la impresión general es que su Gobierno no se merece la autonomía. Tanto este Gobierno de Cataluña como los anteriores y los que vengan forzarán las cosas hasta conseguir la independencia de su región, cosa que al menos la mitad de su población no está conforme. El Gobierno actual de la Generalidad catalana es tan culpable socialmente de intentar un golpe de Estado como el anterior, ahora procesado. So capa del “diálogo” permanente, lo que oculta es la imposición de la independencia por la vía de los hechos.
Algunos abogados defensores en el proceso contra el Gobierno anterior de la Generalidad catalana han proclamado que el tribunal que lo juzga es ilegítimo. Es una conducta un tanto anómala. En buena lógica sería una causa suficiente para relevarlos de su posición. De otra forma, no se entiende bien que las decisiones del tribunal puedan ser acatadas por los procesados y por el público. Es la condición que suele tener un juicio justo.
Se aduce que la autodeterminación de una comunidad autónoma es un derecho. Pero lo sería si se acordara por el Parlamento nacional y si lo permitiera la Constitución. No es el caso. Si fuera posible la independencia de una región, todas las demás podrían seguir el mismo ejemplo, lo que significaría el automático desmembramiento de España. Se trata de una de las primeras naciones de Europa cronológicamente hablando.
Un hecho que parece adjetivo y se silencia es que Cataluña ha dejado de ser la locomotora del desarrollo económico español. No está claro que una hipotética Cataluña independiente pudiera volver a su pasado esplendor económico y cultural. Antes bien, supondría su definitivo declive. Solo saldría ganando la minoría que ha disfrutado del poder en Cataluña durante las últimas generaciones. Ha sido más bien una oligarquía y hasta una cleptocracia (gobierno de los ladrones). No parece un porvenir halagüeño para la gran mayoría de los catalanes.
Se podrá discutir si el actual sistema del Estado de las autonomías es conveniente o no. Cabe por lo menos algunas reformas. La fundamental es que el sistema autonómico no conduzca al alto grado de corrupción política que hemos visto hasta ahora. Entre tanto, no estaría mal que se desposeyera a Cataluña de su estatuto privilegiado como comunidad autónoma. Está claro que sus gobernantes no lo han utilizado para mejorar la convivencia dentro de la región y con el resto de España, que no es “el resto del Estado”, como ellos suelen decir.
Un cambio más sustancial sería implantar la norma de que los partidos políticos con representación en las Cortes Españolas no lo fueran representando solo a una porción del territorio español. Pero para ello habría que diseñar una nueva Constitución. Tampoco es un empeño imposible. Las Constituciones pasan; la nación queda.
