ALMERÍA HOY / 15·01·2019
Según el decreto fiscal referido a la denuncia interpuesta contra el exalcalde de Huércal de Almería y presidente local del PP, Ismael Torres, consultada por ALMERÍA HOY, el Ministerio Público considera que los hechos que se imputan al exregidor y candidato a la Alcaldía huercalense «pueden ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal», aunque «sin perjuicio de una ulterior y más depurada calificación jurídica».
Así las cosas, el fiscal ha dado traslado de la denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Almería.
Recordar que el pasado 22 de noviembre, la alcaldesa Ángeles Muñoz (PSOE) presentó denuncia contra su antecesor por «haber contratado durante su gestión diversos servicios, suministros y obras sin consignación presupuestaria y sin seguir el procedimiento administrativo legalmente previsto y con informes en contra del interventor, haciendo prevalecer su propia voluntad sobre los intereses generales del ente local y los particulares de los posibles interesados».
En este sentido, el propio Ismael Torres ha contado a Europa Press —a nosotros nunca nos coge el teléfono ni devuelve las llamadas— que su gestión al frente de la Alcaldía fue absolutamente legal. Las facturas de la discordia suman 1,4 millones de euros.
Así las cosas, el fiscal ha dado traslado de la denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Almería.
Recordar que el pasado 22 de noviembre, la alcaldesa Ángeles Muñoz (PSOE) presentó denuncia contra su antecesor por «haber contratado durante su gestión diversos servicios, suministros y obras sin consignación presupuestaria y sin seguir el procedimiento administrativo legalmente previsto y con informes en contra del interventor, haciendo prevalecer su propia voluntad sobre los intereses generales del ente local y los particulares de los posibles interesados».
En este sentido, el propio Ismael Torres ha contado a Europa Press —a nosotros nunca nos coge el teléfono ni devuelve las llamadas— que su gestión al frente de la Alcaldía fue absolutamente legal. Las facturas de la discordia suman 1,4 millones de euros.
