Así lo deduce a partir de las declaraciones de tres empleados de un familiar del concejal de Turismo, Emmanuel Agüero Leclerc (PP)
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| Fotomontaje que circula por las redes sobre el controvertido asunto del voto por correo en Mojácar. |
ALMERÍA HOY / 15·01·2019
Mientras la alcaldesa de Mojácar Rosa María Cano (PP) logra eludir ser investigada por presunto fraude electoral, su teniente de alcalde Emmanuel Agüero Leclerc y un familiar suyo sí están siendo investigados en el procedimiento que sigue el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Vera en relación con los presuntos empadronamientos masivos registrados en el Ayuntamiento a finales de 2014, justo antes de que se cerrara el censo de la localidad con vistas a las elecciones municipales de mayo de 2015.
En sus declaraciones, algunos de los testigos aseguran que “nunca” habrían solicitado ser empadronados en Mojácar; otros que habían accedido a hacerlo “a fin de votar” al PP para “agradecer” que el concejal de Turismo –propietario de algunas viviendas- “no le cobrara el alquiler”; que no sabían la dirección del domicilio donde estaban censados porque siempre habían “residido en Turre”; que recuerda haberse “duchado algunas veces” en la vivienda que aparecía como su residencia oficial pero que en realidad vivía con sus “suegros en Vera” o, como en el caso de una sobrina de la mismísima alcaldesa, no sabía “por qué aparece empadronada” en Mojácar en 2014 porque ella “vivía en Garrucha” y estaba “estudiando en la Universidad de Elche”.
Nada de lo escrito hasta ahora es ficción. Se trata, en todos los casos, de declaraciones realizadas ante la Policía Judicial o bajo juramento en el Juzgado nº 1 de Vera, y forman parte de la instrucción del procedimiento que se sigue a raíz de una primera denuncia de Ciudadanos de Mojácar, que después, tras personarse, ha conseguido mantener viva el PSOE local, por el presunto empadronamiento masivo con motivos electorales previo a los comicios municipales de 2015.
Así, Thomas James Freeman, que aparece en el censo empadronado en un apartamento del número 195 de la Avda. del Mediterráneo de Mojácar, aseguró a la Policía el pasado 20 de febrero que creía “estar empadronado en Alfaz del Pi (Alicante)”, y aseveró que “nunca había solicitado su empadronamiento en el Ayuntamiento de Mojácar”. También hizo constar Freeman que trabajaba para un familiar del concejal de Turismo, Emmanuel Agüero Leclerc (PP).
Un día después compareció en el cuartel como testigo Juan Manuel Flores Triviño, que confesó a la Policía que, si bien residía “de forma efectiva” en Vera, como demostró aportando copia del contrato de arrendamiento de la vivienda en que lo hacía, accedió a empadronarse en Mojácar a finales de 2014 “previa solicitud” de Emmanuel Agüero, “a fin de que pudiera votar en las elecciones municipales por la candidatura” que encabezaba Rosa María Cano. Este testigo llegó a admitir “haber votado a favor de la citada candidatura como agradecimiento a que Agüero no le cobrara el alquiler de los seis meses que estuvo viviendo en uno de sus apartamentos”.
También figuraba como empadronado en el número 195 del Paseo del Mediterráneo Iulian Manuel Bulgarea, rumano, quien desconocía esa dirección “dado que, en verdad, siempre había residido en la localidad de Turre”.
Del mismo modo que Flores Triviño, Bulgarea reconoció que un pariente del teniente de alcalde Agüero le “solicitó” su empadronamiento en el Ayuntamiento de Mojácar para que “pudiera votar en las elecciones municipales”, y fue precisamente ese mismo familiar quien le facilitó toda la documentación necesaria para hacerlo y quien se encargó de llevarlo “al colegio electoral para votar el mismo día de dichas elecciones”.
De todo lo descrito, respaldado por las pruebas que corroboran las declaraciones obtenidas, la Policía Judicial de Garrucha informó al Juzgado nº1 de Vera que había observado “indicios racionales que acreditarían que los empadronamientos” de los tres individuos reseñados “se podrían haber efectuado de forma manifiestamente irregular”, y que el concejal Emmanuel Agüero Leclerc y su pariente se habrían servido de “una cierta situación de superioridad” para conminar a sus empleados a empadronarse en Mojácar “con el fin de que votaran en las próximas elecciones municipales por la candidatura de la que formaba parte Emmanuel” y que encabezaba la alcaldesa Rosa María Cano.
Por eso, los agentes de la Policía Judicial concluyen que existe una “relación de causalidad directa entre sus empadronamientos y el hecho de que ejercieran su derecho al voto a favor” de la citada candidatura.
LA SOBRINA VIVÍA EN GARRUCHA
Aunque, sin perjuicio de lo hasta ahora descrito, no menos sorprendentes resultaron las declaraciones que algunos testigos han referido ya en el Juzgado. En ese sentido, María de los Ángeles García León, una sobrina de la regidora Rosa María Cano confesó a la juez que ella “vivía en 2014 en Garrucha” y que no sabe por qué aparece empadronada en diciembre de ese año en un domicilio de Mojácar en el que “no ha vivido nunca”. Añadió que por entonces “estaba estudiando en la Universidad de Elche”.
También resulta muy curioso el testimonio de José Francisco Domínguez Villalobos, Policía local de la localidad. Domínguez reconoce como su domicilio uno situado en Garrucha, donde admite que está empadronada su esposa. Sin embargo, reveló que en diciembre de 2014 se empadronó en Mojácar “en la casa de un familiar, que usaba de forma esporádica para ducharse”, en donde sigue empadronado “por dejadez”. Y si las declaraciones que hemos desgranado hasta ahora resultan ciertamente sorprendentes, la un funcionario del área de Urbanismo también son un tanto asombrosas.
El técnico contó a la juez “que se empadronó en Mojácar sin saber que lo hacía en el domicilio de la alcaldesa”. Dijo que fueron los compañeros los que le dijeron “que puesto que iba a trabajar” allí, era lógico que también se censara, así que le “prepararon los papeles” y los firmó, aunque su residencia estaba en Vera”, donde volvió a censarse después de las elecciones.
Otro trabajador municipal que se empadronó por aquellas fechas fue Miguel García Garre, dinamizador del centro Guadalinfo, quien contó a la juez que lo hizo en una “casa del concejal de Turismo” en el 195 del Paseo del Mediterráneo. García Garre declaró “que creía haber firmado un contrato privado de arrendamiento, pero que no lo ha encontrado”, así como que “la luz y el agua iban a nombre de Emmanuel”.
LA ALCALDESA NO SABE
Por su parte, la alcaldesa Rosa María Cano ni sabe ni es consciente de nada o, al menos, eso manifestó a la juez el 2 de marzo de 2017.
En calidad de testigo, declaró “no ser consciente” de que “un número alto de personas” se hubiera censado en su pueblo “para alterar las elecciones”. Dijo no saber que el técnico de Urbanismo estuvo empadronado” en su domicilio, que “José Francisco” Domínguez se hubiera inscrito en el padrón mojaquero “días antes del cierre” o que Miguel García Garre le hubiera alquilado un piso al pariente de un concejal.
También negó conocer dónde estaban empadronados sus cuñados y la hija de éstos, ni que “en los tres últimos meses de 2014 se empadronaron 250 personas, 117 en diciembre y 41 en la última semana antes del cierre del censo electoral”, porque, claro, la alcaldesa “no lleva nada de los temas del padrón”. En fin, ustedes lean y los jueces juzguen.
En sus declaraciones, algunos de los testigos aseguran que “nunca” habrían solicitado ser empadronados en Mojácar; otros que habían accedido a hacerlo “a fin de votar” al PP para “agradecer” que el concejal de Turismo –propietario de algunas viviendas- “no le cobrara el alquiler”; que no sabían la dirección del domicilio donde estaban censados porque siempre habían “residido en Turre”; que recuerda haberse “duchado algunas veces” en la vivienda que aparecía como su residencia oficial pero que en realidad vivía con sus “suegros en Vera” o, como en el caso de una sobrina de la mismísima alcaldesa, no sabía “por qué aparece empadronada” en Mojácar en 2014 porque ella “vivía en Garrucha” y estaba “estudiando en la Universidad de Elche”.
Nada de lo escrito hasta ahora es ficción. Se trata, en todos los casos, de declaraciones realizadas ante la Policía Judicial o bajo juramento en el Juzgado nº 1 de Vera, y forman parte de la instrucción del procedimiento que se sigue a raíz de una primera denuncia de Ciudadanos de Mojácar, que después, tras personarse, ha conseguido mantener viva el PSOE local, por el presunto empadronamiento masivo con motivos electorales previo a los comicios municipales de 2015.
Así, Thomas James Freeman, que aparece en el censo empadronado en un apartamento del número 195 de la Avda. del Mediterráneo de Mojácar, aseguró a la Policía el pasado 20 de febrero que creía “estar empadronado en Alfaz del Pi (Alicante)”, y aseveró que “nunca había solicitado su empadronamiento en el Ayuntamiento de Mojácar”. También hizo constar Freeman que trabajaba para un familiar del concejal de Turismo, Emmanuel Agüero Leclerc (PP).
Un día después compareció en el cuartel como testigo Juan Manuel Flores Triviño, que confesó a la Policía que, si bien residía “de forma efectiva” en Vera, como demostró aportando copia del contrato de arrendamiento de la vivienda en que lo hacía, accedió a empadronarse en Mojácar a finales de 2014 “previa solicitud” de Emmanuel Agüero, “a fin de que pudiera votar en las elecciones municipales por la candidatura” que encabezaba Rosa María Cano. Este testigo llegó a admitir “haber votado a favor de la citada candidatura como agradecimiento a que Agüero no le cobrara el alquiler de los seis meses que estuvo viviendo en uno de sus apartamentos”.
También figuraba como empadronado en el número 195 del Paseo del Mediterráneo Iulian Manuel Bulgarea, rumano, quien desconocía esa dirección “dado que, en verdad, siempre había residido en la localidad de Turre”.
Del mismo modo que Flores Triviño, Bulgarea reconoció que un pariente del teniente de alcalde Agüero le “solicitó” su empadronamiento en el Ayuntamiento de Mojácar para que “pudiera votar en las elecciones municipales”, y fue precisamente ese mismo familiar quien le facilitó toda la documentación necesaria para hacerlo y quien se encargó de llevarlo “al colegio electoral para votar el mismo día de dichas elecciones”.
De todo lo descrito, respaldado por las pruebas que corroboran las declaraciones obtenidas, la Policía Judicial de Garrucha informó al Juzgado nº1 de Vera que había observado “indicios racionales que acreditarían que los empadronamientos” de los tres individuos reseñados “se podrían haber efectuado de forma manifiestamente irregular”, y que el concejal Emmanuel Agüero Leclerc y su pariente se habrían servido de “una cierta situación de superioridad” para conminar a sus empleados a empadronarse en Mojácar “con el fin de que votaran en las próximas elecciones municipales por la candidatura de la que formaba parte Emmanuel” y que encabezaba la alcaldesa Rosa María Cano.
Por eso, los agentes de la Policía Judicial concluyen que existe una “relación de causalidad directa entre sus empadronamientos y el hecho de que ejercieran su derecho al voto a favor” de la citada candidatura.
LA SOBRINA VIVÍA EN GARRUCHA
Aunque, sin perjuicio de lo hasta ahora descrito, no menos sorprendentes resultaron las declaraciones que algunos testigos han referido ya en el Juzgado. En ese sentido, María de los Ángeles García León, una sobrina de la regidora Rosa María Cano confesó a la juez que ella “vivía en 2014 en Garrucha” y que no sabe por qué aparece empadronada en diciembre de ese año en un domicilio de Mojácar en el que “no ha vivido nunca”. Añadió que por entonces “estaba estudiando en la Universidad de Elche”.
También resulta muy curioso el testimonio de José Francisco Domínguez Villalobos, Policía local de la localidad. Domínguez reconoce como su domicilio uno situado en Garrucha, donde admite que está empadronada su esposa. Sin embargo, reveló que en diciembre de 2014 se empadronó en Mojácar “en la casa de un familiar, que usaba de forma esporádica para ducharse”, en donde sigue empadronado “por dejadez”. Y si las declaraciones que hemos desgranado hasta ahora resultan ciertamente sorprendentes, la un funcionario del área de Urbanismo también son un tanto asombrosas.
El técnico contó a la juez “que se empadronó en Mojácar sin saber que lo hacía en el domicilio de la alcaldesa”. Dijo que fueron los compañeros los que le dijeron “que puesto que iba a trabajar” allí, era lógico que también se censara, así que le “prepararon los papeles” y los firmó, aunque su residencia estaba en Vera”, donde volvió a censarse después de las elecciones.
Otro trabajador municipal que se empadronó por aquellas fechas fue Miguel García Garre, dinamizador del centro Guadalinfo, quien contó a la juez que lo hizo en una “casa del concejal de Turismo” en el 195 del Paseo del Mediterráneo. García Garre declaró “que creía haber firmado un contrato privado de arrendamiento, pero que no lo ha encontrado”, así como que “la luz y el agua iban a nombre de Emmanuel”.
LA ALCALDESA NO SABE
Por su parte, la alcaldesa Rosa María Cano ni sabe ni es consciente de nada o, al menos, eso manifestó a la juez el 2 de marzo de 2017.
En calidad de testigo, declaró “no ser consciente” de que “un número alto de personas” se hubiera censado en su pueblo “para alterar las elecciones”. Dijo no saber que el técnico de Urbanismo estuvo empadronado” en su domicilio, que “José Francisco” Domínguez se hubiera inscrito en el padrón mojaquero “días antes del cierre” o que Miguel García Garre le hubiera alquilado un piso al pariente de un concejal.
También negó conocer dónde estaban empadronados sus cuñados y la hija de éstos, ni que “en los tres últimos meses de 2014 se empadronaron 250 personas, 117 en diciembre y 41 en la última semana antes del cierre del censo electoral”, porque, claro, la alcaldesa “no lleva nada de los temas del padrón”. En fin, ustedes lean y los jueces juzguen.
