El TSJA ha dictaminado nula la tasa de 12 euros por tonelada que el Consistorio, ávido de ingresos por su paupérrima situación económica, aprobó instaurar en abril de 2013 y que ahora tendrá que reembolsar a la entidad que gestiona las basuras en el Norte de la provincia
ALMERÍA HOY / 21·01·2019
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso interpuesto por el Consorcio de Residuos Almanzora-Levante-Los Vélez contra la ordenanza fiscal aprobada por el Ayuntamiento de Albox, que impone una tasa por la utilización del vertedero comarcal donde se depositan los residuos de los 45 municipios que componen la zona norte provincial.
La citada ordenanza fue aprobada por el Consistorio albojense, en cuyo término municipal se encuentra la planta, en abril de 2013 e implementaba una tasa de 12 euros por tonelada de residuos vertidos. La directiva del Consorcio se opuso, pero no tuvo otra opción que comenzar a pagarla. Fuentes municipales de Albox cifran en medio millón los euros cobrados por ese concepto, que habrán de ser devueltos.
La sentencia, que no es firme y hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), estima el recurso interpuesto por el Consorcio y anula la ordenanza municipal “al no ser conforme a derecho”.
El recurso
El recurso del Consorcio expuso tres motivos para solicitar la anulación. El primero consistía en la “falta de competencia” del Ayuntamiento, pues tanto la ley de residuos y suelos como la de gestión ambiental de Andalucía confieren a la administración de la Comunidad Autónoma esa responsabilidad.
En segundo lugar señalaba que el ciudadano estaría pagando dos veces idéntico concepto, “pues ya se abona una tasa por ese mismo servicio”.
La tercera pata del recurso alude a una “infracción del procedimiento”, toda vez que el expediente elaborado para la aprobación de la ordenanza adolecía de “falta de informe técnico-económico y memoria económico-financiera”. Estos tres argumentos fueron contestados por el abogado del Ayuntamiento uno por uno.
En ese sentido, comenzó afirmando que el Ayuntamiento es competente para imponer esa tasa porque su imposición pretende compensar económicamente a Albox por el deterioro sufrido por sus infraestructuras –carreteras, caminos, etc-, que deben ser reparadas y mantenidas, debido al continuo tráfico de camiones hacia al vertedero.
Además, ese sería el destino final de la nueva tasa que, según los letrados del Consistorio, no está cubierto por ninguna otra existente.
Y, finalmente, los servicios jurídicos municipales aseguraban que el expediente sí “aporta informe y memoria económico-financiera y está probado que las tarifas propuestas no superan el coste de las medidas correctoras establecidas”. Es decir, que los ingresos son iguales a lo que cuesta el mantenimiento de aquello que se deteriora.
Consideraciones
Sin embargo, el Tribunal fue desmontando, uno detrás de otro, los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Albox. Para empezar, pese a reconocer que “el medio ambiente es una competencia local”, el TSJA señala que la ordenanza municipal “va más allá” de las atribuciones consistoriales y llega a invadir asuntos de la jurisdicción de la “Comunidad Autónoma”. Por tanto, los magistrados sostienen que el Ayuntamiento de Albox “ha establecido una tasa sobre una materia” careciendo de facultades para imponerla.
Por otra parte, el Tribunal recuerda que existe una ordenanza vigente más antigua que ya grava la carga y acarreo de las basuras, “algo que se pretende también gravar con la nueva” norma municipal, por lo que avala los argumentos del Consorcio y confirma la existencia de “una superposición” de tributos. Es decir, se opone a que se pague dos veces por la misma cosa.
Finalmente, en cuanto a la existencia o no de memoria económico-financiera, los magistrados son contundentes: el documento presentado por el Ayuntamiento de Albox no merece el nombre de memoria y le reprocha que despache “en apenas unas líneas” la justificación del coste del servicio. Más aún, señala que ni tan siquiera consiga hacerlo, porque ese “estudio” no llega a concretar nada.
El Tribunal tilda el citado informe de “pseudo memoria”, y añade que incluye partidas que nada tienen que ver con la utilización del vertedero y, por tanto, con el objeto de la tasa. ¿Cuáles serían los destinos del dinero recaudado y que el TSJA invalida? Pues las que el Ayuntamiento confiesa que destinará al “incremento de la superficie ajardinada del municipio o a charlas y cursos de educación ambiental”. En definitiva, la sentencia subraya la “ausencia de justificación suficiente” para imponer la tasa.
Por todo ello, el TSJA revoca la ordenanza de Albox y condena al Ayuntamiento a devolver lo cobrado, unos 500.000 euros, así como a pagar las costas, aunque con la limitación de 6.000 euros en este caso.
Reacciones
“Ha sido un camino largo y complicado, pero estamos satisfechos de que el TSJA nos haya dado la razón. De esta manera se demuestra que este Consorcio está por el interés general de los vecinos, que ahora no se van a ver perjudicados", ha valorado Antonio Martínez Pascual (PP), alcalde de Olula del Río y presidente del Consorcio. Por su parte, el primer edil de Albox, Francisco Torrecillas (CILUS), recuerda que la sentencia, “aunque estaba dentro de lo previsible”, “no es firme y la vamos a recurrir”.
Y añade con fuerza: “Yo cogería una pala y sacaría la mierda que los 45 pueblos vierten en nuestro municipio”. El regidor afirma que está trabajando, “junto a otros alcaldes de pueblos de Andalucía con vertederos en sus términos, en buscar un instrumento para compensar los inconvenientes. puede ser un IBI especial, como el que paga la Junta por los terrenos ocupados por los pantanos”.
El regidor tranquiliza a los vecinos. “En cualquier caso, las cuentas y las inversiones que estamos llevando a cabo el señor Campoy [único concejal exsocialista que le apoya en la Corporación] y yo no se van a resentir, porque los 500.000 euros que hemos cobrado por esa tasa están apartados y sin tocar en una cuenta”. Torrecillas finaliza señalando como culpable al exalcalde Rogelio Mena (PSOE) “por exigir la compensación. Confiaba más en asesores externos que en los municipales”.
Y Rogelio Mena asegura que siempre ha “defendido por encima de todo el interés de Albox desde el punto de vista político. Mi función era señalar lo que había que hacer, no redactar ordenanzas, que es el trabajo de los funcionarios”.
Además, devuelve el reproche a Torrecillas. “Resulta increíble que hace unos meses se paseara por la televisión alardeando de haber resuelto el problema y, cuando llega la sentencia, la culpa es de los demás. De todos modos, queda por resolver un recurso ante el Tribunal Supremo y, si no prospera, que los vecinos de Albox tengan por seguro que yo solucionaré el asunto cuando vuelva a ser alcalde”.
La citada ordenanza fue aprobada por el Consistorio albojense, en cuyo término municipal se encuentra la planta, en abril de 2013 e implementaba una tasa de 12 euros por tonelada de residuos vertidos. La directiva del Consorcio se opuso, pero no tuvo otra opción que comenzar a pagarla. Fuentes municipales de Albox cifran en medio millón los euros cobrados por ese concepto, que habrán de ser devueltos.
La sentencia, que no es firme y hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), estima el recurso interpuesto por el Consorcio y anula la ordenanza municipal “al no ser conforme a derecho”.
El recurso
El recurso del Consorcio expuso tres motivos para solicitar la anulación. El primero consistía en la “falta de competencia” del Ayuntamiento, pues tanto la ley de residuos y suelos como la de gestión ambiental de Andalucía confieren a la administración de la Comunidad Autónoma esa responsabilidad.
En segundo lugar señalaba que el ciudadano estaría pagando dos veces idéntico concepto, “pues ya se abona una tasa por ese mismo servicio”.
La tercera pata del recurso alude a una “infracción del procedimiento”, toda vez que el expediente elaborado para la aprobación de la ordenanza adolecía de “falta de informe técnico-económico y memoria económico-financiera”. Estos tres argumentos fueron contestados por el abogado del Ayuntamiento uno por uno.
En ese sentido, comenzó afirmando que el Ayuntamiento es competente para imponer esa tasa porque su imposición pretende compensar económicamente a Albox por el deterioro sufrido por sus infraestructuras –carreteras, caminos, etc-, que deben ser reparadas y mantenidas, debido al continuo tráfico de camiones hacia al vertedero.
Además, ese sería el destino final de la nueva tasa que, según los letrados del Consistorio, no está cubierto por ninguna otra existente.
Y, finalmente, los servicios jurídicos municipales aseguraban que el expediente sí “aporta informe y memoria económico-financiera y está probado que las tarifas propuestas no superan el coste de las medidas correctoras establecidas”. Es decir, que los ingresos son iguales a lo que cuesta el mantenimiento de aquello que se deteriora.
Consideraciones
Sin embargo, el Tribunal fue desmontando, uno detrás de otro, los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Albox. Para empezar, pese a reconocer que “el medio ambiente es una competencia local”, el TSJA señala que la ordenanza municipal “va más allá” de las atribuciones consistoriales y llega a invadir asuntos de la jurisdicción de la “Comunidad Autónoma”. Por tanto, los magistrados sostienen que el Ayuntamiento de Albox “ha establecido una tasa sobre una materia” careciendo de facultades para imponerla.
Por otra parte, el Tribunal recuerda que existe una ordenanza vigente más antigua que ya grava la carga y acarreo de las basuras, “algo que se pretende también gravar con la nueva” norma municipal, por lo que avala los argumentos del Consorcio y confirma la existencia de “una superposición” de tributos. Es decir, se opone a que se pague dos veces por la misma cosa.
Finalmente, en cuanto a la existencia o no de memoria económico-financiera, los magistrados son contundentes: el documento presentado por el Ayuntamiento de Albox no merece el nombre de memoria y le reprocha que despache “en apenas unas líneas” la justificación del coste del servicio. Más aún, señala que ni tan siquiera consiga hacerlo, porque ese “estudio” no llega a concretar nada.
El Tribunal tilda el citado informe de “pseudo memoria”, y añade que incluye partidas que nada tienen que ver con la utilización del vertedero y, por tanto, con el objeto de la tasa. ¿Cuáles serían los destinos del dinero recaudado y que el TSJA invalida? Pues las que el Ayuntamiento confiesa que destinará al “incremento de la superficie ajardinada del municipio o a charlas y cursos de educación ambiental”. En definitiva, la sentencia subraya la “ausencia de justificación suficiente” para imponer la tasa.
Por todo ello, el TSJA revoca la ordenanza de Albox y condena al Ayuntamiento a devolver lo cobrado, unos 500.000 euros, así como a pagar las costas, aunque con la limitación de 6.000 euros en este caso.
Reacciones
“Ha sido un camino largo y complicado, pero estamos satisfechos de que el TSJA nos haya dado la razón. De esta manera se demuestra que este Consorcio está por el interés general de los vecinos, que ahora no se van a ver perjudicados", ha valorado Antonio Martínez Pascual (PP), alcalde de Olula del Río y presidente del Consorcio. Por su parte, el primer edil de Albox, Francisco Torrecillas (CILUS), recuerda que la sentencia, “aunque estaba dentro de lo previsible”, “no es firme y la vamos a recurrir”.
Y añade con fuerza: “Yo cogería una pala y sacaría la mierda que los 45 pueblos vierten en nuestro municipio”. El regidor afirma que está trabajando, “junto a otros alcaldes de pueblos de Andalucía con vertederos en sus términos, en buscar un instrumento para compensar los inconvenientes. puede ser un IBI especial, como el que paga la Junta por los terrenos ocupados por los pantanos”.
El regidor tranquiliza a los vecinos. “En cualquier caso, las cuentas y las inversiones que estamos llevando a cabo el señor Campoy [único concejal exsocialista que le apoya en la Corporación] y yo no se van a resentir, porque los 500.000 euros que hemos cobrado por esa tasa están apartados y sin tocar en una cuenta”. Torrecillas finaliza señalando como culpable al exalcalde Rogelio Mena (PSOE) “por exigir la compensación. Confiaba más en asesores externos que en los municipales”.
Y Rogelio Mena asegura que siempre ha “defendido por encima de todo el interés de Albox desde el punto de vista político. Mi función era señalar lo que había que hacer, no redactar ordenanzas, que es el trabajo de los funcionarios”.
Además, devuelve el reproche a Torrecillas. “Resulta increíble que hace unos meses se paseara por la televisión alardeando de haber resuelto el problema y, cuando llega la sentencia, la culpa es de los demás. De todos modos, queda por resolver un recurso ante el Tribunal Supremo y, si no prospera, que los vecinos de Albox tengan por seguro que yo solucionaré el asunto cuando vuelva a ser alcalde”.
