El secretario de Vera da una de cal y dos de arena a los ediles del PP denunciados por el grupo Key


 Mariano Estecha –primero por izquierda-, Juan de la Cruz Belmonte –en el centro de la imagen- y José Carmelo Jorge –a la derecha-, en una imagen de archivo.

ALMERÍA HOY / 29·12·2018

El secretario de Vera declaró en el juzgado que los consejeros populares en Codeur “siguieron [en 2012] el criterio” que él expuso en relación a la decisión de ejercer del derecho de compra preferente de las acciones del socio privado en la empresa mixta, así como en la posterior anulación del acuerdo, pero considera “anormal que no se repartieran beneficios y desvela que el depósito de El Hacho fue construido por Codeur sin licencia y “sin cumplir el procedimiento”.

Juan de la Cruz Belmonte, concejal del gobierno del PP en Vera durante el mandato 2011-2015 y consejero en la empresa mixta municipal Codeur en ese mismo periodo, siempre ha mantenido que las actuaciones que realizaron en 2012 en el ejercicio del derecho de compra de las acciones de Key Lanzarote “obedecieron el criterio de los técnicos municipales y de la empresa”, y el secretario municipal le ha dado la razón, pero no en lo concerniente al reparto de beneficios ni a la construcción del depósito de agua de El Hacho.

El funcionario declaró como testigo el pasado 25 de octubre en el nº 2 de Vera que los consejeros del PP siguieron el criterio que él había expuesto en su informe sobre la decisión del Ayuntamiento de ejercer del derecho de compra preferente de las acciones del socio privado en la empresa mixta cuando éste le comunicó que tenía una oferta de 7 millones de euros por su 49% en la sociedad, así como en la posterior anulación del acuerdo.

Se refiere el secretario a los ahora ex consejeros de Codeur José Carmelo Jorge Blanco, Juan de la Cruz Belmonte y Mariano Estecha, los tres del PP, así como el gerente de la sociedad en aquellos años, Juan Martín, investigados por éste y otros dos asuntos en virtud de la querella que se sigue contra ellos a instancias de Key Lanzarote por el presunto daño que le habrían causado varias decisiones adoptadas por los encausados.
El secretario señaló que, para hacer frente a la compra, se había dispuesto en los presupuestos de 2012 “una partida por el valor nominal de las acciones: 98.000 euros”, aunque Key Lanzarote reportó tener una oferta de 7 millones de euros por ellas, y el pasado agosto vendió la mitad a la SAT Climasol por 5.

Pero el proceso emprendido por la Corporación en enero de 2012 se paró en seco en febrero, cuando secretario e interventor conocieron la ‘pignoración’ existente sobre las acciones del socio privado, es decir una carga que las gravaba.

Según el funcionario, el derecho obliga a las administraciones “a comprar [cualquier bien] libre de cargas y gravámenes”. Por ese motivo aseguró al juez que recurrió al Consejo Consultivo y, tras su respuesta, anularon la decisión de ejercer la compra. Es la misma versión que habían aportado al juez tanto el ex alcalde José Carmelo Jorge como Belmonte y Estecha.

Así, José Carmelo explicó que lo único que hicieron en ese asunto “fue hacer caso” a lo que dijo el secretario: “que a lo mejor” la decisión de comprar las participaciones que Key Lanzarote poseía de Codeur “no era la más correcta y mandó al Tribunal Consultivo de Andalucía [un informe al respecto] y le dijeron que, efectivamente, no era la decisión más correcta”, por lo que anularon el acuerdo.

En los mismos términos se pronunció Estecha, quien reconoció que “siempre fueron de la mano del secretario” y reveló que “conforme se fue avanzando en la operación, aparecieron irregularidades y se recomendó no realizarla”. Las anomalías consistían en que “las acciones estaban pignoradas”.

Por su parte, Belmonte declaró que siempre votó “por el informe del secretario de Codeur que también lo era del Ayuntamiento. No quería ir en contra de sus recomendaciones”.


“QUERÍAN FASTIDIAR A LA EMPRESA”

Sin embargo, el portavoz del actual equipo de gobierno, Francisco Vázquez (PA), expresó como testigo que los investigados “querían fastidiar a Codeur porque dijeron que podían comprar las acciones cuando sabían que no podían al no haber partida presupuestaria”. “Querían perjudicar al socio privado –añadió- porque si alguien quiere vender algo por 7 millones y finalmente no lo hace” por la intromisión de un tercero, “se le causa un perjuicio”.

Ese mismo “afán por perjudicar al socio privado” es lo que el andalucista señaló como motivo para decidir “que no se repartieran beneficios” entre los socios de Codeur, otro de los asuntos que la querellante imputa a los investigados. De esa manera, Key Lanzarote “iba a dejar de percibir ingresos”, añadió Vázquez al juez. Sobre este punto, el secretario municipal declaró que “la situación era anormal. Lo normal es que se apruebe la gestión [de la empresa] y se repartan beneficios”.

No obstante, los encausados se escudaron en el director financiero de Codeur, Francisco Javier Rodríguez Huertas, y el primero en hacerlo fue José Carmelo, quien reportó que “Huertas dijo que la empresa [Codeur] había venido a menos y estaba preocupado, por lo que había que hacer algo”. Ese algo consistía en “que no se repartieran beneficios”. El director financiero les había explicado que de esa manera “se revalorizaban las acciones”.

En esa línea insistió Estecha. El ex concejal aseguró al juez que sumó la existencia de “dos informes externos más que decían que se podía adoptar esa decisión”. A lo manifestado por sus compañeros de banquillo, Juan de la Cruz Belmonte añadió que “la decisión de no repartir dividendos no fue impugnada”.


CESE DE GABRIEL SÁNCHEZ

Otro asunto de la querella tiene que ver con el cese de Gabriel Sánchez, presidente de la empresa, como consejero en Codeur. José Carmelo declaró que él no estuvo presente cuando se adoptó la decisión y no sabía “si querían destituirle o no”. Admitió que se lo contaron sus compañeros y que éstos le aseguraron “que lo habían hecho legalmente”. Al mismo tiempo, explicó que “Key Lanzarote no perdió ningún derecho” en Codeur al ser expulsado su presidente del Consejo “porque se nombró a otro representante” para cubrir su puesto.

Más elocuente se mostró Juan de la Cruz Belmonte. Señaló que para expulsar a Sánchez se basaron en que tuvieron “conocimiento de una contratación sin tener poderes para hacerla o el reparto de dividendos que no se ajustaban a la ley”. Por ello, Belmonte refirió que “se le invitó a que nombrara a otro representante de Key Lanzarote”.

Más concreto aún fue Juan Martín. El gerente recordó que Gabriel Sánchez había cometido “anomalías muy graves, como la contratación del gerente anterior [Javier Lamas] y otorgar a su empresa un préstamo sin garantía de ningún tipo y sin tener poder para hacerlo”.


DEPÓSITO DE EL HACHO

Sobre la construcción de un depósito en El Hacho por parte de Codeur presuntamente sin encargo del Ayuntamiento, ninguno de los investigados quiso responder a las preguntas del juez ni de los letrados de la acusación, remitiéndose todos a lo declarado en las diligencias que se siguen contra ellos por un delito de administración desleal en el Juzgado número 3 a instancias de Codeur.

Sí contestó Francisco Vázquez, quien explicó al juez que “no hubo encargo del Ayuntamiento para hacer el depósito” y que, además, el Consistorio ha negado el pago “porque no se siguió el procedimiento de contratación”. Vázquez concluyó manifestando que “hay un perjuicio para el socio privado porque no tiene beneficio alguno con él”.

En parecidos términos se pronunció el secretario municipal, quien declaró que el Ayuntamiento “no paga la construcción del depósito porque Codeur no tenía que haberlo hecho y porque el procedimiento de contratación no se cumplió”. Además, el funcionario reveló que el citado embalse se construyó “sin licencia”.