Pascual Díaz (PP): «Moreno y Garrido SL formaba parte del entramado ‘Fernández’, como otras empresas que no saben buscarse la vida fuera del Ayuntamiento»
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| María Ángeles Ruiz Venzal, concejal del gobierno. |
ALMERÍA HOY / 31·12·2018
El Grupo Municipal Socialista de Carboneras intentó ‘dinamitar’ la unidad del equipo del alcalde Felipe Cayuela (GICAR) ‘disparando’ un Pleno extraordinario por el lado más emocional: la propuesta de contratación ‘a dedo’ del hermano de la concejal de Asuntos Sociales y de dos tíos y un primo de la titular de Cultura.
Para ello, registró a primeros de noviembre una petición firmada por los seis concejales del PSOE, mediante la que solicitaban la convocatoria de la referida sesión plenaria, que fue celebrada el 13 de noviembre.
El orden del día contenía tres propuestas: rescindir el contrato vigente desde junio de 2014 con Electrotecnia Monrabal SLU, quien ganó el concurso para el suministro y mantenimiento eléctrico en el municipio por un periodo de diez años; revocar el acuerdo de rescisión del contrato anterior con Moreno y Garrido SL, compañía que venía ocupándose del mantenimiento desde 1993 en virtud de un contrato menor de un año de duración por importe de 7 millones de pesetas (42.000 euros), que se renovaba tácitamente año tras año, sin tan siquiera mediar un mínimo expediente administrativo, con un incremento progresivo de su coste, que acabó alcanzando los 150.000 euros, a los que había que añadir los materiales, que importaban otros 40.000 euros.
Pero, entre ambas propuestas, los socialistas escondían un ‘señuelo’ dispuesto a modo de cebo: la incorporación al Ayuntamiento de todo el personal que Moreno y Garrido tenía en el momento de la rescisión del contrato “con los efectos retroactivos correspondientes”. A continuación, el PSOE enumeraba el nombre de los trabajadores cuya contratación por parte del Ayuntamiento pretendía que aprobara el Pleno: Juan Moreno Segura (propietario de Moreno y Garrido, SL), Antonio Manuel Moreno Garrido (su hijo), Antonio Francisco Moreno Segura (su hermano) y Manuel Ruiz Venzal. Los tres primeros, tíos y primo de Ana María Moreno (GICAR), la responsable de Cultura, mientras que el cuarto es hermano de María Luisa Ruiz Venzal (GICAR), concejal de Asuntos Sociales.
Mientras los otros asuntos fueron rechazados en virtud de la mayoría que detenta el gobierno GICAR-PP, éste último salió aprobado gracias al voto favorable de Ruiz Venzal, que en ese momento le pudo más el vínculo familiar que su obligación de abstenerse por ser asunto que le competía directamente. Lo mismo debió hacer Ana María Moreno, abstenerse, pero al menos votó en contra.
El trascurso del Pleno puso de manifiesto lo que parecía tratarse más de una estrategia socialista que cualquier otra cosa. Para empezar, resultaba insólita la pretensión de rescindir un contrato a quien lo había ganado en lícita competencia para restituírselo por designación directa a la empresa que se había dedicado a esos menesteres durante 21 años amparada en un acuerdo por un año que nadie se preocupó siquiera de renovar.
A este particular, es preciso añadir que Moreno y Garrido SL ni tan siquiera concurrió a la licitación del servicio –en junio de 2014- que ahora pretendían adjudicarle los socialistas carboneros, y que, además, ha perdido en firme la demanda que interpuso contra el Ayuntamiento por haberle rescindido en 2014 el contrato que les adjudicó el exalcalde Cristóbal Fernández en 1993.
También llama la atención que el portavoz socialista, José Luis Amérigo, no defendiera sus propuestas en el Pleno, y que el único debate, si es que se puede llamar así, fue el reproche que se produjo al término de la sesión por parte del empresario Juan Moreno al concejal Pascual Díaz, titular de Turismo.
En un primer momento Moreno quiso tomar la palabra, que le fue denegada por el alcalde Felipe Cayuela (GICAR), pero ya con la sesión cerrada el empresario se dirigió a Pascual Díaz (PP): “Pascual, ¿dices la verdad cuando señalas que mi empresa está ‘pegada’ al PSOE o cuando indicas que el Ayuntamiento no sabe dónde está el dinero que se recauda en el aparcamiento de la Playa de los Muertos?”.
Juan Moreno Segura se refería a las declaraciones de Díaz el día anterior en RADIO ACTUALIDAD. En ellas, el responsable de Turismo de Carboneras reveló que Moreno y Garrido SL era “muy cercana a Cristóbal Fernández y familia”, y que formaba parte “del entramado ‘Fernández’, como otras empresas que no saben buscarse la vida fuera del Ayuntamiento”.
Peor suerte corrió la concejal de Cultura, Ana María Moreno (GICAR), sobrina de Juan Moreno. La concejal votó contra la propuesta socialista, y su tío no dudó en dirigirse a ella, mientras salía del Salón de Plenos, exigiéndole a gritos que le mirara a la cara.
Acuerdo nulo
Sin embargo, con posterioridad al término de la sesión, el alcalde fue informado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de que la decisión de contratar a los trabajadores de Moreno y Garrido SL era nula de pleno derecho. Según los abogados, la concejal María Ángeles Ruiz Venzal nunca debió participar en la votación por afectar su resultado a un familiar directo, como lo es su hermano. Además, el texto de la propuesta estaba “tan confusamente redactado”, en palabras de los letrados del Ayuntamiento, que hacían “inviable” la ejecución del acuerdo.
En ese sentido, cabe añadir que el escrito solicitaba textualmente “incorporación con Moreno y Garrido SL de todo el personal que dicha empresa tenía en el momento de la realización del contrato”, lo que podía ser interpretado como que el Pleno aprobaba que la citada compañía contratara a sus empleados, algo para lo que la Corporación no es competente, por lo que ni siquiera será necesaria la convocatoria de un nuevo pleno para deshacer lo aprobado en el anterior.
En cualquier caso, los trabajadores de Moreno y Garrido SL, con su jefe a la cabeza, se personaron el 14 de noviembre, un día después del Pleno, a primera hora en el Ayuntamiento -actitud que repitieron también al día siguiente- y registraron un escrito pidiendo “que se nos informe donde debemos presentarnos y cuándo debemos empezar a trabajar”. Por su parte, la concejal de GICAR que unió su voto a los del Grupo Socialista para aprobar la contratación, entre otros, de su hermano, rectificó al día siguiente.
María Ángeles Ruiz Venzal presentó un escrito en el que achacaba lo sucedido a un “error involuntario y desconocimiento de la normativa”.
Clientelismo
Felipe Cayuela: “No me explico cómo un partido puede solicitar que se apruebe en Pleno algo ilegal. Me resulta muy llamativo que el PSOE se preste a estos acuerdos. No sé qué favores se deberán, pero los contratos deben hacerse siempre de acuerdo a la ley. Es muy curioso que Moreno y Garrido SL forme parte de la directiva del Grupo de Desarrollo Pesquero del que Cristóbal Fernández es gerente, así como que también trabaje ahí una hija de Juan Moreno Segura. Parece una vuelta a los tiempos del clientelismo y el amiguismo, una forma de proceder que en el Ayuntamiento de Carboneras desapareció con el exalcalde socialista”.
Para ello, registró a primeros de noviembre una petición firmada por los seis concejales del PSOE, mediante la que solicitaban la convocatoria de la referida sesión plenaria, que fue celebrada el 13 de noviembre.
El orden del día contenía tres propuestas: rescindir el contrato vigente desde junio de 2014 con Electrotecnia Monrabal SLU, quien ganó el concurso para el suministro y mantenimiento eléctrico en el municipio por un periodo de diez años; revocar el acuerdo de rescisión del contrato anterior con Moreno y Garrido SL, compañía que venía ocupándose del mantenimiento desde 1993 en virtud de un contrato menor de un año de duración por importe de 7 millones de pesetas (42.000 euros), que se renovaba tácitamente año tras año, sin tan siquiera mediar un mínimo expediente administrativo, con un incremento progresivo de su coste, que acabó alcanzando los 150.000 euros, a los que había que añadir los materiales, que importaban otros 40.000 euros.
Pero, entre ambas propuestas, los socialistas escondían un ‘señuelo’ dispuesto a modo de cebo: la incorporación al Ayuntamiento de todo el personal que Moreno y Garrido tenía en el momento de la rescisión del contrato “con los efectos retroactivos correspondientes”. A continuación, el PSOE enumeraba el nombre de los trabajadores cuya contratación por parte del Ayuntamiento pretendía que aprobara el Pleno: Juan Moreno Segura (propietario de Moreno y Garrido, SL), Antonio Manuel Moreno Garrido (su hijo), Antonio Francisco Moreno Segura (su hermano) y Manuel Ruiz Venzal. Los tres primeros, tíos y primo de Ana María Moreno (GICAR), la responsable de Cultura, mientras que el cuarto es hermano de María Luisa Ruiz Venzal (GICAR), concejal de Asuntos Sociales.
Mientras los otros asuntos fueron rechazados en virtud de la mayoría que detenta el gobierno GICAR-PP, éste último salió aprobado gracias al voto favorable de Ruiz Venzal, que en ese momento le pudo más el vínculo familiar que su obligación de abstenerse por ser asunto que le competía directamente. Lo mismo debió hacer Ana María Moreno, abstenerse, pero al menos votó en contra.
El trascurso del Pleno puso de manifiesto lo que parecía tratarse más de una estrategia socialista que cualquier otra cosa. Para empezar, resultaba insólita la pretensión de rescindir un contrato a quien lo había ganado en lícita competencia para restituírselo por designación directa a la empresa que se había dedicado a esos menesteres durante 21 años amparada en un acuerdo por un año que nadie se preocupó siquiera de renovar.
A este particular, es preciso añadir que Moreno y Garrido SL ni tan siquiera concurrió a la licitación del servicio –en junio de 2014- que ahora pretendían adjudicarle los socialistas carboneros, y que, además, ha perdido en firme la demanda que interpuso contra el Ayuntamiento por haberle rescindido en 2014 el contrato que les adjudicó el exalcalde Cristóbal Fernández en 1993.
También llama la atención que el portavoz socialista, José Luis Amérigo, no defendiera sus propuestas en el Pleno, y que el único debate, si es que se puede llamar así, fue el reproche que se produjo al término de la sesión por parte del empresario Juan Moreno al concejal Pascual Díaz, titular de Turismo.
En un primer momento Moreno quiso tomar la palabra, que le fue denegada por el alcalde Felipe Cayuela (GICAR), pero ya con la sesión cerrada el empresario se dirigió a Pascual Díaz (PP): “Pascual, ¿dices la verdad cuando señalas que mi empresa está ‘pegada’ al PSOE o cuando indicas que el Ayuntamiento no sabe dónde está el dinero que se recauda en el aparcamiento de la Playa de los Muertos?”.
Juan Moreno Segura se refería a las declaraciones de Díaz el día anterior en RADIO ACTUALIDAD. En ellas, el responsable de Turismo de Carboneras reveló que Moreno y Garrido SL era “muy cercana a Cristóbal Fernández y familia”, y que formaba parte “del entramado ‘Fernández’, como otras empresas que no saben buscarse la vida fuera del Ayuntamiento”.
Peor suerte corrió la concejal de Cultura, Ana María Moreno (GICAR), sobrina de Juan Moreno. La concejal votó contra la propuesta socialista, y su tío no dudó en dirigirse a ella, mientras salía del Salón de Plenos, exigiéndole a gritos que le mirara a la cara.
Acuerdo nulo
Sin embargo, con posterioridad al término de la sesión, el alcalde fue informado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de que la decisión de contratar a los trabajadores de Moreno y Garrido SL era nula de pleno derecho. Según los abogados, la concejal María Ángeles Ruiz Venzal nunca debió participar en la votación por afectar su resultado a un familiar directo, como lo es su hermano. Además, el texto de la propuesta estaba “tan confusamente redactado”, en palabras de los letrados del Ayuntamiento, que hacían “inviable” la ejecución del acuerdo.
En ese sentido, cabe añadir que el escrito solicitaba textualmente “incorporación con Moreno y Garrido SL de todo el personal que dicha empresa tenía en el momento de la realización del contrato”, lo que podía ser interpretado como que el Pleno aprobaba que la citada compañía contratara a sus empleados, algo para lo que la Corporación no es competente, por lo que ni siquiera será necesaria la convocatoria de un nuevo pleno para deshacer lo aprobado en el anterior.
En cualquier caso, los trabajadores de Moreno y Garrido SL, con su jefe a la cabeza, se personaron el 14 de noviembre, un día después del Pleno, a primera hora en el Ayuntamiento -actitud que repitieron también al día siguiente- y registraron un escrito pidiendo “que se nos informe donde debemos presentarnos y cuándo debemos empezar a trabajar”. Por su parte, la concejal de GICAR que unió su voto a los del Grupo Socialista para aprobar la contratación, entre otros, de su hermano, rectificó al día siguiente.
María Ángeles Ruiz Venzal presentó un escrito en el que achacaba lo sucedido a un “error involuntario y desconocimiento de la normativa”.
Clientelismo
Felipe Cayuela: “No me explico cómo un partido puede solicitar que se apruebe en Pleno algo ilegal. Me resulta muy llamativo que el PSOE se preste a estos acuerdos. No sé qué favores se deberán, pero los contratos deben hacerse siempre de acuerdo a la ley. Es muy curioso que Moreno y Garrido SL forme parte de la directiva del Grupo de Desarrollo Pesquero del que Cristóbal Fernández es gerente, así como que también trabaje ahí una hija de Juan Moreno Segura. Parece una vuelta a los tiempos del clientelismo y el amiguismo, una forma de proceder que en el Ayuntamiento de Carboneras desapareció con el exalcalde socialista”.
