ALMERÍA HOY / 08·11·2018
El Fiscal ha archivado la denuncia presentada por el PSOE de Mojácar por las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación de las plazas del parking de la Plaza del Arbollón y el presunto pago de los suministros de agua y electricidad por parte del Ayuntamiento, aún tratándose de una propiedad privada. Pese al carpetazo, el ministerio público señala a los socialistas el juzgado de lo Contencioso para aclarar posibles irregularidades.
A día de hoy, nadie sabe con certeza quién ha pagado los gastos de mantenimiento, agua y electricidad consumidos durante algo más de tres años en el aparcamiento promovido por el Ayuntamiento en la Plaza del Arbollón, con capacidad para 36 vehículos, en el que la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano (PP), posee dos plazas.
Sin embargo, el Fiscal ha decidido archivar las diligencias de investigación que tienen como origen una denuncia de Manuel Zamora como portavoz del Grupo Municipal Socialista, quien ya ha avanzado que sus abogados están trabajando para acudir directamente a los juzgados.
En su demanda, Zamora exponía tres presuntas irregularidades.La primera de ellas consistía en que, en el año 2014, la Junta de Gobierno local adjudicó los mencionados aparcamientos, a pesar de que tanto la alcaldesa como algunos de los concejales que intervinieron en el acto administrativo tenían intereses directos en el mismo al optar y, finalmente, resultar beneficiados con algunas de esas plazas.
Por otra parte, el socialista afirmaba en su escrito a la Fiscalía que “pese a la enajenación, el Ayuntamiento está pagando los suministros para el mantenimiento de tales plazas”, en alusión a los recibos de agua y electricidad que supuestamente estarían llegando por el consumo de unas instalaciones cuyos propietarios aún no se habían constituido en la pertinente Junta, un hecho que no tuvo lugar hasta enero de 2018.
Finalmente, Zamora ponía en conocimiento del fiscal que, aunque había solicitado reiteradamente información al respecto con el fin de adjuntarla a la demanda, nunca le fue facilitada, lo que podía ser un flagrante caso de delito contra los derechos cívicos, al impedirle la labor de control de la acción municipal que debe realizar como oposición.
A partir de lo expuesto, el Fiscal decano de Huércal Overa, Juan Sánchez Martínez, abrió un expediente que ha concluido el pasado 10 de julio con un decreto de archivo. En su escrito, Sánchez Martínez, comienza advirtiendo que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que éste “decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho investigado no revista caracteres de delito”, es decir, cuando no constituyan el objeto de un procedimiento penal.Esa advertencia es el fundamento en que Juan Sánchez ha basado su inhibición en la causa.
En ese sentido, al desgranar el contenido de la denuncia, Sánchez justifica el archivo de lo concerniente a la participación de la alcaldesa en la adjudicación de unas plazas de la que ella misma se benefició, en que se trata de una “irregularidad administrativa” que no llega a alcanzar, a su juicio, el carácter de prevaricación objeto de lo penal.
En la misma línea se manifiesta a la hora de discernir sobre la falta de entrega al demandante por parte del Ayuntamiento de la información solicitada. En ese particular, la secretaria municipal admitió que las peticiones del Grupo Socialista “nunca fueron atendidas”.
Sin embargo, el Fiscal, pese a reconocer el “derecho” del denunciante y la “obligación” del Consistorio a facilitar los documentos pedidos, explica a continuación que el Código Penal reserva la categoría de delito “para actos reiterados y prolongados en el tiempo”, al tiempo que indica que, en el caso que nos ocupa, el demandante debe recurrir a la “vía contencioso administrativa”.
Por último, respecto al abono por parte del Ayuntamiento de los gastos de mantenimiento de las plazas de aparcamiento, el interventor certificó que, desde que se produjo la venta de las plazas, no consta que el Ayuntamiento haya hecho“frente a los gastos de mantenimiento, luz, agua y otros”. Precisamente ese informe le ha bastado al Fiscal para archivar, aunque, a día de hoy, nadie sepa aún quién ha corrido con esos gastos.
“Los propietarios pagan todos los gastos desde que se constituyó la Junta”
Como la alcaldesa de Mojácar se niega sistemáticamente a atender a este medio, ACTUALIDAD ALMANZORA se ha dirigido a un miembro de la Junta de propietarios del aparcamiento de la Plaza del Arbollón para poder ofrecer una visión lo más amplia posible de la realidad. Nuestra fuente nos ha asegurado que “desde que constituimos la Junta de propietarios en enero de este año, la comunidad hace frente a todos los gastos de mantenimiento y suministros del parking”.
Este propietario afirma que la Junta no se constituyó con anterioridad “porque quedaron muchas plazas sin vender. De hecho, después de tres ofertas públicas de venta, el Ayuntamiento aún cuenta con cinco y un almacén de su propiedad”. En cualquier caso, nuestro contacto en la Junta de propietarios explica que “tampoco el gasto que pudiera haber con anterioridad era mucho”. En ese sentido, explica que “no había agua. Ni contador, ni grifo ni tuberías. De hecho, aún continuamos sin suministro ni acometida”.
En cuanto a la electricidad, “el contador lo pusimos nosotros. Venimos pagando unos 70 euros al mes. Yo no sé de dónde ni quién pagaba el suministro con anterioridad, pero el consumo se limitaba únicamente a la apertura y cierre de la puerta. No había luz y el ascensor, que sí estaba instalado, no se había puesto en funcionamiento hasta que lo hicimos nosotros”.
Como parece apreciarse no estamos hablando de grandes cantidades de dinero, pero la obligación del responsable público es velar hasta por el último céntimo de un dinero que no es suyo, sino de todo un pueblo.
A día de hoy, nadie sabe con certeza quién ha pagado los gastos de mantenimiento, agua y electricidad consumidos durante algo más de tres años en el aparcamiento promovido por el Ayuntamiento en la Plaza del Arbollón, con capacidad para 36 vehículos, en el que la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano (PP), posee dos plazas.
Sin embargo, el Fiscal ha decidido archivar las diligencias de investigación que tienen como origen una denuncia de Manuel Zamora como portavoz del Grupo Municipal Socialista, quien ya ha avanzado que sus abogados están trabajando para acudir directamente a los juzgados.
En su demanda, Zamora exponía tres presuntas irregularidades.La primera de ellas consistía en que, en el año 2014, la Junta de Gobierno local adjudicó los mencionados aparcamientos, a pesar de que tanto la alcaldesa como algunos de los concejales que intervinieron en el acto administrativo tenían intereses directos en el mismo al optar y, finalmente, resultar beneficiados con algunas de esas plazas.
Por otra parte, el socialista afirmaba en su escrito a la Fiscalía que “pese a la enajenación, el Ayuntamiento está pagando los suministros para el mantenimiento de tales plazas”, en alusión a los recibos de agua y electricidad que supuestamente estarían llegando por el consumo de unas instalaciones cuyos propietarios aún no se habían constituido en la pertinente Junta, un hecho que no tuvo lugar hasta enero de 2018.
Finalmente, Zamora ponía en conocimiento del fiscal que, aunque había solicitado reiteradamente información al respecto con el fin de adjuntarla a la demanda, nunca le fue facilitada, lo que podía ser un flagrante caso de delito contra los derechos cívicos, al impedirle la labor de control de la acción municipal que debe realizar como oposición.
A partir de lo expuesto, el Fiscal decano de Huércal Overa, Juan Sánchez Martínez, abrió un expediente que ha concluido el pasado 10 de julio con un decreto de archivo. En su escrito, Sánchez Martínez, comienza advirtiendo que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que éste “decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho investigado no revista caracteres de delito”, es decir, cuando no constituyan el objeto de un procedimiento penal.Esa advertencia es el fundamento en que Juan Sánchez ha basado su inhibición en la causa.
En ese sentido, al desgranar el contenido de la denuncia, Sánchez justifica el archivo de lo concerniente a la participación de la alcaldesa en la adjudicación de unas plazas de la que ella misma se benefició, en que se trata de una “irregularidad administrativa” que no llega a alcanzar, a su juicio, el carácter de prevaricación objeto de lo penal.
En la misma línea se manifiesta a la hora de discernir sobre la falta de entrega al demandante por parte del Ayuntamiento de la información solicitada. En ese particular, la secretaria municipal admitió que las peticiones del Grupo Socialista “nunca fueron atendidas”.
Sin embargo, el Fiscal, pese a reconocer el “derecho” del denunciante y la “obligación” del Consistorio a facilitar los documentos pedidos, explica a continuación que el Código Penal reserva la categoría de delito “para actos reiterados y prolongados en el tiempo”, al tiempo que indica que, en el caso que nos ocupa, el demandante debe recurrir a la “vía contencioso administrativa”.
Por último, respecto al abono por parte del Ayuntamiento de los gastos de mantenimiento de las plazas de aparcamiento, el interventor certificó que, desde que se produjo la venta de las plazas, no consta que el Ayuntamiento haya hecho“frente a los gastos de mantenimiento, luz, agua y otros”. Precisamente ese informe le ha bastado al Fiscal para archivar, aunque, a día de hoy, nadie sepa aún quién ha corrido con esos gastos.
“Los propietarios pagan todos los gastos desde que se constituyó la Junta”
Como la alcaldesa de Mojácar se niega sistemáticamente a atender a este medio, ACTUALIDAD ALMANZORA se ha dirigido a un miembro de la Junta de propietarios del aparcamiento de la Plaza del Arbollón para poder ofrecer una visión lo más amplia posible de la realidad. Nuestra fuente nos ha asegurado que “desde que constituimos la Junta de propietarios en enero de este año, la comunidad hace frente a todos los gastos de mantenimiento y suministros del parking”.
Este propietario afirma que la Junta no se constituyó con anterioridad “porque quedaron muchas plazas sin vender. De hecho, después de tres ofertas públicas de venta, el Ayuntamiento aún cuenta con cinco y un almacén de su propiedad”. En cualquier caso, nuestro contacto en la Junta de propietarios explica que “tampoco el gasto que pudiera haber con anterioridad era mucho”. En ese sentido, explica que “no había agua. Ni contador, ni grifo ni tuberías. De hecho, aún continuamos sin suministro ni acometida”.
En cuanto a la electricidad, “el contador lo pusimos nosotros. Venimos pagando unos 70 euros al mes. Yo no sé de dónde ni quién pagaba el suministro con anterioridad, pero el consumo se limitaba únicamente a la apertura y cierre de la puerta. No había luz y el ascensor, que sí estaba instalado, no se había puesto en funcionamiento hasta que lo hicimos nosotros”.
Como parece apreciarse no estamos hablando de grandes cantidades de dinero, pero la obligación del responsable público es velar hasta por el último céntimo de un dinero que no es suyo, sino de todo un pueblo.
