Los funcionarios de Carboneras llamados a declarar en el procedimiento contra el exalcalde de GICAR por la denuncia del portavoz socialista, han negado haber recibido instrucciones para “impedir o retrasar” la tramitación y entrega de expedientes solicitados por la oposición
ALMERÍA HOY / 27·11·2018
Los funcionarios de Carboneras llamados a declarar en el procedimiento contra el exalcalde de GICAR por la denuncia del portavoz socialista, han negado haber recibido instrucciones para “impedir o retrasar” la tramitación y entrega de expedientes solicitados por la oposición. La negativa y retraso de información es el cuerpo de esta segunda demanda interpuesta por un presunto delito contra los derechos cívicos. El regidor se encuentra cumpliendo condena de inhabilitación por otra causa similar.
No uno, sino cuatro fueron los funcionarios municipales llamados a declarar el pasado 15 de octubre por el titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Vera en las diligencias previas que se siguen contra el exalcalde de Carboneras Salvador Hernández (GICAR), el exsecretario municipal Francisco Javier Rodríguez Rodríguez y el que fuera coordinador general del Ayuntamiento, Joaquín González Belmonte, por un presunto delito contra los derechos cívicos del portavoz de la oposición, José Luis Amérigo (PSOE), a quien supuestamente habrían denegado o retrasado el acceso a información solicitado en el ejercicio de sus labores de fiscalización, como miembro de la oposición, de las tareas del equipo de gobierno.
Y todos, es decir, el jefe de la Policía local, Jesús Ridao Fuentes, el técnico de Urbanismo Francisco Javier Rodríguez Collado y la funcionaria encargada del Registro, Felisa Ruiz Hernández, juraron como testigos no haber recibido órdenes, instrucciones o sugerencias para impedir, retrasar u obstaculizar la entrega de la documentación solicitada por el portavoz socialista José Luis Amérigo.
En ese mismo sentido se pronunció el que fuera coordinador general del Ayuntamiento, Joaquín González Belmonte, aunque, a diferencia de los anteriores, éste lo hizo en calidad de investigado.
Este procedimiento tiene como sustancia, al igual que otro anterior, ya resuelto en firme, por el que el exalcalde cumple en la actualidad una condena de un año de inhabilitación, el supuesto retraso en la entrega de documentación al jefe de la oposición, el socialista José Luis Amérigo, “casi siempre superior a los diez días”, según señala el demandante en su escrito de denuncia, aunque, en esta ocasión, se circunscribe a los expedientes solicitados entre junio de 2014 y septiembre de 2017, es decir, con posterioridad a los señalados en la anterior querella.
Sin embargo, y como hemos indicado más arriba, ninguno de los funcionarios que hasta ahora han declarado ante el juez avalan los hechos expuestos en la demanda. Al contrario, todos niegan rotundamente que haya ocurrido lo que Amérigo manifiesta, si bien hay que recordar que el tribunal que entendió sobre la primera querella no tuvo en cuenta entonces los testimonios de los fedatarios públicos y sólo admitió como argumento lo expuesto por el demandante.
Ahora, el pasado 15 de octubre, el jefe de la Policía local fue claro al responder al letrado de la defensa que no le consta que “nunca Salvador Hernández haya dado orden alguna de impedir o retrasar la labor de fiscalización de la oposición”. Asimismo, Ridao aseguró no haber recibido “nunca orden o sugerencia de que se retrasase u obstaculizase la tramitación” de ningún expediente por parte del que fuera secretario municipal, Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, ni del ya jubilado excoordinador general Joaquín González Belmonte.
Por el contrario, el oficial declaró bajo juramento en el juzgado que Amérigo “rehusó en una ocasión la entrega de documentación que le llevaron unos agentes argumentando que faltaba una parte”.
En similares términos se pronunció el técnico de Urbanismo, Francisco Javier Rodríguez Collado, quien matizó que él sólo podía dar fe de lo ocurrido a partir del 20 de junio de 2016, día en que tomó posesión de su puesto por jubilación de su anterior titular.
Rodríguez Collado dijo “desconocer si Salvador Hernández dio algún tipo de directriz u orden para denegar o retrasar la información sobre los expedientes”, pero no dudó a la hora de afirmar que él no recibió “ninguna orden así por parte de nadie”.
“Peticiones continuas y muy parecidas”
A continuación tocó el turno a la funcionaria empleada del Registro municipal. Durante su declaración, Felisa Ruiz Hernández describió pormenorizadamente la manera de funcionar de su departamento y subrayó que allí “nada se traspapelaba”, así como que un documento “normalmente no se demoraba pero que, en ocasiones, como consecuencia de las bajas, se podía tardar algo más”.
La funcionaria recordó al el titular del Juzgado que, si bien es cada departamento el que elabora la información que solicitan los concejales, es su departamento el que le da salida “a través de la Policía local para mayor agilidad”.
Felisa Ruiz señaló que “Amérigo y el grupo socialista realizaban muchas peticiones, muy continuas y muchos registros eran muy parecidos”, y que “en ningún momento le dieron orden de retrasar los registros de las peticiones”. Además, la empleada municipal testificó que “no ha visto ninguna nota del alcalde para obstaculizar o paralizar la tramitación” y que “el denunciante y los concejales socialistas no han ido a quejarse sobre el retraso o la tramitación de sus peticiones”.
Ruiz quiso señalar que en ocasiones se ha podido “dilatar” el tiempo de tramitación de las solicitudes “por la escasez de funcionarios”, y recalcó que tampoco los anteriores secretario y coordinador general le dieron “ninguna instrucción u orden o sugerencia de demorar la tramitación”.
Por último, llegó el turno para la declaración, en calidad de investigado, del entonces coordinador general del Ayuntamiento, Joaquín González Belmonte.
González Belmonte aseguró que “las contestaciones a las solicitudes de la oposición se hacían regularmente”, y que si alguna vez se producía un retraso, no lo era por “mala intención”, aseverando que no le “constan denegaciones de documentación” ni tampoco “que el alcalde [Salvador Hernández] dirigiera orden alguna para denegar o retrasar injustificadamente las peticiones”, achacando cualquier eventual demora a una cuestión de “simple procedimiento”.
En ese sentido, el ya jubilado coordinador general explicó al juez que “intentaba entregar las actas en tiempo pero, de acuerdo al abundante trabajo, no siempre podía”, pero que “todas las peticiones se contestaban, aunque eran cientos y, debido al poco personal, puede que alguna se quedara sin contestar”.
No uno, sino cuatro fueron los funcionarios municipales llamados a declarar el pasado 15 de octubre por el titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Vera en las diligencias previas que se siguen contra el exalcalde de Carboneras Salvador Hernández (GICAR), el exsecretario municipal Francisco Javier Rodríguez Rodríguez y el que fuera coordinador general del Ayuntamiento, Joaquín González Belmonte, por un presunto delito contra los derechos cívicos del portavoz de la oposición, José Luis Amérigo (PSOE), a quien supuestamente habrían denegado o retrasado el acceso a información solicitado en el ejercicio de sus labores de fiscalización, como miembro de la oposición, de las tareas del equipo de gobierno.
Y todos, es decir, el jefe de la Policía local, Jesús Ridao Fuentes, el técnico de Urbanismo Francisco Javier Rodríguez Collado y la funcionaria encargada del Registro, Felisa Ruiz Hernández, juraron como testigos no haber recibido órdenes, instrucciones o sugerencias para impedir, retrasar u obstaculizar la entrega de la documentación solicitada por el portavoz socialista José Luis Amérigo.
En ese mismo sentido se pronunció el que fuera coordinador general del Ayuntamiento, Joaquín González Belmonte, aunque, a diferencia de los anteriores, éste lo hizo en calidad de investigado.
Este procedimiento tiene como sustancia, al igual que otro anterior, ya resuelto en firme, por el que el exalcalde cumple en la actualidad una condena de un año de inhabilitación, el supuesto retraso en la entrega de documentación al jefe de la oposición, el socialista José Luis Amérigo, “casi siempre superior a los diez días”, según señala el demandante en su escrito de denuncia, aunque, en esta ocasión, se circunscribe a los expedientes solicitados entre junio de 2014 y septiembre de 2017, es decir, con posterioridad a los señalados en la anterior querella.
Sin embargo, y como hemos indicado más arriba, ninguno de los funcionarios que hasta ahora han declarado ante el juez avalan los hechos expuestos en la demanda. Al contrario, todos niegan rotundamente que haya ocurrido lo que Amérigo manifiesta, si bien hay que recordar que el tribunal que entendió sobre la primera querella no tuvo en cuenta entonces los testimonios de los fedatarios públicos y sólo admitió como argumento lo expuesto por el demandante.
Ahora, el pasado 15 de octubre, el jefe de la Policía local fue claro al responder al letrado de la defensa que no le consta que “nunca Salvador Hernández haya dado orden alguna de impedir o retrasar la labor de fiscalización de la oposición”. Asimismo, Ridao aseguró no haber recibido “nunca orden o sugerencia de que se retrasase u obstaculizase la tramitación” de ningún expediente por parte del que fuera secretario municipal, Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, ni del ya jubilado excoordinador general Joaquín González Belmonte.
Por el contrario, el oficial declaró bajo juramento en el juzgado que Amérigo “rehusó en una ocasión la entrega de documentación que le llevaron unos agentes argumentando que faltaba una parte”.
En similares términos se pronunció el técnico de Urbanismo, Francisco Javier Rodríguez Collado, quien matizó que él sólo podía dar fe de lo ocurrido a partir del 20 de junio de 2016, día en que tomó posesión de su puesto por jubilación de su anterior titular.
Rodríguez Collado dijo “desconocer si Salvador Hernández dio algún tipo de directriz u orden para denegar o retrasar la información sobre los expedientes”, pero no dudó a la hora de afirmar que él no recibió “ninguna orden así por parte de nadie”.
“Peticiones continuas y muy parecidas”
A continuación tocó el turno a la funcionaria empleada del Registro municipal. Durante su declaración, Felisa Ruiz Hernández describió pormenorizadamente la manera de funcionar de su departamento y subrayó que allí “nada se traspapelaba”, así como que un documento “normalmente no se demoraba pero que, en ocasiones, como consecuencia de las bajas, se podía tardar algo más”.
La funcionaria recordó al el titular del Juzgado que, si bien es cada departamento el que elabora la información que solicitan los concejales, es su departamento el que le da salida “a través de la Policía local para mayor agilidad”.
Felisa Ruiz señaló que “Amérigo y el grupo socialista realizaban muchas peticiones, muy continuas y muchos registros eran muy parecidos”, y que “en ningún momento le dieron orden de retrasar los registros de las peticiones”. Además, la empleada municipal testificó que “no ha visto ninguna nota del alcalde para obstaculizar o paralizar la tramitación” y que “el denunciante y los concejales socialistas no han ido a quejarse sobre el retraso o la tramitación de sus peticiones”.
Ruiz quiso señalar que en ocasiones se ha podido “dilatar” el tiempo de tramitación de las solicitudes “por la escasez de funcionarios”, y recalcó que tampoco los anteriores secretario y coordinador general le dieron “ninguna instrucción u orden o sugerencia de demorar la tramitación”.
Por último, llegó el turno para la declaración, en calidad de investigado, del entonces coordinador general del Ayuntamiento, Joaquín González Belmonte.
González Belmonte aseguró que “las contestaciones a las solicitudes de la oposición se hacían regularmente”, y que si alguna vez se producía un retraso, no lo era por “mala intención”, aseverando que no le “constan denegaciones de documentación” ni tampoco “que el alcalde [Salvador Hernández] dirigiera orden alguna para denegar o retrasar injustificadamente las peticiones”, achacando cualquier eventual demora a una cuestión de “simple procedimiento”.
En ese sentido, el ya jubilado coordinador general explicó al juez que “intentaba entregar las actas en tiempo pero, de acuerdo al abundante trabajo, no siempre podía”, pero que “todas las peticiones se contestaban, aunque eran cientos y, debido al poco personal, puede que alguna se quedara sin contestar”.
