El poder más débil del Estado de Derecho


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JUAN LUIS PÉREZ TORNELL

De la clásica división de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los dos primeros se han fusionado en una aleación indestructible, y las leyes las confecciona el Ejecutivo ante un Legislativo fiel y obsecuente: el diputado que se atreviera a desafiar las propuestas de su grupo en una votación, por ejemplo, y algún caso ha habido, es multado simbólicamente con seiscientos euros, pero asume el terrible riesgo de que puede no volver a salir, en futuros procesos electorales, en la foto diseñada por el severo dedo, al que obedece y teme, si pone en peligro una decisión previamente tomada por la Comisión. Cosa Nostra.

Eso que dice la Constitución (Art 67.2) de que los miembros de las Cortes no están sometidos a “mandato imperativo” es lisa y llanamente una burda e hiriente falsedad, puesto que el futuro político de todos y cada uno de los diputados y senadores esta comprometido desde que salen elegidos. En la inteligencia asumida de que no deben, en ningún caso, su dulce escaño a sus méritos propios sino al dedo inmisericorde de la Comisión que aprueba las listas: son rehenes de sus propios partidos y del poder ejecutivo, núcleo duro del que nunca osarán disentir. Les va en ello la cabeza y lo saben. Siguen siendo procuradores franquistas. Porque la tradición pesa mucho.

El Poder judicial español, una especie de Fort Apache cada vez más desmantelado, y asediado sin tregua, sigue siendo un pequeño estorbo a los designios políticos. En estos aciagos días estamos viendo que el estorbo es pequeñísimo.

Los jueces, son cada vez más, como el resto de los elementos de control de la discrecionalidad y la arbitrariedad del conglomerado legislativo/ejecutivo, puros elementos decorativos, figurantes de atrezzo. Importantes solo mientras no molesten y se acomoden a lo que se espera de ellos. Ridiculizados y hostigados si se salen del guión: al juez del “procés” le acaban de pintar de amarillo el portal de su casa. Y premiados con galletas y puñetas floridas si son obedientes.

PP y PSOE, tanto monta monta tanto, acaban de decidir finalmente, de forma obscena perder las formas de una vez por todas, y pactar sin disimulo el nombre del Presidente del Poder Judicial: algo debe estar sucediendo para que no se conformen con pactar, como pago en diferido de futuras lealtades, el nombre de los representantes de cada partido, para que estos elijan a un Presidente, como si de verdad fueran independientes en sus decisiones. Probablemente están preparando un clavo más en el ataúd del Poder Judicial.

Cuando hasta las causas y organizaciones más ridículas y discutibles nadan en dinero público, la administración de justicia tiene recortados sus presupuestos y sus medios materiales y personales. Claro, esto, como casi nada, no sucede por casualidad. Igual que tampoco es casual que muchas de las leyes que jueces ingenuos, o no tanto, tienen que interpretar, sean confusas e inciertas como las instrucciones de los reproductores de vídeo coreanos. Puede ser por incapacidad, pero también puede pensarse que es por un deliberado propósito de hacer confuso lo que debiera ser claro. Véase el ejemplo del ridículo que estas normativas maleables han obligado a hacer al Tribunal Supremo, nada menos.

Los propios jueces han entrado en este juego y juegan sus propias cartas: las tres acreditadas ganaderías judiciales hacen la guerra por su cuenta en descrédito de su propia profesión: es inadmisible que tengan un ideario político y que al mismo tiempo defiendan su independencia, que más que suya debiera ser de los ciudadanos. Que entren y salgan de la política a la judicatura y nos vendan una independencia profesional, cuándo ellos solos se han puesto en lo alto del morrillo la divisa progresista o conservadora, que permite que se les juzgue no por su competencia técnica, sino por su adscripción política.

El remedo de los tribunales se ha trasladado a “La Sexta” como paso previo a la institucionalización de tribunales populares de los neo estalinistas que tanto predicamento tienen allí.

Pese a todo, este sistema vergonzoso de repartos de puestos y prebendas, de nombramientos y sumisiones, no impide considerar que el día en el que el poder judicial se entregue finalmente con armas y bagajes, como ya estamos viendo, habrá que certificar que en España no está garantizada la separación de poderes y por tanto no hay constitución, sino una simple satrapía por parte de déspotas escasamente ilustrados.