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Escapar del Defensor del Pueblo cuesta a Mojácar 9.000 ‘pavos’

Es la minuta cobrada por los trabajos del mediático exjuez del 11-M, Gómez Bermúdez, por defender a la regidora de un delito de desobediencia


El exjuez y ahora abogado Javier Gómez Bermúdez.

ALMERÍA HOY / 08·10·2018

Todos recordamos la imagen del entonces magistrado Javier Gómez Bermúdez, el mismo que presidió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se ocupó del caso de los atentados islamistas del 11-M en Madrid. Algún vecino llegó a asegurar que había visto su cabeza, perfectamente rasurada, entrando en el Ayuntamiento de Mojácar allá por el mes de marzo, aunque nadie pudo saber con certeza qué asuntos le habían traído hasta allí.

Pero ahora ya hemos podido saber que su presencia había sido solicitada por la alcaldesa Rosa María Cano (PP) para que se ocupara de defenderla en la querella que había interpuesto contra ella la Fiscalía por un delito de desobediencia al Defensor del Pueblo.

Gómez Bermúdez concluyó con éxito su misión, y obtuvo en tiempo récord, menos de un mes, el archivo de la causa. Como contraprestación, Ramón y Cajal Abogados, S.L.P., el bufete en el que presta sus servicios el conocido letrado, giró al Ayuntamiento una factura por importe de 9.075 euros, que llegó al Consistorio antes que la notificación del juzgado, asegura Manuel Zamora, portavoz del PSOE.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Mojácar tiene un contrato por valor de 90.000 euros con ese despacho madrileño para que defienda sus intereses en todo procedimiento contencioso administrativo, pero no ante un delito de carácter penal como el que sustanciaba la denuncia del Defensor del Pueblo.

El Defensor adoptó la decisión de pasar el caso contra Rosa María Cano a la Fiscalía tras calificar al Consistorio mojaquero, junto a otros 18 de los más de 8.000 municipios de España, como “administración entorpecedora” al negarle reiteradamente la información que le solicitaba.
El delito por el que se acusaba a la regidora está castigado en el Código Penal con una pena de prisión de 6 meses a un año y multa de 12 a 24 meses, además de inhabilitación para ejercer cargo o empleo público por tiempo de seis meses a dos años.

Así lo establece el artículo 502.2 del Código Penal: “En las mismas penas incurrirá la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación”.
El caso por el que el Defensor incoó la denuncia tuvo su origen el 16 de junio de 2015 cuando, a instancias de un vecino, solicitó información referente a incidencias en la numeración de las calles que entorpecían la recepción del correo postal.

Por lo que sabemos, el Ayuntamiento aún no ha contestado tampoco a los requerimientos cursados a instancias de Pedro Sáez, propietario del chiringuito Playa Blanca, en agosto del pasado año, y en diciembre a otro basado en una petición sobre la imposición de vados obligatorios a petición de Somos Mojácar, como no lo ha hecho al derivado de la solicitud de amparo que los Dj’s de la localidad cursaron a la misma institución.

El Ayuntamiento de Mojácar fue calificado como “administración entorpecedora” por la oficina del Defensor del Pueblo el 21 de junio de 2017, pero tal consideración no ha servido, al parecer,para que facilite la información reclamada.

En una escueta entrevista concedida por la regidora al diario digital ALMERÍA HOY el pasado 24 de abril, Cano manifestaba estar “a la espera de que me notifiquen el archivo”, aunque no dio más pistas al respecto. Parecía estar segura que el asunto no prosperaría. Hoy sabemos que ya estaba al tanto del asunto desde algunas semanas antes. De hecho, la factura recibida en el Ayuntamiento por los trabajos de Gómez Bermúdez detalla en el concepto “archivo de la causa”, y está fechada su emisión el 3 de abril de 2018, aunque no fue registrada su entrada hasta el día 11 del mismo mes, relata el socialista Zamora.

Así, la decisión de Rosa María Cano de desobedecer a una institución como el Defensor del Pueblo le ha salido gratis a ella, aunque no a los mojaqueros, de cuyos bolsillos saldrán, si no lo han hecho ya, los 9.000 euros de la minuta derivada de los servicios del mediático abogado.


“Podría haber cometido otro delito contratando a Gómez Bermúdez”

El portavoz del Grupo municipal socialista, Manuel Zamora, asegura que no ha detectado “ningún decreto ni procedimiento administrativo que respalde la contratación de Gómez Bermúdez para defender a la alcaldesa. Eso significa que la alcaldesa puede haber cometido otro delito al contratarle”.“En cualquier caso –añade Zamora-, los mojaqueros no tenemos por qué pagar los desmanes y caprichos de Rosa María Cano”.

“Porque un capricho de la regidora –prosigue- es negarse a poner los números de las viviendas en una calle, como le solicitaba el vecino que pidió amparo al Defensor del Pueblo ante la negativa a hacerlo de la alcaldesa; y otro capricho, éste con rango de delito según el Código Penal, no remitir los informes que le requería una alta institución del Estado”.

“Si Rosa María Cano quiere abogados caros, que se los pague ella de su bolsillo, que parece ser que puede –concluye el portavoz socialista-. Ya se ha visto envuelta en un sinfín de causas judiciales de todo tipo de las que, hasta ahora, ha salido airosa con letrados que cobran mucho menos que la minuta que ha pasado el bufete Ramón y Cajal por los servicios prestados por Gómez Bermúdez. Los antojos se los tiene que pagar cada uno y no endilgárselos al pueblo, como ha hecho nuestra alcaldesa”.