«De forma constante se están introduciendo en las celdas un número de inmigrantes muy superior al aforo real que tienen»

UFP vuelve a enviar al Defensor del Pueblo y al ministro del Interior un escrito solicitando «medidas urgentes»




ALMERÍA HOY / 08·10·2018

La Unión Federal de Policía (UFP) ha vuelto a poner en solfa la situación «de saturación» que padecen tanto los inmigrantes que son rescatados en altamar y trasladados al Puerto de Almería, como los agentes que tienen que custodiarlos. Y es que, según denuncian, llegar a verse casos de 244 personas hacinadas en estas instalaciones, como ocurrió el pasado 1 de octubre, con hasta 27 inmigrantes en módulos pensados para albergar la mitad de gente.

En el escrito de la UFP, se lamenta que «la situación se mantiene intacta» a pesar de las denuncias policiales, y que a pesar de que se ha solicitado por escrito al Secretario de Estado de Seguridad la necesidad de conocer y determinar el aforo oficial de todos los centros de detención de la Dirección General de la Policía, incluidos los módulos de recepción de inmigrantes del puerto de Almería, «aún no se ha recibido
ninguna respuesta».

Significar que UFP remitió escrito de fecha 27/07/2018 con número de registro 144246 al Comisario, Jefe de la Unidad de Prevención de riesgos laborales y acción social de la Dirección General de Policía solicitando información sobre el plan de evaluación de riesgos laborales, y el plan de emergencias o plan de autoprotección, sin haber recibido respuesta alguna. Asimismo, los cuatro sindicatos mayoritarios en unidad de acción firmaron un escrito dirigido al Ministro del Interior denunciando la problemática que sufrimos en Almería, y la falta de medios humanos que padece la Comisaría Provincial de Almería, y que afecta a la seguridad de la ciudadanía almeriense.

Según el sindicato policial, la provincia de Almería necesita «un mínimo» de 50 agentes más.

«El aumento exponencial delas cifras de recepción de inmigrantes en el puerto de Almería con el consiguiente consumo de recursos humanos de la comisaría provincial, fundamentalmente en las Brigadas de Seguridad Ciudadana, Extranjería y Policía Científica. Estamos hablando de cifras que andan ya por los 3.000 inmigrantes en el primer semestre de este año, por los cerca de 2000 del año 2017. El catálogo de puestos de trabajo de la Comisaría no se actualiza y aumenta para hacer frente a esta situación, por lo que los servicios de la Comisaría se encuentran en una situación de colapso para hacer frente a este fenómeno migratorio».

El Defensor del Pueblo, en su intervención en el Congreso de los Diputados el día 15 de febrero de 2018 denunciaba lo siguiente: «En Almería, existen unas instalaciones prefabricadas en el puerto y que carecen de enseres tales como literas, por lo que todas las personas deben dormir sobre el suelo, y que presenta elementos susceptibles de ser utilizados para autolesionarse o para causar lesiones». Desde UFP corroboramos que duermen en el suelo utilizando unas colchonetas que se encuentran en mal estado, y se pasan de unos a otros sin tiempo para lavar y desinfectar.


- “Madres con bebés en calabozos, a menores no acompañados encerrados en celdas, a hombres durmiendo en el suelo”. Desde UFP corroboramos lo anterior.
- “Nos encontramos ante carencias estructurales, que van perpetuándose
con el paso del tiempo y que deberían ser corregidas.” UFP corrobora el estado lamentable en el que se encuentran las instalaciones (aguas fecales, aire acondicionado precario, estructura metálica deteriorada por su proximidad al mar,...).
- “En situaciones de afluencia importante de personas, no deberíamos depender exclusivamente de unas plantillas policiales que tienen encomendadas funciones generales de seguridad ciudadana. Deberíamos aspirar a tener dispuestos y bien formados unos equipos multidisciplinares móviles con capacidad de despliegue que, por tanto, vayan más allá de la perspectiva estrictamente policial.” Desde UFP solicitamos como medida urgente e inmediata para paliar el problema la
adscripción de un mínimo de 50 policías. Pero como medida a medio plazo nos parece adecuada la apreciación del Defensor del Pueblo.

«Aparte de lo anterior, nosotros denunciamos los siguientes extremos: Necesidad de llevar un control oficial, a través de un médico de la Seguridad Social, del estado de salud en el que entran los inmigrantes a territorio nacional. Los inmigrantes con enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas, deberían de ser trasladados a un centro asistencial adecuado y no permanecer con el resto de inmigrantes, con el potencial peligro de contagio tanto entre inmigrantes como con los policías que los custodian durante horas. Esto no se realiza a día de hoy, y permanecen en calabozos donde se enumeran en un cartel las enfermedades y el número de enfermos de la celda respectiva. Se han dado numerosos casos de sama, y algunos supuestos casos de tuberculosis en los últimos días. Potencialmente se pueden recepcionar inmigrantes con enfermedades tales como sida, lepra, sífilis, gonorrea, etc. Enfermedades que suponen un riesgo para la salud pública».