ALMERÍA HOY / 27·09·2018
El Ayuntamiento de Garrucha se va a querellar contra Galasa. Así lo ha trasladado la alcaldesa, María López Cervantes (PSOE) en declaraciones a RADIO ACTUALIDAD. Así, el Consistorio garruchero responderá a la empresa provincial con acciones legales después de que el ente, que depende de la Diputación Provincial de Almería, haya tratado de evitar que el Ayuntamiento sacara a concurso público la prestación del servicio integral del agua en la localidad.
Señalar que el último recurso presentado para evitarlo se fundamentaba en un artículo del pliego de condiciones donde se expresaba la posibilidad de que el Ayuntamiento subvencione el precio del agua en determinados casos.
Cabe recordar que el procedimiento de licitación de la prestación del servicio del ciclo integral del agua en Garrucha se encuentra paralizado a la espera de la resolución de las alegaciones presentadas por la empresa pública provincial y la mixta veratense CODEUR. Mientras la primera estima ilegal la posibilidad de subvencionar el precio del agua, tal y como recoge el pliego de condiciones, la segunda ha recurrido los párrafos que le han impedido optar al contrato en solitario.
El motivo de la nueva paralización de las pretensiones de los actuales regidores del municipio es que el Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía ha ordenado la suspensión cautelar del procedimiento de licitación en tanto resuelve las alegaciones que, contra el mismo, han presentado GALASA y CODEUR.
Ya en marzo el Ayuntamiento tuvo que ponerse a redactar de nuevo el pliego de condiciones del concurso para adaptarlo a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el 9 de ese mismo mes, diez días antes de que el documento con las condiciones que habían de regir la licitación apareciera publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), a pesar de que éste había sido aprobado por el Pleno con anterioridad, concretamente el 27 de febrero.
El Consistorio no aguardó entonces a que el Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía resolviera las alegaciones que dos empresas –Aqualia y GALASA- habían presentado y se puso a trabajar en la adaptación dadas las prisas que tenía el equipo de gobierno en culminar el proceso de expulsión de la empresa pública municipal de su término. O, como alguna que otra vez ha confesado la alcaldesa María Antonia López Cervantes (PSOE), la necesidad de hacer caja con los 1,5 millones de canon que ha de depositar en las arcas garrucheras la empresa que resulte ganadora del contrato. Son otras tantas razones para sacar a licitación el ciclo integral del agua.
En aquella ocasión, López no esperó, como decimos, a que transcurrieran los dos meses que empleó el Tribunal en resolver los recursos de ambas empresas, que impugnaron el procedimiento por no atenerse a la nueva Ley de 9 de marzo, ante el evidente resultado que todos esperaban.
Entonces ganó tiempo, pero ahora no hay nada que el Ayuntamiento de Garrucha pueda hacer mientras aguarda la resolución de las alegaciones.
De momento, el Tribunal Contractual ha suspendido cautelarmente la apertura de las plicas con las ofertas, aunque mantuvo el 27 de agosto como día final para la presentación de las mismas, frenando en seco la continuación del procedimiento hasta el día en que emita su veredicto.
SUBVENCIÓN
El recurso presentado por GALASA se funda en la posibilidad que incluye el pliego de subvencionar el coste del servicio que se prestará tanto por el abastecimiento como por la depuración de las aguas residuales. Así, el pliego de condiciones para la licitación del ciclo integral del agua aprobado por la Corporación garruchera –al que ha tenido acceso ACTUALIDAD ALMANZORA-, establece al final del artículo 1 que “las fuentes actuales de suministro de agua en alta serán las que se deberán de considerar en los estudios realizados por los licitadores, a un precio de compra de agua en alta de 0,66 €/m3”.
Sin embargo, el documento aprobado en Pleno extraordinario el 12 de julio, introduce un matiz a esa condición, y es que “si se pusiera en marcha otro sistema alternativo que tuviera uncoste superior, éste sería asumido por el ayuntamiento, decidiendo el abono del mismomediante una subvención o su traslado a tarifas”.
La misma circunstancia afectaría a la depuración. En ese sentido, aunque el pliego señala a continuación de lo anterior que “se considerará el sistema de depuración actual que se realiza mediante la depuradora compartida con otros municipios que explota GALASA mediante el futuro Convenio con elAyuntamiento de Garrucha con un caudal tratado de 450.000 m3 y un coste unitario de0,25€/m3 depurado”, a continuación, en el mismo párrafo, y como en el caso del abastecimiento, se añade que “si este coste fuera superior, sería asumido por el ayuntamiento, decidiendo elabono del mismo mediante una subvención o su traslado a tarifas”.
Para el gerente de GALASA, Antonio Lázaro (PP), “se trata de un caso flagrante de ilegalidad. El precio que se cobra a los ciudadanos por el abastecimiento y depuración de las aguas es una tasa y la normativa vigente es muy clara en ese particular: tiene que reflejar el coste del servicio y no puede ser falseado mediante subvención porque su gestión ha de ser económicamente sostenible”.
Lázaro espera que el Tribunal Contractual “nos dé la razón y la gestión del agua en Garrucha siga siendo pública, obedeciendo sólo a los intereses de los vecinos y no a ningún otro”.
Señalar que el último recurso presentado para evitarlo se fundamentaba en un artículo del pliego de condiciones donde se expresaba la posibilidad de que el Ayuntamiento subvencione el precio del agua en determinados casos.
Cabe recordar que el procedimiento de licitación de la prestación del servicio del ciclo integral del agua en Garrucha se encuentra paralizado a la espera de la resolución de las alegaciones presentadas por la empresa pública provincial y la mixta veratense CODEUR. Mientras la primera estima ilegal la posibilidad de subvencionar el precio del agua, tal y como recoge el pliego de condiciones, la segunda ha recurrido los párrafos que le han impedido optar al contrato en solitario.
El motivo de la nueva paralización de las pretensiones de los actuales regidores del municipio es que el Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía ha ordenado la suspensión cautelar del procedimiento de licitación en tanto resuelve las alegaciones que, contra el mismo, han presentado GALASA y CODEUR.
Ya en marzo el Ayuntamiento tuvo que ponerse a redactar de nuevo el pliego de condiciones del concurso para adaptarlo a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el 9 de ese mismo mes, diez días antes de que el documento con las condiciones que habían de regir la licitación apareciera publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), a pesar de que éste había sido aprobado por el Pleno con anterioridad, concretamente el 27 de febrero.
El Consistorio no aguardó entonces a que el Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía resolviera las alegaciones que dos empresas –Aqualia y GALASA- habían presentado y se puso a trabajar en la adaptación dadas las prisas que tenía el equipo de gobierno en culminar el proceso de expulsión de la empresa pública municipal de su término. O, como alguna que otra vez ha confesado la alcaldesa María Antonia López Cervantes (PSOE), la necesidad de hacer caja con los 1,5 millones de canon que ha de depositar en las arcas garrucheras la empresa que resulte ganadora del contrato. Son otras tantas razones para sacar a licitación el ciclo integral del agua.
En aquella ocasión, López no esperó, como decimos, a que transcurrieran los dos meses que empleó el Tribunal en resolver los recursos de ambas empresas, que impugnaron el procedimiento por no atenerse a la nueva Ley de 9 de marzo, ante el evidente resultado que todos esperaban.
Entonces ganó tiempo, pero ahora no hay nada que el Ayuntamiento de Garrucha pueda hacer mientras aguarda la resolución de las alegaciones.
De momento, el Tribunal Contractual ha suspendido cautelarmente la apertura de las plicas con las ofertas, aunque mantuvo el 27 de agosto como día final para la presentación de las mismas, frenando en seco la continuación del procedimiento hasta el día en que emita su veredicto.
SUBVENCIÓN
El recurso presentado por GALASA se funda en la posibilidad que incluye el pliego de subvencionar el coste del servicio que se prestará tanto por el abastecimiento como por la depuración de las aguas residuales. Así, el pliego de condiciones para la licitación del ciclo integral del agua aprobado por la Corporación garruchera –al que ha tenido acceso ACTUALIDAD ALMANZORA-, establece al final del artículo 1 que “las fuentes actuales de suministro de agua en alta serán las que se deberán de considerar en los estudios realizados por los licitadores, a un precio de compra de agua en alta de 0,66 €/m3”.
Sin embargo, el documento aprobado en Pleno extraordinario el 12 de julio, introduce un matiz a esa condición, y es que “si se pusiera en marcha otro sistema alternativo que tuviera uncoste superior, éste sería asumido por el ayuntamiento, decidiendo el abono del mismomediante una subvención o su traslado a tarifas”.
La misma circunstancia afectaría a la depuración. En ese sentido, aunque el pliego señala a continuación de lo anterior que “se considerará el sistema de depuración actual que se realiza mediante la depuradora compartida con otros municipios que explota GALASA mediante el futuro Convenio con elAyuntamiento de Garrucha con un caudal tratado de 450.000 m3 y un coste unitario de0,25€/m3 depurado”, a continuación, en el mismo párrafo, y como en el caso del abastecimiento, se añade que “si este coste fuera superior, sería asumido por el ayuntamiento, decidiendo elabono del mismo mediante una subvención o su traslado a tarifas”.
Para el gerente de GALASA, Antonio Lázaro (PP), “se trata de un caso flagrante de ilegalidad. El precio que se cobra a los ciudadanos por el abastecimiento y depuración de las aguas es una tasa y la normativa vigente es muy clara en ese particular: tiene que reflejar el coste del servicio y no puede ser falseado mediante subvención porque su gestión ha de ser económicamente sostenible”.
Lázaro espera que el Tribunal Contractual “nos dé la razón y la gestión del agua en Garrucha siga siendo pública, obedeciendo sólo a los intereses de los vecinos y no a ningún otro”.
