ALMERÍA HOY / 06·09·2018
José García Navarro, exalcalde de Albox por el PSOE, se enfrenta a diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por enchufar presuntamente a una decena personas en el ayuntamiento entre 2007 y 2013. Cabe recordar que el exregidor tiene que hacer frente a otra petición fiscal de 12 años de cárcel y 31 de inhabilitación por adjudicar «a dedo» contratos por más de un millón de euros.
Este medio ha accedido al escrito de acusación del Ministerio Público, dondel el fiscal expone que José García sabía que actuaba al «margen» del ordenamiento jurídico», llegando a echarle en cara que hiciese «prevalecer su propia voluntad» sobre los «intereses generales del ente local y los particulares de posibles interesados» en los puestos de trabajo.
Según la fiscalía, el exalcalde habría suscrito una decena de contratos de trabajo en nombre del Ayuntamiento «sin seguir procedimiento alguno y sin justificar las causas» por las que recurría a la contratación laboral temporal «ni las que determinaban la elección de esas personas en particular». De hecho, algunos seguían estando en vigor en mayo de 2018. «Con este proceder, el acusado hizo las mencionadas contrataciones de personas sin atender a criterios de necesidad, merito y capacidad», apunta el fiscal.
Este medio ha accedido al escrito de acusación del Ministerio Público, dondel el fiscal expone que José García sabía que actuaba al «margen» del ordenamiento jurídico», llegando a echarle en cara que hiciese «prevalecer su propia voluntad» sobre los «intereses generales del ente local y los particulares de posibles interesados» en los puestos de trabajo.
Según la fiscalía, el exalcalde habría suscrito una decena de contratos de trabajo en nombre del Ayuntamiento «sin seguir procedimiento alguno y sin justificar las causas» por las que recurría a la contratación laboral temporal «ni las que determinaban la elección de esas personas en particular». De hecho, algunos seguían estando en vigor en mayo de 2018. «Con este proceder, el acusado hizo las mencionadas contrataciones de personas sin atender a criterios de necesidad, merito y capacidad», apunta el fiscal.
