El exdelegado de Igualdad y Bienestar Social, Luis López, denuncia la situación a través de redes sociales vivida por APAFA, que gestiona la residencia para personas con discapacidad más importante de Andalucía
ALMERÍA HOY / 27·09·2018
Quien fuera delegado de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Almería, Luis López, ha publicado en su perfil de Facebook un texto que titula «APAFA está en peligro de muerte segura» y donde alerta de la situación de un colectivo integrado por unos mil socios, y que gestiona «el mayor complejo de atención a personas con discapacidad intelectual de la provincia de Almería», que se localiza en Vélez-Rubio.
A continuación, reproducimos íntegramente el texto publicado por Luis López en redes sociales:
«APAFA está en peligro de muerte segura. (Por favor, si este escrito os resulta muy largo, ruego que os vayáis al final del mismo, con un escrito dirigido al Presidente del Gobierno, y hagáis lo que os pido. Gracias.)
APAFA (Asociación de Padres, Familiares y Amigos de las Personas con Discapacidad Intelectual de la Zona Norte de Almería) ESTÁ EN PELIGRO. Sé que esta noticia sobre algo -para mucha gente, para cualquier persona, sea de donde sea, con un mínimo de sensibilidad social- de la máxima trascendencia, va a alegrar, aunque parezca una barbaridad mi afirmación, a mucho politiquillo de tres al cuarto y, lo que es más significativo, a algunos “vividores” de este sector de los asuntos sociales, gente que, dedicándose a eso, supuestamente de forma altruista, y porque no saben ganarse la vida de otra forma, les importa un comino el bienestar de personas con necesidades especiales y sus familias, si no son ellos los protagonistas; en este caso, muertos de envidia porque los éxitos de otros manifiestan su mediocridad. Y, desde luego y por desgracia, a alguna gentecilla que, aunque esto represente la defensa de intereses tan nobles y generales, lo enfocan todo desde su fanatismo partidario, sectario o personal.
APAFA, nombre abreviado de la entidad, integrada por alrededor de 1.000 socios y en la que nadie –y digo NADIE- recibe retribución alguna, salvo sus trabajadores y usuarios, gestiona el mayor complejo de atención a personas con discapacidad intelectual de la provincia de Almería; ubicado en Vélez Rubio, es uno de los más importantes, no ya de Andalucía, sino de toda España. Supongo que haber sido la primera entidad de toda la Comunidad Autónoma a la que la Consejería de Salud, tras largas y minuciosas inspecciones, ha concedido la certificación de Calidad Avanzada para sus servicios, y, además de otros méritos, estar declarada de Utilidad Pública, querrá decir algo. APAFA está atendiendo a alrededor de 100 personas con discapacidad, con necesidades especiales, de distintos tipos y grados. APAFA, para ello, tiene contratadas a alrededor de 100 personas, casi todas jóvenes de la Comarca; lo que quiere decir, supongo, que deberá estar “dándole de comer”, a algunos cientos más de familias de forma indirecta.
Bueno, pues todo eso está en estos momentos a pique de irse al garete, de hundirse. La falta de interés, de sensibilidad y de compromiso de las tres Administraciones territoriales va a dar lugar a ello. No es algo a lo que se haya llegado de golpe, en unos días o en estos últimos meses. Viene de hace años, de hace siete. Siento que los familiares de los usuarios, los trabajadores, los socios de la entidad (casi todos los trabajadores y familiares los son también, de forma altruista) y la sociedad en general, la comarcal más específicamente por ser más afectada, conozcan el asunto ahora, por estas líneas y por este medio. Lo publico yo, a forro de mi trompa, sin haber consultado o pedido permiso a nadie. Espero que pronto se dé cumplida y más detallada información a todos.
Ahora me voy a referir solamente a lo que afecta a la Administración Central, al Gobierno de la Nación; si es necesario y en 15 ó 20 días no dan fruto algunas de las gestiones que se están llevando a cabo, hablaré de la Autonómica y de la local; también de entidades financieras. Debido, todo hay que decirlo y reconocerlo, a un fallo formal de la entidad, de buena fe y que, por cierto, beneficiaba a todos, pues la obra y su equipamiento resultaban más baratos y de más calidad que lo proyectado y mantenía en su integridad las condiciones materiales y de diseño proyectados desde el principio, la Secretaría de Estado que concedió la subvención, exige el reintegro (la devolución), con intereses y todo hasta la fecha de los 500.000€ concedidos y ya gastados, basándose en que había que haber comunicado los cambios y esperar a su autorización, sin entrar en que los cambios no sólo eran más que justificables sino que, además, beneficiaban el interés de todos.
Sorpresa desagradable que nos lleva a alegar la ausencia de mala fe, el beneficio del interés público, la existencia de una actuación ya finalizada y con autorización de funcionamiento sin problemas, y, sobre todo, la desproporción entre el supuesto interés defendido por la Administración y el daño que va a causar a una entidad sin ánimo de lucro, sin beneficios, exigiéndole que devuelva un dinero que ya ha gastado debidamente y con ninguna fórmula para obtenerlo que no fuera en detrimento de sus trabajadores y, sobre todo, usuarios. Que si quieres: ni alegaciones, ni recurso de reposición, ni otras gestiones; si queremos librarnos de la losa, hay que ir a juicio; cosa que hacemos, convencidos de la injusticia y de nuestra razón. En el procedimiento hay que decir que se nos trata como a delincuentes, peor que a algunos sinvergüenzas que han robado a manos llenas y se han ido de rositas; valga como ejemplo que la Abogacía del Estado, no sólo se opone a que se suspenda la exigencia del reintegro, sino que, además, sin estar obligada a ello, pide que, en caso de concederla, se nos imponga fianza, y no de cualquier clase, sino en dinero o con aval bancario, y todo ello a sabiendas de que APAFA es una entidad sin ánimo de lucro, sin beneficios y que cualquier cantidad que desvíe para ello, si puede, va a ir exclusivamente en perjuicio del servicio que está prestando; que ése sí es de interés general, digo yo. Pues nada, en contra de todo pronóstico, se impone la fianza y hay que buscar un aval. Ya podéis figuraros de dónde y a costa de qué ha habido que afrontar esos gastos, y otros, como los de abogados y demás. Ya se sabe: la Justicia es ciega y la Administración defiende los intereses generales. Y una...
En esas entremedias y antes de verse obligada la entidad a ir a juicio, se hacen múltiples gestiones: Dos entrevistas con la Secretaría de Estado, una en Almería y otra en Madrid; buenas palabricas en ambas y foto incluida en la segunda. Entrevista con diputados y senadores del partido gobernante; buenas palabricas en todas (“Esto se arregla, no os preocupéis; hemos arreglado cosas más gordas…”). Incluso una entrevista con otro “representante popular” más cercano, al que, por cierto, el cargo, no electo, le tocó en la lotería del reparto partidario; en este caso, ni buenas ni malas, sólo palabricas huecas, vanas, e ignorantes y sin efecto alguno, y, eso sí, montones de fotos para colgarlas en sus muros de todas las redes sociales; ahí están para quien quiera verlas. Hace unos días, con la sentencia ya dictada y a pique de cumplirse el plazo para el único recurso, el de casación ante el Supremo, que nos queda, nuevo viaje a los Madriles para entrevista con la nueva Secretaria de Estado de Servicios Sociales; explicación del caso y propuestas, de nuestra parte, reales y legales de solución; nuevas palabricas, incluyendo alguna impertinencia, y promesa de que van a tratar de arreglar el tema, aunque sensación de que nos crecen los cuernos de tanto capotazo. Veremos.
Y aquí estamos ahora mismo: Con un edifico magnífico, equipado, con todas sus autorizaciones materiales y funcionales concedidas, con 16 plazas más concertadas, con más personal contratado; en pleno y magnífico funcionamiento y rendimiento. Pero con una sentencia desfavorable, que ha necesitado de casi dos años de deliberación para dictarla en mayo de éste. Abocados a tener que pagar (esta púa y otra casi igual del Proder, que, tras una gestión reciente, parece que puede arreglarse, y de la que hablaré si en 15 ó 20 días no se ven resultados), una cantidad que ni tenemos ni podemos tener, y que, si nos vemos obligados a gestionar su pago mediante fórmulas que impliquen devolución más intereses, ya digo antes a costa de qué va a ser.
¿Por qué y para qué os cuento esto? No para que os lamentéis conmigo con vuestros comentarios, ni para que pongáis a este escrito vuestros “me gusta”, me entristece” o “me enfada”, sino para QUE NOS ECHÉIS UNA MANO. Se me ocurren varias formas:
- Buscad en Facebook el muro oficial de Palacio de la Moncloa y compartid o pegad en él el escrito que redacto a continuación.
- Compartirlo con vuestros contactos y pedidles que ellos también lo compartan en el muro del Palacio de la Moncloa, lo compartan también con sus contactos y les pidan que también hagan la medida que se expone a continuación.
- Imprimir el escrito y enviadlo por correo ordinario a la dirección siguiente: Exmo. Sr. Presidente del Gobierno de España (A su atención personal). D. Pedro Sanchez Pérez -Castejón.- Palacio de la Moncloa.- Avda. Puerta de Hierro, s/n.- 28071 – MADRID. Este método, aunque requiere mayor esfuerzo de vuestra parte, tal vez sea el más efectivo.
El escrito podría ser éste:
Exmo. Sr. Presidente del Gobierno de España
D. Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Palacio de la Moncloa – MADRID.
Asunto: Discrepancia con decisión de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales.
Sr. Presidente:
Como socio, amigo o familiar de las personas que están siendo atendidas en Vélez Rubio (Almería), por la entidad sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública, APAFA (Asociación de Padres, Familiares y Amigos de las Personas con Discapacidad Intelectual de la Zona Norte de Almería), en su Complejo de Atención Integral, me dirijo a usted con el ruego de que haga lo posible por evitar lo que, a mi entender, es una tropelía que se viene cometiendo con dicha entidad y cuyos resultados materiales perjudiciales están a punto de hacerse efectivos.
Dicha entidad no lucrativa, cuya labor es digna de elogio y su calidad está reconocida oficialmente, y también por toda la sociedad velezana, almeriense y andaluza; con casi mil socios y dirigida de forma totalmente altruista, atiende en el citado Complejo a casi 100 personas con discapacidad intelectual, y en dicha atención emplea a alrededor de 100 trabajadores. Es, por tanto, además de, y principalmente, un modelo de atención a estas personas y sus familias, uno de los principales factores o elementos (si no, el más importante) de desarrollo económico de una zona, la de Los Vélez, en Almería, deprimida económicamente. Por tanto, para nosotros, la sociedad en general y, por supuesto, espero que para su Gobierno y todas las demás Administraciones Públicas, debe ser importantísimo el mantenimiento de esa labor.
Como consecuencia de un error humano, cometido con toda la buena fe y sólo con la intención y el resultado de conseguir realizar de forma más favorable una actuación que fue subvencionada en la convocatoria de ayudas con cargo al IRPF, de 2011, desde el 2015 se le viene exigiendo el reintegro de la subvención, más los intereses. Tras ser desatendidas sus alegaciones, recursos administrativos y consiguiente procedimiento judicial, éste también con resultado desfavorable, se ve abocada la entidad a devolver, a la actual Secretaría de Estado de Servicios Sociales, una cantidad de la que no dispone y que, aunque pudiera disponer por cualquier forma gravosa, perjudicaría de tal manera la atención a las personas a su cargo que se vería abocada al cierre. Lo que supondría, no ya el cese de una labor encomiable y meritoria, sino, además, un golpe fortísimo y letal para la economía de la zona.
Por ello, y a la vista de las circunstancias que han concurrido en este asunto, y, sobre todo, por los efectos tan gravosos que la ejecución del acto administrativo provocará, entendemos todos los que hemos tenido conocimiento de la situación que dicha actuación es manifiestamente desproporcionada y en modo alguno beneficiosa para los intereses generales de la nación y, particularmente, los de las personas con discapacidad y sus familias, y, desde luego, para los ciudadanos de Los Vélez y de toda la provincia de Almería.
Como estamos convencidos de que hay soluciones perfectamente legales y factibles, es por lo que acudimos a usted con el ruego de que ponga en marcha las medidas que conduzcan a evitar este disparate.
Sin otro particular, le deseo salud y acierto en el desempeño de su misión».
A continuación, reproducimos íntegramente el texto publicado por Luis López en redes sociales:
«APAFA está en peligro de muerte segura. (Por favor, si este escrito os resulta muy largo, ruego que os vayáis al final del mismo, con un escrito dirigido al Presidente del Gobierno, y hagáis lo que os pido. Gracias.)
APAFA (Asociación de Padres, Familiares y Amigos de las Personas con Discapacidad Intelectual de la Zona Norte de Almería) ESTÁ EN PELIGRO. Sé que esta noticia sobre algo -para mucha gente, para cualquier persona, sea de donde sea, con un mínimo de sensibilidad social- de la máxima trascendencia, va a alegrar, aunque parezca una barbaridad mi afirmación, a mucho politiquillo de tres al cuarto y, lo que es más significativo, a algunos “vividores” de este sector de los asuntos sociales, gente que, dedicándose a eso, supuestamente de forma altruista, y porque no saben ganarse la vida de otra forma, les importa un comino el bienestar de personas con necesidades especiales y sus familias, si no son ellos los protagonistas; en este caso, muertos de envidia porque los éxitos de otros manifiestan su mediocridad. Y, desde luego y por desgracia, a alguna gentecilla que, aunque esto represente la defensa de intereses tan nobles y generales, lo enfocan todo desde su fanatismo partidario, sectario o personal.
APAFA, nombre abreviado de la entidad, integrada por alrededor de 1.000 socios y en la que nadie –y digo NADIE- recibe retribución alguna, salvo sus trabajadores y usuarios, gestiona el mayor complejo de atención a personas con discapacidad intelectual de la provincia de Almería; ubicado en Vélez Rubio, es uno de los más importantes, no ya de Andalucía, sino de toda España. Supongo que haber sido la primera entidad de toda la Comunidad Autónoma a la que la Consejería de Salud, tras largas y minuciosas inspecciones, ha concedido la certificación de Calidad Avanzada para sus servicios, y, además de otros méritos, estar declarada de Utilidad Pública, querrá decir algo. APAFA está atendiendo a alrededor de 100 personas con discapacidad, con necesidades especiales, de distintos tipos y grados. APAFA, para ello, tiene contratadas a alrededor de 100 personas, casi todas jóvenes de la Comarca; lo que quiere decir, supongo, que deberá estar “dándole de comer”, a algunos cientos más de familias de forma indirecta.
Bueno, pues todo eso está en estos momentos a pique de irse al garete, de hundirse. La falta de interés, de sensibilidad y de compromiso de las tres Administraciones territoriales va a dar lugar a ello. No es algo a lo que se haya llegado de golpe, en unos días o en estos últimos meses. Viene de hace años, de hace siete. Siento que los familiares de los usuarios, los trabajadores, los socios de la entidad (casi todos los trabajadores y familiares los son también, de forma altruista) y la sociedad en general, la comarcal más específicamente por ser más afectada, conozcan el asunto ahora, por estas líneas y por este medio. Lo publico yo, a forro de mi trompa, sin haber consultado o pedido permiso a nadie. Espero que pronto se dé cumplida y más detallada información a todos.
Ahora me voy a referir solamente a lo que afecta a la Administración Central, al Gobierno de la Nación; si es necesario y en 15 ó 20 días no dan fruto algunas de las gestiones que se están llevando a cabo, hablaré de la Autonómica y de la local; también de entidades financieras. Debido, todo hay que decirlo y reconocerlo, a un fallo formal de la entidad, de buena fe y que, por cierto, beneficiaba a todos, pues la obra y su equipamiento resultaban más baratos y de más calidad que lo proyectado y mantenía en su integridad las condiciones materiales y de diseño proyectados desde el principio, la Secretaría de Estado que concedió la subvención, exige el reintegro (la devolución), con intereses y todo hasta la fecha de los 500.000€ concedidos y ya gastados, basándose en que había que haber comunicado los cambios y esperar a su autorización, sin entrar en que los cambios no sólo eran más que justificables sino que, además, beneficiaban el interés de todos.
Sorpresa desagradable que nos lleva a alegar la ausencia de mala fe, el beneficio del interés público, la existencia de una actuación ya finalizada y con autorización de funcionamiento sin problemas, y, sobre todo, la desproporción entre el supuesto interés defendido por la Administración y el daño que va a causar a una entidad sin ánimo de lucro, sin beneficios, exigiéndole que devuelva un dinero que ya ha gastado debidamente y con ninguna fórmula para obtenerlo que no fuera en detrimento de sus trabajadores y, sobre todo, usuarios. Que si quieres: ni alegaciones, ni recurso de reposición, ni otras gestiones; si queremos librarnos de la losa, hay que ir a juicio; cosa que hacemos, convencidos de la injusticia y de nuestra razón. En el procedimiento hay que decir que se nos trata como a delincuentes, peor que a algunos sinvergüenzas que han robado a manos llenas y se han ido de rositas; valga como ejemplo que la Abogacía del Estado, no sólo se opone a que se suspenda la exigencia del reintegro, sino que, además, sin estar obligada a ello, pide que, en caso de concederla, se nos imponga fianza, y no de cualquier clase, sino en dinero o con aval bancario, y todo ello a sabiendas de que APAFA es una entidad sin ánimo de lucro, sin beneficios y que cualquier cantidad que desvíe para ello, si puede, va a ir exclusivamente en perjuicio del servicio que está prestando; que ése sí es de interés general, digo yo. Pues nada, en contra de todo pronóstico, se impone la fianza y hay que buscar un aval. Ya podéis figuraros de dónde y a costa de qué ha habido que afrontar esos gastos, y otros, como los de abogados y demás. Ya se sabe: la Justicia es ciega y la Administración defiende los intereses generales. Y una...
En esas entremedias y antes de verse obligada la entidad a ir a juicio, se hacen múltiples gestiones: Dos entrevistas con la Secretaría de Estado, una en Almería y otra en Madrid; buenas palabricas en ambas y foto incluida en la segunda. Entrevista con diputados y senadores del partido gobernante; buenas palabricas en todas (“Esto se arregla, no os preocupéis; hemos arreglado cosas más gordas…”). Incluso una entrevista con otro “representante popular” más cercano, al que, por cierto, el cargo, no electo, le tocó en la lotería del reparto partidario; en este caso, ni buenas ni malas, sólo palabricas huecas, vanas, e ignorantes y sin efecto alguno, y, eso sí, montones de fotos para colgarlas en sus muros de todas las redes sociales; ahí están para quien quiera verlas. Hace unos días, con la sentencia ya dictada y a pique de cumplirse el plazo para el único recurso, el de casación ante el Supremo, que nos queda, nuevo viaje a los Madriles para entrevista con la nueva Secretaria de Estado de Servicios Sociales; explicación del caso y propuestas, de nuestra parte, reales y legales de solución; nuevas palabricas, incluyendo alguna impertinencia, y promesa de que van a tratar de arreglar el tema, aunque sensación de que nos crecen los cuernos de tanto capotazo. Veremos.
Y aquí estamos ahora mismo: Con un edifico magnífico, equipado, con todas sus autorizaciones materiales y funcionales concedidas, con 16 plazas más concertadas, con más personal contratado; en pleno y magnífico funcionamiento y rendimiento. Pero con una sentencia desfavorable, que ha necesitado de casi dos años de deliberación para dictarla en mayo de éste. Abocados a tener que pagar (esta púa y otra casi igual del Proder, que, tras una gestión reciente, parece que puede arreglarse, y de la que hablaré si en 15 ó 20 días no se ven resultados), una cantidad que ni tenemos ni podemos tener, y que, si nos vemos obligados a gestionar su pago mediante fórmulas que impliquen devolución más intereses, ya digo antes a costa de qué va a ser.
¿Por qué y para qué os cuento esto? No para que os lamentéis conmigo con vuestros comentarios, ni para que pongáis a este escrito vuestros “me gusta”, me entristece” o “me enfada”, sino para QUE NOS ECHÉIS UNA MANO. Se me ocurren varias formas:
- Buscad en Facebook el muro oficial de Palacio de la Moncloa y compartid o pegad en él el escrito que redacto a continuación.
- Compartirlo con vuestros contactos y pedidles que ellos también lo compartan en el muro del Palacio de la Moncloa, lo compartan también con sus contactos y les pidan que también hagan la medida que se expone a continuación.
- Imprimir el escrito y enviadlo por correo ordinario a la dirección siguiente: Exmo. Sr. Presidente del Gobierno de España (A su atención personal). D. Pedro Sanchez Pérez -Castejón.- Palacio de la Moncloa.- Avda. Puerta de Hierro, s/n.- 28071 – MADRID. Este método, aunque requiere mayor esfuerzo de vuestra parte, tal vez sea el más efectivo.
El escrito podría ser éste:
Exmo. Sr. Presidente del Gobierno de España
D. Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Palacio de la Moncloa – MADRID.
Asunto: Discrepancia con decisión de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales.
Sr. Presidente:
Como socio, amigo o familiar de las personas que están siendo atendidas en Vélez Rubio (Almería), por la entidad sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública, APAFA (Asociación de Padres, Familiares y Amigos de las Personas con Discapacidad Intelectual de la Zona Norte de Almería), en su Complejo de Atención Integral, me dirijo a usted con el ruego de que haga lo posible por evitar lo que, a mi entender, es una tropelía que se viene cometiendo con dicha entidad y cuyos resultados materiales perjudiciales están a punto de hacerse efectivos.
Dicha entidad no lucrativa, cuya labor es digna de elogio y su calidad está reconocida oficialmente, y también por toda la sociedad velezana, almeriense y andaluza; con casi mil socios y dirigida de forma totalmente altruista, atiende en el citado Complejo a casi 100 personas con discapacidad intelectual, y en dicha atención emplea a alrededor de 100 trabajadores. Es, por tanto, además de, y principalmente, un modelo de atención a estas personas y sus familias, uno de los principales factores o elementos (si no, el más importante) de desarrollo económico de una zona, la de Los Vélez, en Almería, deprimida económicamente. Por tanto, para nosotros, la sociedad en general y, por supuesto, espero que para su Gobierno y todas las demás Administraciones Públicas, debe ser importantísimo el mantenimiento de esa labor.
Como consecuencia de un error humano, cometido con toda la buena fe y sólo con la intención y el resultado de conseguir realizar de forma más favorable una actuación que fue subvencionada en la convocatoria de ayudas con cargo al IRPF, de 2011, desde el 2015 se le viene exigiendo el reintegro de la subvención, más los intereses. Tras ser desatendidas sus alegaciones, recursos administrativos y consiguiente procedimiento judicial, éste también con resultado desfavorable, se ve abocada la entidad a devolver, a la actual Secretaría de Estado de Servicios Sociales, una cantidad de la que no dispone y que, aunque pudiera disponer por cualquier forma gravosa, perjudicaría de tal manera la atención a las personas a su cargo que se vería abocada al cierre. Lo que supondría, no ya el cese de una labor encomiable y meritoria, sino, además, un golpe fortísimo y letal para la economía de la zona.
Por ello, y a la vista de las circunstancias que han concurrido en este asunto, y, sobre todo, por los efectos tan gravosos que la ejecución del acto administrativo provocará, entendemos todos los que hemos tenido conocimiento de la situación que dicha actuación es manifiestamente desproporcionada y en modo alguno beneficiosa para los intereses generales de la nación y, particularmente, los de las personas con discapacidad y sus familias, y, desde luego, para los ciudadanos de Los Vélez y de toda la provincia de Almería.
Como estamos convencidos de que hay soluciones perfectamente legales y factibles, es por lo que acudimos a usted con el ruego de que ponga en marcha las medidas que conduzcan a evitar este disparate.
Sin otro particular, le deseo salud y acierto en el desempeño de su misión».
