Según el PP, el equipo de gobierno de Vera negó al Ayuntamiento la decisión sobre la compra preferente de las participaciones porque llevó la cuestión al pleno cuando el plazo había expirado
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| Instalaciones de Codeur en el cerro de El Hacho |
ALMERÍA HOY / 20·08·2018
El alcalde de Vera convocó para el pasado 25 de julio un pleno ordinario al objeto de aprobar, entre otras cuestiones, el ejercicio del derecho de adquisición preferente de 49 acciones nominativas de la empresa mixta municipal Codeur S.A..
Ese punto del orden del día hacía referencia al acuerdo alcanzado por el socio privado, Key Lanzarote, con la SAT Climasol para traspasarle el 25% de las acciones de la compañía, en la que hasta ahora participa con el 49%, mientras que el 51% restante está en manos del Ayuntamiento.
Sin embargo, a pesar de que la propuesta de alcaldía de no ejercer el derecho de compra salió adelante gracias a los votos del equipo de gobierno PA-PSOE, el portavoz popular, Juan de la Cruz Belmonte, ha anunciado que ha puesto el asunto en conocimiento de los asesores jurídicos del partido por considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales como concejales.
Belmonte alude a que, según el artículo 9 de los estatutos sociales de Codeur, los socios de la compañía tienen un plazo de 15 días naturales a partir de la notificación de la intención de venta de acciones para comunicar su deseo de ejercer el derecho de compra preferente que les reconoce la ley.
Key Lanzarote comunicó el acuerdo alcanzado con la SAT Climasol el 3 de julio, pero el alcalde no emplazó a la Corporación para decidir al respecto hasta el 25, es decir, 22 días después del periodo de tiempo que los estatutos de la sociedad marcaban como límite. De hecho, “la secretaria ratificó”, a preguntas del portavoz popular, que el plazo se había cumplido una semana antes.
“¿Para qué nos convocó el alcalde Félix López [PA] si cualquier cosa que decidiéramos no podía tener consecuencia alguna sobre la transacción que habían acordado Key Lanzarote y Climasol?”, se pregunta Juan de la Cruz Belmonte. El propio edil se responde. “El equipo de gobierno ya había decidido no ejercer el derecho de compra preferente. Además, tiene mayoría suficiente en el Pleno, por eso no entendemos por qué no hacen algo tan sencillo como cumplir la ley”.
“NADA QUE DECIDIR”
En la primera parte de la respuesta coincide con Belmonte el portavoz del gobierno veratense, Francisco Vázquez (PA). “En realidad, no había nada que decidir sobre la operación de compraventa de las acciones que habían acordado Key Lanzarote y Climasol porque los presupuestos del Ayuntamiento para 2018 no cuentan con una consignación para tal efecto”.
“Hay que recordar –explica Vázquez- que el gobierno del PP se amparó en esa falta de consignación presupuestaria para dar marcha atrás en su amago de compra en 2012 con el que dio al traste con la oferta que tenía el socio privado para vender su 49% por 7,5 millones de euros, una decisión que perjudicó gravemente los intereses de Key Lanzarote y sobre la que el Tribunal Supremo tendrá que decidir si el Ayuntamiento habrá de resarcirle con una indemnización y hasta qué punto subirá esa cifra cuando a los 7,5 millones se sumen el lucro cesante, intereses y costas. Una cifra millonaria que tendrán que pagar los veratenses, no los señores del PP que les metieron en ese lío”.
No obstante, el portavoz popular niega categóricamente que no hubiera nada que decidir. “La falta de consignación presupuestaria era sólo una excusa y Vázquez lo sabe. De hecho, el interventor señaló el procedimiento a seguir en el caso de que la Corporación hubiera decidido ejercer el derecho de compra preferente”, apunta Juan de la Cruz Belmonte.
“En ese caso, el Ayuntamiento habría tenido que realizar o encargar una valoración real de las acciones y, a continuación, aprobar una modificación presupuestaria para poder consumar la compra, según informó el interventor durante el Pleno”, añade el portavoz del Grupo Popular, que formula una nueva pregunta: “¿La disposición que menciona el señor Vázquez es económica o política?”.
“Mucho me temo –prosigue- que el equipo de gobierno piensa más en satisfacer los intereses del socio privado que los del pueblo de Vera. Estamos viendo cómo se cierra el círculo de decisiones para favorecer al grupo Key”.
“Primero rebajaron en 30 millones las obligaciones de invertir a Codeur, después modificaron los estatutos para que la mayoría del 51% que detentaba el Ayuntamiento en la sociedad no sea suficiente para decidir nada y, mientras tanto, se han repartido 2 millones en dividendos. El negocio para Key Lanzarote ha sido redondo. Pusieron inicialmente 98.000 euros por unas acciones que ahora valen 10 millones y se han llevado 1 millón de beneficios por tareas que encarga sólo y exclusivamente el Ayuntamiento. Así da gusto hacer negocios”, afirma Belmonte.
“No me gustaría que el incremento del valor de las acciones que supuso la rebaja de las obligaciones de inversión tuvieran como objetivo elevar el precio de esta venta a la SAT Climasol. No se puede mercadear con el agua de Vera. El que ha comprado las acciones querrá rentabilizar su inversión, y nosotros no queremos que eso ocurra a costa del dinero de los veratenses, por mucho que estemos convencidos de que la SAT es el mejor socio tecnológico que podría tener el Ayuntamiento en Codeur. Puede ayudar a desbloquear las necesidades de recursos hídricos y solucionar muchos problemas”.
ANIMADVERSIÓN A GABRIEL
Sin embargo, Francisco Vázquez insiste en que detrás de la actitud del Partido Popular de Vera “sólo existe una animadversión personal por el socio privado y por su presidente, Gabriel Sánchez. Se esforzaron, cuando tuvieron responsabilidades de gobierno, en hundir a Codeur para venderla por cuatro perras a Aguas de Barcelona. Juan de la Cruz Belmonte tendrá que dar explicaciones algún día sobre la reunión que mantuvo en 2012 con esa empresa catalana”.
