Ese día cumple el plazo estipulado en la sentencia que le condena a abonar el importe de las facturas por servicios extraordinarios impagadas desde 2010
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| Imagen del Pleno de Carboneras. Foto de archivo |
ALMERÍA HOY / 22·08·2018
El alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela (GICAR), convocará un pleno extraordinario a principios de septiembre para aprobar, si procede la solicitud de adhesión al Fondo de Impulso Económico, un plan de créditos promovido por el Ministerio de Hacienda para que los municipios puedan hacer frente al pago de sentencias judiciales.
En este caso, se trata de cumplir una sentencia firme de mayo de este año que condenaba al Consistorio carbonero a pagar 2,2 millones a Cespa, empresa concesionaria hasta noviembre de 2010 del servicio de limpieza viaria, a los que habrá de añadir algo más de 700.000 en concepto de intereses, demoras y costas.
El contencioso interpuesto por la compañía se remonta a 2014. Cuando el actual equipo de gobierno tomó las riendas se encontró con una deuda acumulada por el gobierno del exalcalde Cristóbal Fernández (PSOE) de 5,4 millones por facturas impagadas a la concesionaria, de los que en 2012 amortizó 3,2 correspondientes a las generadas por las obligaciones del contrato que amparaba el servicio.
Sin embargo, no hizo frente a los 2,2 millones correspondientes a los trabajos extraordinarios supuestamente realizados por Cespa fuera del convenio, conceptos por los que el Ayuntamiento venía pagando tanto como por las exigencias del contrato, unos 800.000 euros al año.
Ahora, el Ayuntamiento tendrá que solicitar un préstamo para hacer frente a la sentencia antes del 13 de septiembre porque, a pesar de contar con un superávit de más de 4 millones de euros tras el cierre del pasado ejercicio presupuestario, ese dinero sólo lo puede aplicar al capítulo de inversiones.
En este caso, se trata de cumplir una sentencia firme de mayo de este año que condenaba al Consistorio carbonero a pagar 2,2 millones a Cespa, empresa concesionaria hasta noviembre de 2010 del servicio de limpieza viaria, a los que habrá de añadir algo más de 700.000 en concepto de intereses, demoras y costas.
El contencioso interpuesto por la compañía se remonta a 2014. Cuando el actual equipo de gobierno tomó las riendas se encontró con una deuda acumulada por el gobierno del exalcalde Cristóbal Fernández (PSOE) de 5,4 millones por facturas impagadas a la concesionaria, de los que en 2012 amortizó 3,2 correspondientes a las generadas por las obligaciones del contrato que amparaba el servicio.
Sin embargo, no hizo frente a los 2,2 millones correspondientes a los trabajos extraordinarios supuestamente realizados por Cespa fuera del convenio, conceptos por los que el Ayuntamiento venía pagando tanto como por las exigencias del contrato, unos 800.000 euros al año.
Ahora, el Ayuntamiento tendrá que solicitar un préstamo para hacer frente a la sentencia antes del 13 de septiembre porque, a pesar de contar con un superávit de más de 4 millones de euros tras el cierre del pasado ejercicio presupuestario, ese dinero sólo lo puede aplicar al capítulo de inversiones.
