Todavía está pendiente el fallo del tribunal que ha de juzgarle por apalear con una caja de madera al exalcalde
ALMERÍA HOY / 25·07·2018
Antonio el 'Turrero', vecino de Garrucha que amenazó a la alcaldesa de la localidad y al padre de ésta, tendrá que pagar 90 euros de multa y cumplir una orden de alejamiento durante seis meses, según adelanta RADIO ACTUALIDAD.
Se trata de la condena dictada en el juicio rápido al que el acusado fue sometido, si bien todavía está pendiente el fallo del tribunal que ha de juzgarle por apalear con una caja de madera al exalcalde y actual portavoz del PP, Juan Francisco Fernández.
Cabe recordar que hace una semana nos hacíamos eco de que Antonio “El Turrero” habría intimidado hace un año al director del Puerto, Alfonso Rodríguez, a quien llegó a poner en el pecho el cañón de una escopeta. Meses antes habría llegado a abofetear o amagar con hacerlo al teniente de alcalde socialista José Gallardo.
Al parecer, detrás de este rosario de agresiones y amenazas podrían estar las vicisitudes entorno a una licencia para la explotación de un chiringuito en la zona de ocio del puerto que el presunto agresor solicitó hace más de una década y que no habría obtenido hasta el actual mandato, aunque la falta de licencia administrativa no supuso ningún obstáculo para que pudiera abrir el establecimiento durante todo este tiempo.
Se trata de la condena dictada en el juicio rápido al que el acusado fue sometido, si bien todavía está pendiente el fallo del tribunal que ha de juzgarle por apalear con una caja de madera al exalcalde y actual portavoz del PP, Juan Francisco Fernández.
Cabe recordar que hace una semana nos hacíamos eco de que Antonio “El Turrero” habría intimidado hace un año al director del Puerto, Alfonso Rodríguez, a quien llegó a poner en el pecho el cañón de una escopeta. Meses antes habría llegado a abofetear o amagar con hacerlo al teniente de alcalde socialista José Gallardo.
Al parecer, detrás de este rosario de agresiones y amenazas podrían estar las vicisitudes entorno a una licencia para la explotación de un chiringuito en la zona de ocio del puerto que el presunto agresor solicitó hace más de una década y que no habría obtenido hasta el actual mandato, aunque la falta de licencia administrativa no supuso ningún obstáculo para que pudiera abrir el establecimiento durante todo este tiempo.
